Si bien con cinco detenidos el asesinato con tintes mafiosos del empresario y despachante de aduana Diego Aliaga (51) es un caso “cerrado”, la reciente decisión de un juez federal en relación a que no se trató de un secuestro extorsivo -combinado en el próximo resultado de la necropsia- abre un abanico de posibilidades, entre las cuales no se descarta que todo termine como un simple homicidio culposo.
Esta semana el juez federal Marcelo Garnica determinó que el caso no debe ser competencia del fuero federal, ya que para él no está probado que se hubiera tratado de un secuestro extorsivo seguido de muerte. Su posición es que la llamada extorsiva fue un elemento distractivo para tratar de despistar a los investigadores.
“Dejá de mover el avispero. Andá buscando un palo verde y ya te vamos a llamar”, le dijeron al hermano de la víctima mientras le exigían un millón de dólares.
La decisión de Garnica será debatida en la Cámara de Apelaciones ya que el fiscal del caso, Fernando Alcaraz, sostiene que la medida es prematura ya que falta agregar al extenso expediente muchas pruebas. Entre ellas, el resultado final de la necropsia donde se podrían saber datos de vital interés, como cuál fue la causa de la muerte y qué día y hora -aproximada- fue asesinado.
Con este panorama la Cámara de Apelaciones puede determinar que siga Alcaraz o bien que la causa pase a la Justicia local, donde recaería en manos de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo. Ella, a su vez, podría también declararse incompetente. El final de ese posible conflicto de competencias terminaría en la Corte nacional.
En el caso que la fiscal Lazo decida quedarse con el expediente, no tendrá más que “copiar y pegar” las más de 1.500 fojas que le llegarán con una grave incógnita: si no es un “secuestro extorsivo seguido de muerte” -delito que tiene pena de prisión perpetua-, entonces ¿qué es?
Y es aquí donde se abre un abanico de posibilidades de cara al resultado de la necropsia que se conocerá en los próximos días. En principio, los investigadores saben que no murió por una herida de bala o por la acción de un arma blanca. Se sospecha entonces que la causa de muerte sería asfixia o bien –pero menos probable- una falla cardíaca. Aliaga fue enterrado en campo inculto Lavalle y que el cuerpo estaba cubierto por una lona. Solo tenía ropa interior, en la boca un trapo y en cabeza una especie de capucha.
Entonces, si pasa a la fiscalía Homicidios, la carátula del caso podría ser:
-Homicidio criminis causa. Si se puede probar que Aliaga fue asesinado para ocultar otro delito, en este caso sería para tapar una “extorsión de documento”. La hipótesis es que los captores le quisieron hacer firmar unos documentos relacionados con sesión de la propiedad de casas y vehículos.
-Homicidio agravado por premeditación y por ser cometido por tres o más personas. Es decir que hubo un plan previo y que fue cometido por toda la banda. Delitos con penas de los 10 a 30 años.
-Homicidio preterintencional. En ese caso, habría que probar que los captores lo quisieron extorsionar pero que en ningún caso lo quisieron matar. Un caso clásico de preterintencional es este: dos personas se pelean, una cae y se golpea en el piso y ese golpe final le produce la muerte. Este delito tiene penas que van de 1 a 6 años de cárcel y en algunos casos los imputados llegan al debate en libertad.
-Homicidio culposo. La víctima fue reducida, amordazada y terminó muriendo “accidentalmente”. Por ejemplo, le dio un paro cardíaco. Este delito tiene penas que van de uno a 5 años de cárcel.
Algunas fuentes consultadas por Los Andes sostienen que “tarde o temprano” la causa deberá pasar de la Justicia federal a la provincial porque no hay forma de probar que la llamada extorsiva fue real y, por ahora, no hay otros indicios que sostengan esta hipótesis.
En otro punto, otros coinciden que -viendo la impecable investigación realizada por la fiscalía de Alcaraz y la Policía de Mendoza- se ve que los autores del hecho dejaron muchos cabos sueltos, que fueron “muy desprolijos”. Por eso, una semana después de que Aliaga desapareciera fueron detenidos Diego Barrera (50), su esposa Bibiana Sacolle (46) y los hijos de la mujer, Gastón (28) y Lucas Curi (26).
El caso terminó de destaparse luego de que fuera detenido el chofer de la empresa de transporte de los Barrera, Yamil Rosales (27), quien señaló el lugar donde Aliaga fue enterrado.
En ese momento Rosales decidió acogerse a la figura de “arrepentido”, lo que le permitió firmar un acuerdo entre el fiscal federal Alcaraz y la abogada defensora Gabriela Massad. Esta figura se podría mantener si Rosales cumple con una serie de requisitos que exige la ley provincial para los arrepentidos.
