La trágica muerte de Erick Mamamí (6) el pasado miércoles por la noche en una obra en construcción en Guaymallén sigue sumando controversias y aristas. Por un lado respecto a la investigación judicial que se está llevando a cabo a manos del fiscal Carlos Torres; pero también sobre en qué condiciones se encontraba no sólo la empresa de construcción dueña del predio; sino también las acciones previas que realizó o no el municipio de Guaymallén.
En este caso, la empresa Idandi SA, liderada por Florentino Daniel Paco, un hombre conocido en el rubro y que ha sido apuntado por la comuna que dirige Marcelino Iglesias por ser, junto a su hermano (Onofrio Paco), “violadores seriales de normas”; se defendió mediante un comunicado en el cual aseguró que el predio donde cayó a un pozo de agua de unos 50 metros y falleció el pequeño Erick, “nunca estuvo clausurado”.
También sostuvo que no existen causas penales en contra de la empresa, así como tampoco denuncias por estafas; y apuntó contra el municipio, cuyo director de Obras Privadas, Miguel Valentini, había sostenido que tanto él como su hermano “evaden lo exigible para cualquier empresa y avanzan en construcción clandestina”; y que además el lote donde falleció el menor había sido clausurado y sancionado en varias oportunidades en los últimos años.
La defensa de Paco
Sobre el pozo de agua donde cayó Erick, sostuvo que “data del año 1976, previo a la adquisición del terreno por parte de la empresa” y aseguró que “se encontraba tapado”. Además marcó que “esa fracción de 2.000 mts. está totalmente baldío, sin ningún tipo de construcción y a una distancia de aprox. 100 mts. de donde se guardaban herramientas”.
En tanto, expresó que los departamentos que hay en ese predio “nunca han estado ni están habitados” y que “solo existen la rotación de personal que cumplen la tarea de cuidar la propiedad”. En el lugar, amplió que dichos departamentos están paralizados y son usados “para guardar materiales, herramientas, maquinarias, movilidades de la empresa y de subcontratistas”.
Asimismo, aseguró que “no han existido ni existen trabajadores indocumentados, ni trabajadores golondrinas en condiciones de explotación, ni gente trabajando en ese lugar, solo la guarda de herramientas y otros elementos” y que en la zona hay un centenar de emprendedores inmobiliarios cuyas obras “no pertenecen a la empresa Idandi S.A”.
“NO han existido ni existen causas penales pendientes contra la empresa. NO existen denuncias por estafas contra la empresa”, amplió.
Respecto a posibles acreencias que se le atribuyen a Idandi SA, agregó que “pertenecen a lotes ya vendidos y que se encuentran en proceso de transferencia, deudas que claramente deben afrontar sus propietarios”.
Y expresó también, con un mensaje cargado de contenido político, que “la hija de uno de los funcionarios que ha vertido expresiones maliciosas contra nuestra empresa es una feliz propietaria de una vivienda en el B° Chillcani, uno de nuestros emprendimientos”.
Como cabeza de Idandi SA, Florentino Daniel Paco reiteró sus condolencias a la familia de Erick y finalizó: “Nuestra empresa siempre ha generado trabajo genuino apoyando a nuestros colaboradores y sus familias, potenciando la economía de la región donde se desempeña. Lo seguiremos haciendo, no bajaremos los brazos a pesar de los ataques infundados de los que hemos sido víctimas a raíz de este lamentable accidente”.
La embestida municipal contra los hermanos Paco
Como se mencionó, desde la comuna de Guaymallén marcaron “serias irregularidades” en las que aseguran que se mueven tanto Florentino como Onofrio, particularmente en el rubro de la construcción.
“Lo exigible para cualquier empresa ellos lo evaden y avanzan en construcción clandestina”, mencionó a Los Andes este miércoles, además de marcar que el lote donde ocurrió la tragedia había sido clausurado y sancionado varias veces.
En tanto, Valentini marcó que el hoyo “estaba tapado con una cubierta totalmente precaria, arriba tenía una protección absolutamente irregular y carecía de todo lo seguro que debe tener un pozo, como tapa y candado”.
Y agregó: “Eso habla del abandono y el estado que tiene el resto del loteo”.
Sobre la empresa y el loteo, mencionó que desde el año 2015 en adelante “hay cantidad de paralizaciones, clausuras y reiteración de sanciones” y que en ese predio “les hemos sacado medidor a la propiedad en dos oportunidades porque no estaban dadas las condiciones de habitabilidad y no había servicios”.
“Es un loteo que esta gente empezó sin permiso, como lo hace sistemáticamente en otros sitios”, comentó, y añadió que en la zona hay unas 200 unidades habitacionales “cuya finalización de trabajo data, porque la hemos seguido en inspecciones, y en paralizaciones aproximadamente desde 2017″.
No obstante, y pese a las sanciones aplicadas, afirmó que los propietarios “continuaron usando el lote para guardar camiones y maquinaria, y también como dormitorio del personal que utiliza en diferentes obras en las que Idandi S.A. trabaja”.
También mencionó que “hay denuncias penales constituidas por el municipio contra la empresa”, así como también de vecinos.
