Luego de más de dos semanas de investigación, la causa en contra de una pareja de policías de San Rafael tuvo en las últimas horas avances y se definió la imputación para los acusados.
Los hechos comenzaron con un chico de 11 años exhibiendo un arma de juguete, los efectivos involucrados que fueron a su captura y la intervención de la madre del menor, víctima de una privación de la libertad, según la fiscalía. Todo terminó con una batahola, piedrazos a la Fuerza y el otro hijo de la mujer, de 4 años, baleado con perdigones.
Diferentes pruebas, testimoniales de los vecinos del barrio Constitución e incluso la declaración en cámara Gesell de los hermanitos, llevaron al fiscal Javier Giaroli a definir el aboque en contra de dos auxiliares de Cuerpos Especiales. Se trata de una mujer policía y otro uniformado, que la tarde del 27 de julio llegaron en motos hasta Edison y Rodríguez por un llamado al 911 que denunciaba a un jovencito con un “arma de fuego” en la calle.
Presuntamente, los efectivos fueron apuntados por el “sospechoso”, por lo que decidieron ir por su captura hasta el interior de un domicilio. Una vez que lo retuvieron, verificaron que llevaba una pistola a sebitas. El accionar para detenerlo generó la ira de los lugareños, que arremetieron con todo tipo de proyectiles sobre las patrullas que iban llegando.
La versión policial sostiene que desde la Fiscalía de Menores les habían pedido el traslado del chico por la violación del Código Contravencional por “portación de elemento idóneo para delinquir”. Sin embargo, no había motivos en principio para llevar a aprehendida a la madre, que terminó en la comisaría Octava con el menor. Ella había salido a la calle cuando advirtió los problemas e intervino en el momento en que se dio cuenta de que su hijo estaba involucrado.
Sobre la situación de la mujer es que la fiscalía decidió la imputación por privación ilegítima de la libertad. Específicamente a estos dos auxiliares se los acusa por el artículo 144 bis del Código Penal, en su inciso 1: “Será reprimido con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo, el funcionario público que con abuso de sus funciones o sin las formalidades previstas por la ley, privase a alguno de su libertad personal”. Básicamente, un abuso de autoridad.
En esta nueva etapa procesal los sospechosos podrán declarar y defenderse, aunque no se ordenó su detención al tratarse de un delito excarcelable.
La última medida probatoria en la causa fue la semana pasada, cuando los hermanitos declararon ante los profesionales especializados. En líneas generales, coincidieron con la versión de su mamá y de los vecinos sobre el accionar policial.
El niño baleado, la otra investigación
Además de imputar, el fiscal Giaroli extrajo cumpulsa para que la fiscalía Correccional determine cómo resultó herido el nene de 4 años. Es que en medio de los disturbios, el hermano más chico recibió dos postas de goma en la espalda que le generaron lesiones leves y hasta una breve internación.
Por el momento esto está caratulado como lesiones culposas y no tiene uniformados identificados, pero se sostiene que alguno de los que participó en el operativo disparó su escopeta de forma negligente o imprudente e hirió a la víctima, quien recibió los proyectiles tras el rebote en el piso.
En este caso será importante el relevamiento de las cámaras de seguridad, ya que a esa altura había más policías en compañía de los imputados. Los efectivos tomaron la determinación de dispersar el tumulto usando sus armas, mientras eran agredidos por vecinos; incluso uno de los agentes sufrió un corte en la cabeza.
Frente a todos estos hechos se ha remitido el expediente penal inicial al Comité Permanente de Derechos Humanos y a la Inspección General de Seguridad. Este último organismo es el que evalúa el accionar de los miembros de la Fuerza y define posibles sanciones internas.
