El Gobierno de Mendoza fue condenado a pagarle 12 millones de pesos a la familia de Florencia Romano, la adolescente de 14 años que fue asesinada a fines de 2020 en Maipú y en un resonante femicidio que tuvo repercusiones en todo el país, con fuertes críticas al accionar de la Policía y a la responsabilidad de la Provincia. Y es que en los minutos previos a que se cometiera el asesinato, un vecino de ese departamento había llamado al 911 para avisar que oía gritos de una chica en una casa vecina, pero la operadora del CEO desestimó la llamada, cortó el teléfono y no derivó a ningún móvil o efectivo al lugar. Tanto el femicida de Florencia -Pablo Arancibia- como la mujer que atendió y desestimó ese llamado ya habían sido condenados penalmente, con anterioridad a este reciente fallo civil.
Durante las últimas horas se conoció el fallo de la conjueza civil provincial Marina Lilen Sánchez (del Tribunal de Gestión Asociada 3), quien consideró que hubo una evidente responsabilidad estatal en el femicidio de Florencia y dictaminó que el Gobierno de Mendoza indemnice a la familia de la chica con una suma de 12 millones de pesos en calidad de reparación de daño moral y psicológico que sufrieron los padres y el hermano de Florencia Romano.
La cifra es notoriamente inferior a los 300 millones de pesos que había solicitado la familia de la víctima -acompañados por los abogados Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena-, aunque duplica a lo que había ofrecido la Provincia (6 millones de pesos) cuando hizo un ofrecimiento para intentar llegar al juicio.
La condena y el polémico intento del Estado de desligarse de la responsabilidad
Exactamente, el monto de la indemnización ordenada por la magistrada es de 11.976.520 pesos y, según destaca la en la sentencia y sus fundamentos, está acreditada la falta en los deberes del Estado, en especial en el accionar de la operaria del CEO. La conjueza considera, además, que el femicidio de Florencia Romano podría haberse evitado ya que existían “recursos materiales y humanos para resguardar la vida e integridad física de Florencia”.
“Es decir, de haberse procedido conforme al mandato expreso era factible impedir el femicidio y también concretar la detención temprana del autor material del delito, evitando así la incesante búsqueda de los familiares de Florencia y la expectativa de encontrarla con vida, acotando también el tiempo con el que contó el femicida para ocultar la evidencia y perpetrar atroces actos”, se explaya.
Antes de llegar al juicio, el Ejecutivo de Mendoza había ofrecido una suma reparatoria de 6 millones de pesos para los padres y el hermano de la adolescente víctima de femicidio, aunque la propuesta no fue aceptada por los demandantes.
Otro episodio cuestionable e indignante se vivió ya al comienzo del juicio, cuando el Gobierno mendocino -representado por el asesor legal Ricardo Canet- responsabilizó abiertamente a los padres de Florencia Romano por el femicidio.
“Han incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente. Ninguna duda cabe que esta circunstancia es causa originaria y concurrente del resultado final, cuando menos, en un 50% del mismo”, argumentó Canet, y sus declaraciones generaron todo tipo de repudios.
El terrible femicidio de Florencia Romano
A fines del 2020, el femicidio de Florencia Romano (precedido por su desaparición) causó gran consternación en Mendoza. El 12 de diciembre de ese año, la adolescente fue a la casa de Pablo Arancibia -a quien había conocido recientemente por medio de las redes sociales-, ubicada en el callejón Berra de Maipú. Desde ese momento no se volvió a tener indicios de la chica de 14 años, hasta que una semana después fue encontrado su cuerpo sin vida a unos kilómetros del lugar.
La investigación posterior permitió determinar que Florencia había sido golpeada y ahorcada por Arancibia en el interior de la vivienda. Acto seguido, el femicida la degolló e intentó quemar su cuerpo en el lugar. Finalmente, con ayuda de un conocido -a quien le dijo que se trataba del cadáver de un perro- se deshizo del cuerpo sin vida de Florencia.
La misma tarde en que Florencia fue asesinada por Arancibia, en los instantes previos al ataque, otro hombre que vivía en las inmediaciones del callejón Berra llamó al 911 para avisar de urgencia que estaba escuchando gritos de una chica en la cuadra. El hombre, nervioso, intentó avisarle a la operadora del CEO (Verónica Herrera) lo que estaba oyendo. Sin embargo, la mala calidad de la llamada -se entrecortaba-, los nervios del vecino que había llamado y el hecho de que el callejón Berra no figurara geolocalizado en el sistema llevaron a que Herrera cortara la llamada al creer que se trataba de una broma o una falsa denuncia.
Arancibia fue condenado a prisión perpetua por el femicidio, mientras que la operadora fue condenada a 3 años de prisión (en suspenso) por desestimar el llamado que podría haber evitado el femicidio. Sobre todo porque a pocas cuadras del lugar se encontraban algunos efectivos con sus patrulleros, quienes podrían haber llegado si Herrera daba curso a la denuncia telefónica.
