El “caso Aliaga” fue uno de los hechos impactantes del año pasado en Mendoza y, precisamente, el principal acusado fue quien en gran parte destapó la explosiva causa que tiene sospechado al juez Walter Bento por presuntas coimas que habría recibido para beneficiar a presos. Cuál fue el rol que cumplió Diego Barrera (50), actualmente detenido y señalado como testigo clave en el escándalo que envuelve a la Justicia Federal.
Este hombre había declarado en el expediente que por entonces se instruía por la desaparición de su socio, el empresario Diego Aliaga (50). El relato de Barrera en ese momento fue como testigo para esa búsqueda, aunque entre sus dichos también dejó entrever los movimientos que Aliaga hacía en los Tribunales Federales.
Un tiempo después, en febrero de este año y ya como imputado por el crimen, amplió su versión y sostuvo que la víctima era un intermediario entre procesados por diferentes causas y magistrados.
Barrera agregó que en estos movimientos había abogados involucrados y que el objetivo final era otorgar libertades a cambio de sumas de dinero.
A partir de esto se encendieron fuertemente las alarmas en los tribunales de calle España de Ciudad y las sospechas que ya existían por otras pruebas se transformaron en una investigación que ayer desembocó en la imputación de Bento, su esposa, tres letrados y cuatro hombres más, vinculados en hechos de contrabando y que también serían partícipes de las coimas.
Si bien se desconoce el motivo por el cual Diego Barrera contó este supuesto entramado, parte de su declaración se confirmó luego de que la Justicia comprobara muchos cruces de llamados entre Aliaga y Bento.
Al magistrado lo acusaron por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y cohecho pasivo (aceptar los pagos ilegales). Contra él había una orden de arresto que no se hizo efectiva por su condición de juez. Sobre su pareja -tampoco está detenida- pesan los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activo, mientras que los abogados Martín Ríos y Matías Aramayo sí fueron aprehendidos y se los imputó por asociación ilícita y cohecho.
Un colega de estos últimos, identificado como Luciano Ortego, hasta ayer estaba prófugo. La investigación la manejan el fiscal Dante Vega y el juez Eduardo Puigdéngolas.
Presos por un secuestro y un asesinato
Posiblemente si Diego Aliaga no era asesinado en 2020, esta megacausa que hoy salpica principalmente a un juez federal y a tres abogados, nunca hubiera comenzado. Más allá de esto, el homicidio del empresario está lejos de ser un episodio secundario y aún le resta mucho camino por andar.
La muerte de este hombre, ex despachante de aduana y radicado en el barrio Palmares, en Godoy Cruz, empezó a investigarse como un secuestro luego de que su hermano denunciara haber recibido un llamado donde le decían: “Dejá de mover el avispero y juntá un palo verde”.
La víctima llevaba algunos días desaparecida y esa comunicación era un indicio de que, para volver a verla con vida, sus parientes debían juntar un millón de dólares, aunque ese fue el único contacto.
Aliaga salió de su casa el 28 de julio pasado por la mañana. Horas después se juntó con Barrera en una propiedad de calle Bandera de los Andes, en Guaymallén, por temas de negocios y un proyecto que tenían pensado para ese lugar. A ese terreno fueron llegando más personas y desde allí partieron a un galpón de la Cuarta Sección de Ciudad, en donde se cree que lo tuvieron cautivo hasta que murió.
El empresario falleció por sofocamiento, según la autopsia, y su cuerpo lo encontraron el 11 de septiembre enterrado en un descampado de Costa de Araujo, Lavalle.
Antes del hallazgo del cadáver de Aliaga, Barrera ya estaba detenido por el caso, junto a su esposa Bibiana Sacolle (46) y a los hijos de ella, Gastón (28) y Lucas (26) Curi. El fiscal Fernando Alcaraz había reunido pruebas -cámaras de seguridad, localización de teléfonos y otros indicios- para ponerlos a todos como sospechosos.
Y el círculo se terminó de cerrar con Yamil Rosales (32), empleado de la empresa de transportes de la familia Barrera. Este muchacho, sabiendo que estaba siendo investigado, decidió confesar. Sostuvo que no había participado del asesinato pero que le habían pedido que trasladara a Aliaga en una camioneta hasta Lavalle.
Los cinco están imputados por secuestro coactivo agravado por la participación de tres o más personas seguido de muerte, en concurso real con secuestro extorsivo y en concurso ideal con homicidio agravado por la premeditación de dos o más personas y robo, esto último por el faltante de unos relojes del fallecido. Se trata de una batería de delitos que los llevarían a una pena única de prisión perpetua en el juicio.
Barrera de alguna manera ya asumió su autoría el año pasado, cuando en la fiscalía presentó un escrito con su versión del hecho y en el cual manifestó: “Aliaga se me murió”. Añadió que todo había ocurrido en un contexto de agresiones mutuas y que su pareja y sus hijastros nada tenía que ver.
Para los pesquisas, el crimen se concretó tras un apriete o ajuste por temas de dinero y negocios que existían entre el principal acusado y Diego Aliaga.
