P. y N. son dos mujeres mendocinas, quienes no se conocían entre sí. Sus vidas transcurrían por distintos caminos, aunque (sin saberlo) las unía una misma historia de padecimientos y torturas y que incluye abusos sexuales, maltratos y violencia de género.
Lo que hace aún más dramáticas a las historias -que están más vigentes que nunca-, es que el responsable de esas pesadillas que vivieron -y viven- despiertas y en vida es la misma persona: un empleado judicial de Mendoza, quien se encuentra imputado, tiene pedido de captura y fue pareja de ambas (en diferentes momentos de sus vidas). Fue precisamente mientras estuvo en pareja con cada una de ellas cuando, según denuncian las mujeres, fueron víctimas de los abusos y ataques. Y a raíz de esta poco feliz coincidencia, de un momento para el otro P. y N. se conocieron entre sí.
Pero esta reciente imputación y, por consiguiente, el pedido de captura contra el funcionario judicial se generó el miércoles pasado ya que, aunque el hombre había sido denunciado en principio por una de sus ex parejas por haber abusado sexualmente de ella (entre otros maltratos) a fines de 2019, la causa estaba archivada. Y el hoy imputado gozaba de una vida tranquila y sin demasiados sobresaltos.
Fue durante los últimos días que la Justicia (en la figura de la jueza Carmen Magro) dispuso dar marcha atrás con el archivo y ordenar que se trabaje en el caso con perspectiva de género ante lo que, consideró, incluía episodios de violencia de género. Así las cosas, la causa volvió a la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual y fue la fiscal María Mercedes Moya quien ordenó, no solo la imputación del hombre denunciado, sino también el pedido de captura.
P., quien cronológicamente fue la segunda de las dos ex a las que el empleado judicial violó, fue la primera en denunciar al hombre en octubre de 2019. Sin embargo, a fines del año pasado, N. (quien tuvo una relación y un hijo con el hoy imputado) se animó a denunciar por su parte los primeros abusos que sufrió con anterioridad. Y mucho tuvo que ver en esta decisión de animarse a hablar el enterarse que su ex pareja mantenía los comportamientos violentos con su más reciente ex, sumado a que la denuncia había sido archivada en la Justicia.
La historia se repite
En 2019, P. denunció al empleado judicial que hoy está imputado y siendo buscado por la Justicia. Aunque ya se había peleado y separado del hombre, seguían viviendo bajo el mismo techo (en un barrio de El Challao, Las Heras) y dormían en habitaciones separadas. Según confirmaron a Los Andes desde el entorno de P., a la mujer no le quedaba otra alternativa que seguir viviendo allí, ya que no contaba con medios suficientes ni independencia económica para irse a vivir a otro lado.
Y fue estando ya separados -de hecho- que el trabajador judicial abusó, según denuncia P., en dos oportunidades de ella. Uno de estos episodios, incluso, quedó filmado por un circuito cerrado de televisión que se instaló en la casa (P. aportó la grabación del abuso que quedó filmado en su denuncia, presentada en octubre de 2019).
Mucho antes de esta violación -abuso sexual con acceso carnal- y aun estando en pareja, P. perdió un hijo del hombre a quien denuncia por haberla violado. Y él nunca mostró empatía por la situación, llegando incluso a acusarla de haber “inventado” ese embarazo, de acuerdo a lo que se desprende de la denuncia de la mujer.
Antes de decidir poner fin al vínculo amoroso, al hombre se le había hecho costumbre descalificar profesionalmente y como persona a P., y hasta agredirla físicamente. En ese momento, ambos trabajaban en el Ministerio Público Fiscal todavía.
Cansada de los maltratos y agresiones, P. decidió ponerle fin a la relación. Pero el martirio para ella no llegó a su fin, ya que siguieron viviendo en la misma casa. Los ataques no se redujeron -de parte de él-, y se sumaban reiterados episodios en los que el empleado judicial intentaba entablar una relación sexual con P. a la fuerza. Hasta que en enero de 2019 tuvieron lugar los dos abusos denunciados por P. y cometidos contra ella: uno en la habitación de la mujer y el siguiente, en la cocina. Este último episodio fue el que quedó grabado y que la denunciante presentó como prueba contundente cuando por fin tomó el valor de denunciar a su ex en octubre de 2019.
El archivo de la causa animó la denuncia de otra víctima
Denunciar los dos abusos sexuales y las constantes denigraciones y ataques de los que era blanco no fue fácil para P., pero lo hizo. Y a partir de ese momento comenzó un nuevo calvario para la denunciante, quien fue sometida a distintas pericias para determinar la verosimilitud del relato en su denuncia por los abusos.
Luego de la denuncia de 2019, P. fue sometida a distintos exámenes y pruebas, y los resultados fueron contundentes: no había indicadores de fabulación ni de mentira en lo que contaba, lo que permitía deducir que estaba diciendo la verdad.
Y aunque entre las conclusiones los peritos advierten que la denuncia podría llegar a tener una mirada e intención ganancial por parte de P. (entiéndase, intentar obtener bienes o dinero con la denuncia), lo que destaca el abogado de la víctima es que en ningún momento se duda de la verosimilitud de la denuncia de la mujer, por lo que no quedan dudas de que los abusos sexuales existieron cuando ya estaban separados (aunque viviendo bajo el mismo techo a raíz de la imposibilidad económica de ella para abandonar el hogar). De hecho, la grabación del video de las cámaras no hace más que confirmar la denuncia.
Aunque P. fue sometida a distintas pericias, al empleado judicial (de profesión, contador) no se le realizó ningún examen psicológico (con el argumento de que no estaba imputado). Ante este panorama, el primer fiscal que tuvo la causa (Gustavo Stroppiana) solicitó el archivo de la denuncia y el expediente, pedido al que el juez Juan Manuel Pina hizo lugar.
Este panorama judicial de inminente archivo -poco alentador para P.- terminó por darle valor a N. (la otra mujer denunciante en el caso) para denunciar, en diciembre del año pasado, el abuso sexual que ella había sufrido, también perpetrado por este mismo hombre. Ambos habían tenido un hijo y, luego de la separación (también conflictiva, previo a que el empleado judicial iniciara su relación con P.), hasta hubo una orden de prohibición de acercamiento. Pero que el contador no respetó.
“Ella (por N.) no se había animado a hacer la denuncia antes por el abuso que había sufrido y que había ocurrido antes del de P. Pero cuando tomó conocimiento de que estaban por archivar otra causa por abuso sexual donde denunciaban a su ex (NdA: en este caso, por los abusos a P.), se envalentonó y lo denunció también”, indicaron desde el entorno de P.
Desarchivo, imputación y orden de captura
La decisión de la jueza Magro de desarchivar la denuncia y que el episodio sea tratado con perspectiva de género le da una nueva luz de esperanza a P. (y también a N., en cierto modo). Porque el contador, que en el interín entre que fue denunciado y se dispuso su imputación fue trasladado del Ministerio Público Fiscal (donde trabajaba junto a P.) al Ministerio Público de la Defensa, fue imputado por abuso sexual agravado.
Esta decisión de la fiscal Moya se tomó el miércoles de esta semana -8 de febrero- y no solo conlleva un pedido de captura (mientras el imputado no se presente por sus medios ante la Justicia, será considerado prófugo), sino que -además- habilita a la Justicia a que el hombre sea sometido a distintas pericias. Incluso, P. ha solicitado que se refuercen las medidas de seguridad y resguardo hasta tanto se cumpla la orden de detención del imputado.
El pedido de la jueza para que el caso sea abordado con perspectiva de género tiene que ver con que, a criterio de la magistrada, se está frente a un supuesto caso de una mujer abusada y vulnerada.
