Dos empleados judiciales y un abogado fueron condenados por cohecho y utilización de información reservada. El trío compuesto por Mario Hener Condorí, Carlos Ariel Bernardeau y el letrado Matías Sánchez tenían un arreglo muy productivo para direccionar subastas. Los empleados tenían su pago y el abogado conseguía los bienes .
La causa que se cerró ayer en los tribunales de San Rafael es de vieja data. Durante la investigación que comenzó en 2012 encontraron que los implicados llevaban adelante la treta desde 2009.
Después de ocho años de investigación y armado de expedientes, el fiscal Víctor Giambastiani logró ponerle fin al caso con la confesión de los imputados.
Los empleados judiciales y el abogado admitieron ante el Tribunal Penal Colegiado conformado por Julio Bittar, Rodolfo Luque y Ariel Hernández la responsabilidad en los delitos que les atribuían durante un juicio abreviado.
En el caso de los ya ex empleados judiciales, Bernardeau y Condorí, fueron condenados a tres años de prisión en suspenso más la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública.
En cuanto al abogado Matías Sánchez, lo sentenciaron a dos años y ocho meses de prisión en suspenso y siete años de inhabilitación especial para ejercer la profesión.
Las condenas fueron por tres cargos de cohecho y 14 hechos en que utilizaron información reservada de las subastas.
Un ardid simple
El caso que llevó a la condena de los empleados judiciales y el abogado comenzó con la denuncia de un secretario del Cuarto Juzgado Civil, que empezó a notar que la documentación, y en especial los sobres con las ofertas para las subastas, eran manipulados por manos que no eran las suyas.
El día previo a una subasta, Condorí y Bernardeau se encargaban de revisar las ofertas, que debían ser secretas, y le pasaban la información al abogado para que pudiera convertirse en el mejor oferente.
A veces la propuesta económica de Sánchez ingresaba, casualmente, en el último minuto y así nadie podía mejorarla o en otras ocasiones el monto ofertado cerraba con una cifra que tenían pautada de antemano y esa era la clave para que los socios identificaran que era la suya.
“Sin importar el monto que ofertaba el abogado, ese valor siempre terminaba con los mismos tres números y era la señal. Se encontraron varias ofertas que terminaban con la misma cifra”, indicaron fuentes judiciales. Con estas maniobras tan simples como rudimentarias ganaron subastas de autos, camiones y hasta inmuebles.
Otro dato que surgió durante la investigación y tuvo un significativo peso “para demostrar que la connivencia era evidente” fue que “el abogado Sánchez no se presentaba a subastas en ningún otro juzgado de San Rafael. Sólo asistía a las que había en ese juzgado en particular”, comentaron fuentes judiciales.
