Un integrante de la comunidad gitana de San Juan fue condenado a 10 años de prisión al considerar como trata de personas un matrimonio forzado triplemente agravado por la vulnerabilidad de la víctima, por tratarse de una menor y por haberse consumado la explotación.
Para el fiscal Francisco Maldonado, en casos como este “se somete a las mujeres a prácticas patriarcales que esconden los privilegios masculinos, pretendiendo escudarse tras el velo de la cultura”. Además consideró que se trata de “una práctica bastante difundida en ciertos grupos culturales que recogen una antigua tradición de matrimonios o uniones de hecho forzosos, como lo es la comunidad gitana a la que pertenecía la víctima”.
La víctima fue entregada al condenado por su familia que residía en Chubut, a la que le entregó 50 mil pesos. Luego, la víctima tuvo dos hijos y el progenitor fraguó documentos de identidad falsos para ocultar su nombre real y su edad, además de someterla a maltratos.
Miguel Ángel Aramayo fue condenado por La jueza Eliana Rattá de Rivas Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, que también ordenó la anulación de las partidas de nacimiento de las dos hijas que la víctima y la confección de nuevos documentos tanto para las niñas como también para su madre.
Según la investigación, Aramayo captó a la niña cuando tenía solo 14 años y vivía en Comodoro Rivadavia, Chubut. El padre de Aramayo –hoy fallecido- pagó 50 mil pesos a los familiares aprovechándose de la situación –edad, escaso nivel educativo, su condición de género y por ser parte de una comunidad gitana.
Violencia física, psicologica y restricción de la libertad
Después la trasladaron a San Juan donde la obligaron a tener una unión de hecho con el imputado. “durante ese período fue sometida a numerosos episodios de violencia física y verbal ejercidos tanto por Aramayo como por otros miembros de su familia. Además, no se le permitió tener contacto alguno con su familia de origen, no poseía teléfono celular, no disponía de dinero y no contaba con documentación personal propia ni la de sus hijas”, advierte el sitio fiscales.gov.ar.
La joven intentó escaparse varias veces, sin éxito hasta que en diciembre de 2016, le pidió ayuda a un vecino que logró contactar a la familia a través de Facebook.
Vecinos del lugar denunciaron ante el Equipo Técnico del Programa de Rescate y Asistencia a Personas Damnificadas por el Delito de Trata que “a la víctima no se la dejaba salir del hogar, que sólo se le permitía cruzar a hacer compras con una sola de sus hijas y que en varias oportunidades era golpeada e insultada por varios integrantes de la familia de Aramayo”.
Estos testimonios pudieron acreditar que existió “violencia física, psicológica y restricción de libertad ambulatoria a la que sometida la adolescente por parte de Aramayo y su familia.
