Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) le exigieron al Vaticano dar explicaciones, en un plazo de 60 días, por los casos de abuso sexual contra menores en instituciones católicas.
En el comunicado, los Relatores de Naciones Unidas destacan abusos ocurridos en distintas partes del mundo, entre los que se mencionan de forma detallada el caso del instituto Próvolo de Mendoza.
La denuncia ante la ONU
En febrero del 2020, un grupo de sobrevivientes del Instituto Próvolo junto a los abogados de Xumek Lucas Lecour y Sergio Salinas y miembros de la organización internacional ECA –por sus siglas en inglés Ending Clergy Abuse, que se traduce como “Poniendo Fin al Abuso Eclesiástico”- viajaron a Ginebra, Suiza, a presentar en persona una denuncia contra la Santa Sede ante Naciones Unidas.
Allí elevaron una denuncia contra la Santa Sede a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Debido a la cuantía de delitos contra los niños que vivían y estudiaban en el instituto de Luján de Cuyo la comitiva fue recibida por cuatro relatores.
- El Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición;
- El Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad;
- El Relator Especial sobre la venta y explotación sexual de niños, incluida la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y otros contenidos que describan abusos sexuales de niños;
- El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El informe
Este martes, las Relatorías Especiales publicaron un informe sin precedentes dando un plazo de 60 días a la Santa Sede para que responda dando explicaciones, informes detallados e incluso modifique su normativa a fin de investigar con transparencia los abusos sexuales que ocurren en la Iglesia.
“Aunque algunas investigaciones han sido iniciadas por el Vaticano o por diócesis locales o nacionales, los informes apuntan a intentos persistentes por parte de la Iglesia Católica de proteger a los presuntos abusadores de la justicia secular”, expresaron los expertos.
Además le pidieron al Papa que tome todas las medidas necesarias para poner fin a estas violaciones y evitar “que se repitan”.
También expresaron su “preocupación por los continuos intentos de miembros de la iglesia de socavar los esfuerzos legislativos para mejorar la justiciabilidad de la violencia sexual contra los niños en las jurisdicciones nacionales” y denunciaron el “lobby de miembros de la Iglesia para preservar la prescripción de estos delitos”.
En paralelo, los expertos afirman recibir con satisfacción “las nuevas normas establecidas por la Santa Sede para abolir el secreto papal en los casos de abusos sexuales”, entre otros.
Sin embargo, lamentaron que “la petición de denunciar los delitos a las autoridades civiles no sea todavía obligatoria” e instaron al Vaticano a hacerla obligatoria “lo antes posible”.
Un camino inconcluso
Si bien, desde Xumek celebraron la medida como una gran logro al mismo tiempo resaltaron “que, en Mendoza, los hechos que dieron origen a la denuncia se siguen perpetrando día a día, a pesar de las condenas históricas dictadas contra los curas Corradi y Corbacho”.
Desde la organización manifestaron que “todavía siguen sin respuesta a los pedidos de informes que se han realizado desde la Fiscalía al Arzobispado, lo que permite la impunidad de otros delitos ocurridos en el Instituto Próvolo ante la falta de colaboración de las autoridades eclesiásticas”.
Además lamentaron que “pese a que los hechos se encuentran acreditados mediante sentencia firme, aún no se ha logrado avanzar en las reparaciones civiles debido al entorpecimiento permanente que llevan adelante la Iglesia Católica y su representante Alberto Bochatey”.
“Continúan sin avances las denuncias contra el Emisario del Vaticano, Dante Simón, por el incumplimiento a una orden judicial que lo obliga a informar a la Fiscalía sobre las investigaciones internas que la Iglesia Católica había realizado con relación al Próvolo”, agregaron.
También recordaron que las víctimas del Próvolo llevan más de un año esperando las reparaciones que fueron establecidas en las condenas a los dos curas dudando en situaciones normales estas “medidas demoran aproximadamente seis meses en hacerse efectivas”.
Estas medidas buscan que se brinde opciones educativas o de capacitación formal a las víctimas según sus capacidades, necesidades y proyecto de vida, se de tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, se garantice el acceso a becas, subsidios o programas de ayuda y se busquen soluciones a la problemática habitacional de sobrevivientes y sus familias.
