El Juzgado Federal N°3 ordenó el procesamiento con prisión preventiva a los imputados por la desaparición de Adolfo Garrido (29) y Raúl Baigorria (31), el primer caso de desaparición forzada de personas durante la democracia.
La medida alcanza al ex juez provincial Enrique Knoll y a una veintena de policías que habrían actuado en los distintos procedimientos que terminaron con la tortura y posterior desaparición de los jóvenes que residían en Godoy Cruz.
Por otra parte, el responsable de juzgado, el juez Marcelo Garnica, declaró la falta de mérito para ex fiscal provincial Adelmo Argüello, quien inicialmente había sido alcanzado por la investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal 2 de Mendoza, a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz, quien había ordenado la detención de los sospechosos, en febrero pasado.
La lista de procesados se completa con Ángel Gustavo Bastías, Sergio Oscar Barrea Romero, Francisco Edgardo bullones Prudencio, Néstor ramón Falcón, Rubén Mauricio Funes Gianuzzo, Jorge Aníbal Flores bizaguirre, Oscar Orlando Giuliano, Alberto narciso gordillo allegue, Felipe Gerardo Machuca, Samuel Morales Valadares, Miguel Ángel Muñoz Gil, Manuel Antonio Nañez, Rolando Antonio Olarte Rivera, Jacinto Salvador Olmedo, José Alberto Vega, Miguel Ángel Barahona Gutiérrez, Norberto Ernesto Mercado y Juan Carlos Sarandon.
El procesamiento con prisión preventiva incluye también, para todos, el embargo de $10 millones y en caso de que no fueran aportados, se dispondrá la inhibición de todos sus bienes.
Todos los procesados deberán responder por el delito de privación ilegítima de la libertad, por desaparición forzada de persona, es decir por el artículo 142 de Código Penal que dice: “Se impondrá prisión de diez 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.
El rol de cada uno de los acusados, según la Fiscalía
Según consta en el expediente, para la Fiscalía, la desaparición de Garrido y Baigorria se habría producido de la siguiente manera: El 28 de abril de 1990, entre las 15 y las 16, Adolfo Argentino Garrido Calderón conducía un Fiat rural 1500, color azul, modelo 1967, y era acompañado por Raúl Baigorria. Mientras circulaban por la rotonda de Monseñor Orzali del Parque General San Martín, con dirección a Godoy Cruz, fueron interceptados frente a la Escuela Hogar “Eva Perón”, por efectivos policiales que se conducían en el móvil 575 de la Compañía Motorizada de la Policía de Mendoza. El móvil estaba tripulado por el Sargento 1º Carlos Sosa, el agente Miguel Ángel Muñoz y el agente Lucio Omar Sosa.
Los policías se acercaron al Fiat y les ordenaron a los dos ocupantes que se bajaran para requisarlos. En ese momento llegó el móvil 505, en el que se desplazaban el cabo Miguel Ángel Barahona, el agente Jorge Sánchez chofer-, y el agente Oscar Orlando Giuliano, quienes se sumaron al procedimiento.
Posteriormente, el personal policial se comunicó con los la Comisaría 5ta, informando la detención de los jóvenes. En la comisaria se encontraba el oficial de guardia Jorge Aníbal Flores, el jefe de servicio Oficial Ayudante Néstor Ramón Falcón, el Subcomisario José Salinas (fallecido) y el Comisario Alfredo Godoy Billardi (fallecido).
A partir de ese momento comienzan las tratativas entre los efectivos de procedimiento y su superior directo, el subcomisario Felipe Gerardo Machuca, las que concluyeron con el traslado de Garrido y Baigorria a la Seccional 5ta. primero, y luego a esa Dirección de Investigaciones de la Policía de Mendoza, donde fueron alojados ilegalmente, sin que se registrara su detención.
Allí, según testigos, Garrido y Baigorria habrían sido sometidos a torturas. Durante las horas en que se sabe que estuvieron alojados en la Dirección de Investigaciones, se encontraban de turno y cumpliendo funciones los siguientes agentes policiales: Manuel Antonio Nañez, Santos José Agüero, Pitaro, Cano, Sergio Oscar Barrera Romero, Nievas, Francisco Edgardo Bullones, José Alberto Vega, Samuel Morales Valladares, Palacios, Alberto Narciso Gordillo, Rolando Antonio Olarte Rivera, Jacinto Salvador Olmedo y Juan Carlos Sarandon.
Una vez alojados en los calabozos de Investigaciones, Garrido y Baigorria habrían sido sometidos a actos de torturas y vejaciones de todo tipo, en momentos diferentes y por el personal de Investigaciones que se encontraba de servicio.
Según consta en le libro de novedades en ese la lapso de tiempo trabajaron el oficial Francisco Edgardo Bullones, un policía apodado “Patalín” (sobre el que no se tienen más datos que su color de cabello pelirrojo y que tenía barba y bigotes); los agentes Palacio (sobre el que no se tienen más datos) y José Alberto Vega; el oficial Inspector Alberto Narciso Gordillo; el Comisario Rolando Antonio Olarte Rivera; y el Comisario Inspector Juan Carlos Sarandon.
Los calabozos de la Dirección Investigaciones de la Policía de Mendoza, fue el último lugar donde Garrido y Baigorria fueron vistos con vida, según los testimonios de otros detenidos, quienes reconocieron haberlos visto allí, golpeados.
Luego de tomar conocimiento de la detención de Garrido y Baigorria, sus familiares, junto a la abogada Mabel Osorio, se encargaron de recorrer dependencias judiciales y policiales, entre ellas la Comisaría 5ta, la Compañía Motorizada y la Dirección de Investigaciones, como así también Hospitales y Morgues, sin obtener respuesta alguna sobre el lugar de detención de ambas víctimas o sobre su paradero.
A partir de la interposición de la denuncia y del comienzo de la “investigación penal” (las comillas constan en el expediente), habrían tomado parte en la desaparición forzada de Garrido y Baigorria el Enrique Antonio Jesús Knoll Oberti, quien habría sido selectivo en las medidas de prueba efectuadas y habrían permitido conformar comisiones policiales con los policías de la Dirección de Investigaciones que estaban sospechados (Geminian, Francisco Edgardo Bullones, Pereyra).
Además, habría convalidado allanamientos a la denunciante, familiares y amigos de las víctimas; habría sido selectivo en cuanto a las testimoniales que se tomaron, permitiendo incluso que muchas fueran tomadas bajo amedrentamiento de los testigos.
También habrían participado de la “investigación” el Comisario Mayor Jacinto Salvador Olmedo, el Subcomisario Santos José Agüero, el Principal Rolando Geminian (fallecido) y el Inspector Pedro Pereyra (fallecido), todos miembros de la comisión policial creada por el juez Knoll.
En tanto que el Oficial Francisco Edgardo Bullones, el Oficial Ángel Gustavo Bastías, el Subinspector Rubén Mauricio Funes Gianuzzo, y el Comisario Gral. Subjefe de Policías, Norberto Mercado, llevaron adelante la investigación del caso, planteando, presuntamente, hipótesis falsas cuando realmente conocían el paradero de las víctimas.
