El Tribunal de Audiencia de La Pampa dará a conocer este jueves el veredicto del juicio por el asesinato de Lucio Dupuy (5), cometido el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, en el que los jueces determinarán la autoría y responsabilidad penal de la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y de su pareja, Abigail Páez.
En la audiencia de cesura, que iniciará a las 12, no estarán presentes las acusadas. Serán los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora quienes resolverán si ambas son “culpables” o “no culpables” del delito de “homicidio calificado y abuso sexual ultrajante”.
La pena no se dará a conocer hoy mismo, sino en una audiencia posterior, aunque si el tribunal acepta los argumentos del Ministerio Público Fiscal (MPF), la única que les corresponderá a las acusadas es la de prisión perpetua, lo que hará irrelevante la segunda parte del juicio de cesura.
En caso de que el Tribunal valorara las pruebas de otra manera, tiene 15 días para dar a conocer la sentencia.
También deberá definir si aceptan la calificación de “crimen de odio” por razones de género, planteado por el abogado querellante, José Mario Aguerrido.
Fuentes judiciales informaron a Télam que, si bien en Santa Rosa es usual que los veredictos se den a conocer por escrito, en este caso se dispuso leerlo en la audiencia, a la que fueron convocadas las partes y a la que tendrá acceso la prensa.
Desde temprano, los familiares paternos de Lucio convocaron a una marcha en reclamo que se desarrollará en cercanías del palacio de justicia, que se encuentra totalmente vallado.
Las acusadas permanecerán alojadas en el Centro de Detención de la provincia de San Luis a la espera de la resolución del juicio.
Un crimen que conmocionó al país
Lucio Dupuy (5) fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la vivienda de la calle Allan Kardec al 2300 de la ciudad de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella.
Su mamá, Espósito Valenti, fue acusada por el equipo de fiscales integrado por Walter Martos, Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Máximo Paulucci, de los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”.
A Páez, en tanto, el MPF le imputa el “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía”.
La defensora oficial de Páez, Silvina Blanco Gómez, consideró por su parte que no existió un homicidio agravado sino un homicidio preterintencional, es decir que no tuvo intencionalidad, ya que la imputada -que admitió haberle pegado a Lucio- no buscó asesinarlo.
Por ese motivo, en su alegato, enumeró siete conductas que la imputada ejecutó para evitar la muerte del niño: la práctica de RCP para reanimarlo, su traslado a la posta sanitaria del barrio Atuel, la búsqueda de ayuda en la Policía y haberlo llevado al hospital Evita, entre otras.
Con respecto a la acusación de abuso sexual, Blanco Gómez, pidió la absolución de Páez por el beneficio de la duda, al tiempo que aseveró que la mediatización del caso provocó un “estado de indefensión” en la imputada.
Por su parte, el defensor oficial Pablo De Biasi pidió la absolución de la madre de Lucio por ambos delitos, ya que “en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos”, al descartar la coautoría del homicidio.
El médico forense que hizo la autopsia al cuerpo de Lucio contó antes del juicio que “en 27 años de profesión” y tras haber intervenido en “32 casos de niños golpeados” nunca vio algo así.
En tanto, la familia paterna del niño, representada por el abogado Mario Aguerrido, adelantó que denunciará al Ministerio de Salud provincial por no haber actuado ante situaciones de violencia previas sufridas por el niño y atendidas en hospitales de la provincia, al tiempo que pidió el juicio político para la jueza Ana Clara Pérez Ballester, quien le dio la tenencia del niño a su madre a pesar de que estuvo ausente dos años.
