Por abandono de persona será investigada la policía del CEO (Centro Estratégico de Operaciones) involucrada en el femicidio de Florencia Romano (14), descubierto el jueves pasado en Maipú. Avanza esta investigación, mientras se define la situación de la acusada como coautora del hecho.
El expediente que evaluará el presunto mal desempeño de la auxiliar Soledad Herrera al recibir y cortar el llamado al 911 que informaba sobre el ataque a la menor, fue derivado a la fiscalía de Delitos No Especializados. El fiscal Jorge Calle y su superior Laura Rouselle hoy terminarán el avoque de la causa para comunicarle la imputación a esta operadora de la línea de emergencias.
En el abanico de posibilidades que se barajan, la uniformada quedará en una posición intermedia. Se la imputará por el artículo 106 del Código Penal, que sostiene: “El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años”. Esto le dará la ventaja de mantenerse en libertad al tratarse de un delito excarcelable.
Dentro de este artículo hay dos alternativas que agravan el panorama: si a consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima el delito contempla de 3 a 10 años; y si ocurriere la muerte, de 5 a 15 años.
Para la fiscalía, por ahora, en el caso de Florencia y la efectivo del CEO se dan las primeras circunstancias, ya que entienden que difícilmente la sospechosa pudo representarse que su abandono ocasionaría una muerte.
Más allá de esto, el paso de las horas fue complicado a la auxiliar, que en un principio se creyó que sería investigada por incumplimiento de los deberes de funcionario público, con una escala penal máxima de dos años.
Ayer se reunieron varias pruebas en cuanto a la comunicación telefónica existente y se tomaron declaraciones testimoniales. Además se incorporará el protocolo bajo el cual deben actuar los policías que allí trabajan, en determinadas situaciones como la violencia de género.
Una vez que sea acusada formalmente Herrera podrá dar su versión, al igual que en la instancia de la Inspección General de Seguridad, donde ya tiene un sumario y fue suspendida provisoriamente de sus funciones.
El polémico llamado a la línea 911 ingresó a las 18.58 del sábado 12, y tras algunos segundos de conversación con un vecino que denunciaba lo que pasaba en una las casas del callejón Berra, la mujer policía colgó sin darle trascendencia a los hechos que terminarían con la vida de Florencia Romano.
Pedido de libertad y otra prueba clave
Tal como se preveía, la situación de Micaela Méndez (27), una de las detenidas por el femicidio, tendrá novedades muy pronto. Acompañado por una serie de testimoniales que no la colocan en la escena del crimen, su abogado solicitó la liberación.
El defensor Rafael Manzur hizo la presentación ante la fiscal Claudia Ríos, que ahora deberá resolver. Varias declaraciones la ubican durante esas horas en una reunión familiar en Luján, a la que el otro imputado, Pablo Arancibia (33), se sumó en la noche del sábado, presuntamente tras descartar el cuerpo de la víctima en la calle Alsina.
Las pruebas contra este hombre son muchas: los chats en Instagram con la adolescente, su propio relato de que invitó a la menor a su vivienda, el testigo que declaró cómo se deshizo del cuerpo y las cámaras de seguridad que lo toman caminando por la zona con un bidón de nafta, con lo que aparentemente quemó los restos de la chica.
En las últimas horas se sumó un elemento más, que tiene ver con la testimonial de un vecino que manifestó que en la tarde del sábado observó al imputado y a Florencia caminando por la calle con una gaseosa. Esto se contrapone a la versión extraoficial que está realizando Arancibia, culpando a su pareja y asegurando que ella asesinó a Romano mientras él fue por la bebida.
