Más de 26 toneladas de cobre robado u obtenido de dudosas maneras han sido recuperadas en Mendoza en los primeros seis meses del año. Dar con ellos implicó realizar 100 allanamientos en chacaritas, en los que fueron detenidas 56 personas que, se considera, están involucradas en actividades delictivas relacionadas con el comercio ilegal de metales.
Para obtener ese cobre los ladrones recurren, principalmente, a dos fuentes que tienen a mano: cableados de electricidad y piezas de medidores de agua. “El cobre proviene principalmente de lo eléctrico. Las compañías que ofrecen internet son afectadas porque les rompen todos los cables, pero la verdad es que ahí no hay cobre. El que busca confunde los cables y los rompe igual, con lo cual sólo hace un daño”, explica la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.
Sólo un pequeño componente de los medidores de agua tiene cobre. Se trata de un caño que conecta el contador a una válvula, y mide entre 15 y 20 centímetros. Pero la sustracción deja inutilizado todo el medidor y el usuario queda sin servicio hasta que se reponga. “Es un mito que ese cañito es reutilizado. No se vende para reutilizar, sino para fundir”, aclara la funcionaria, en diálogo con Los Andes.
Una vez obtenido mediante robos, esos elementos son vendidos en el mercado negro, del cual participan algunas chacaritas. Las inspecciones a esos locales, que luego venden los metales al público en general, han permitido incluso desbaratar bandas enteras dedicadas a ese rentable pero ilegal negocio.
Un plan integral
Desde que comenzó la nueva gestión, en diciembre del año pasado, el Ministerio de Seguridad y Justicia implementó un plan para combatir la compraventa ilegal de metales no ferrosos y así disminuir o desalentar los robos que dejan sin servicios a cientos de mendocinos.
“En el último año se ha confiscado más de 26.000 kilos de cobre y detenido a 56 personas involucradas en actividades delictivas relacionadas con este comercio ilegal”, recalca Rus.
El 8 de enero de este año se publicó el decreto reglamentario de la Ley 9.447, sancionada a fines de 2022, que permitió la ejecución de diversos operativos en chacaritas, que se sumaron a las investigaciones iniciadas por hechos delictivos. Además, posibilitó elaborar un modelo de acta de procedimiento y de inspección, que hasta entonces no existía.
Hasta la reglamentación de la ley, los robos de metales no ferrosos se mezclaban con los de cualquier otro bien. Por eso se buscó hacer un seguimiento particularizado de estos. “La ley implica inspecciones, que antes directamente no se hacían porque no había ley ni reglamento. El hecho de que haya un fiscal especializado le da unidad a la investigación, fortalece el trabajo que hace Investigaciones, permite aprehensiones más rápido, permite medidas investigativas y asegura una continuidad judicial de un tema preventivo”, resume quien fue la autora de la norma cuando era senadora provincial.
La implementación de ese plan integral resultó en más de 100 allanamientos en el último año, mediante los cuales lograron desbaratar redes de compraventa ilegal de metales no ferrosos en Mendoza.
Además, los operativos se incrementaron en 2024. De hecho, incluso este viernes por la tarde se realizaba un procedimiento en una chacharita donde se detectaron piezas pertenecientes a Edemsa. Entre el año 2022 y el 2023 se realizaron 123 allanamientos en toda la provincia, donde se logró el secuestro de 40.000 kilos de cobre. En ese período se logró la detención de 76 personas.
Esas cifras serán marcadamente superiores cuando pasen los cinco meses que restan para concluir el año. “Eso nos lo posibilita también la ley porque es administrativa pero si, en el marco de eso se advierte un posible delito, se piden instrucciones al fiscal y se pueden librar las órdenes de detención. Si surge un delito, no sólo se aplica la sanción al propietario por la violación de la ley administrativa, porque no estaba registrada alguna pieza, sino que además se hace una compulsa por encubrimiento porque se trata de un bien de una empresa de servicios públicos que no está destinado a la venta y es producto del delito”, ejemplifica la funcionaria.
“En el catálogo, que se creó una vez reglamentada la ley, están aquellos bienes dispuestos para servicio público que no son del cobre que legalmente se puede comercializar, que es muy poco. Eso también sirve para traccionar las imputaciones y las aprehensiones”, precisa Rus.
Sabuesos especializados
Seguir el rastro de los metales demandó la creación de un equipo especializado dentro de la Dirección General de Investigaciones de la Policía, que permite controlar esos robos y las posteriores operaciones de compra y venta. Además, se avanzó en la coordinación con el Ministerio Público Fiscal, que dispuso la unificación de esas causas en dos fiscales: Martín Lucero, en la Primera Circunscripción Judicial, y Martín Scattareggi en el Este provincial.
“Hemos tenido que especializar un grupo porque cada modalidad delictiva tiene su particularidad y, además, no sólo tenemos los delitos que pueden estar vinculados con esto, como encubrimiento o robo, sino también una ley administrativo-sancionadora”, apunta Mercedes Rus.
Y aclara: “No todos los detenidos tienen que ver con las chacaritas. Hay muchos aprehendidos in fraganti. Al tener una buena relación con el sector privado de los servicios públicos, hemos logrado también tener alertas, a las que les prestamos especial atención, por lo que hay muchos que son aprehendidos en el momento. La Policía que esté cerca del hecho denunciado aborda la situación y el grupo especializado lo trabaja después”.
Primera condena
El trabajo en los primeros meses del año tuvo como “broche de oro” al primer condenado a mediados de junio. El 20 de abril, la Policía detuvo a dos personas que estaban intentando sustraer cables en Godoy Cruz. En su poder tenían una sierra, una tenaza y un destornillador, que se utilizan para las llamadas acometidas, esos cables que van de una casa particular al poste de luz.
Ambos delincuentes tenían varios antecedentes con carátulas de robos y uno, incluso, una condena. La Justicia entonces no intervino ya que consideró que se trataba de un robo en grado de tentativa y que el hecho de que tuvieran consigo las herramientas no era indicio de delito.
Así fue que los liberaron y 48 horas después, el 22 de abril, fueron detenidos nuevamente. “El CEO, monitoreando, dio aviso a la patrulla que estaba más cerca y uno de los sospechosos ya estaba subido a las luminarias en calle Joaquín V. González, de Godoy Cruz. Y resultó ser uno de los que se había aprehendido dos días antes”, rememora la ministra Rus. Finalmente, a mediados de junio, ese delincuente fue condenado.
Rápido y sencillo
Investigaciones de hechos relacionados con robos de cables y luminarias permitieron a los pesquisas obtener datos sobre la sustracción de otros elementos. Por ejemplo, en Guaymallén la pesquisa inicial por el faltante de reflectores reveló conexiones con otros robos en la vía pública de teléfonos celulares y otros bienes.
El blanco de los ladrones inicialmente eran los transformadores ya que de cada uno se puede obtener hasta 100 kilos de metal. Pero robar cobre de esos aparatos implica una mayor logística, sortear áreas con seguridad y un gran riesgo para la integridad física de los delincuentes. Por eso fueron variando la modalidad y se centraron en las acometidas. Para hacerse de ese cableado sólo necesitan un elemento cortante, como un cuchillo Tramontina, y obtenerlo con menor riesgo.
El negocio se vuelve tentador para los delincuentes ya que obtienen el metal de forma relativamente rápida y sencilla. Venderlo tampoco les implica mayor esfuerzo y obtienen alrededor de 5.000 pesos por cada kilo de cobre que logren posicionar en el mercado negro. El accionar de los ladrones deja rápidamente sin servicio a cientos de usuarios y para las empresas implica un alto costo poder reponer el cableado para volver a dar la conectividad o el servicio.
