La Fiscalía de San Martín imputó por estafa procesal a un abogado que fue denunciado por su primo, luego que la madre del denunciante le cediera derechos sucesorios sobre el patrimonio familiar, algo que no podría haber hecho un profesional.
La semana pasada el fiscal Gustavo Jadur imputó al abogado Diego Gabriel Menci en dos causas por estafa procesal, en tanto que Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Tercera Circunscripción Judicial, recibió también la misma denuncia y analiza si tomará alguna medida contra el letrado.
El caso se remonta a 2013 cuando la madre de denunciante –E. F., un tornero de 64 años residente en San Martín, que tiene una discapacidad- le firmó a Menci, su sobrino, un contrato de cesión de derechos y acciones hereditarios sobre los bienes que formaban parte de la sucesión de su marido. Se trata de una casa ubicada en el barrio San Isidro y otra en Pedro Molina 37, ambas en San Martin, y un auto Peugeot 504. El abogado desde ese momento habría alquilado una de las viviendas.
Luego, en marzo de 2022, un Tribunal de Gestión asociada de Paz ordenó que desojaran a los habitantes de la vivienda de la calle Pedro Molina y le restituyeran el lugar a Menci, quien inició la acción de desalojo.
Dos casos de estafa
El fiscal Jadur sostiene en la imputación que el abogado Menci habría violado los artículos 1442 y 954 del Código Civil. El primero advierte que “no se puede hacer cesión a los abogados o procuradores judiciales de acciones de cualquier naturaleza deducidas en los procesos en que ejercieren o hubiesen ejercido sus oficios”. Esto apunta a “preservar la rectitud en el desempeño de las actividades vinculadas con el manejo de los intereses ajenos, evitando la tentación del aprovechamiento ilegítimo que la confianza y los conocimientos sobre determinados asuntos confieren a quienes representan o patrocinan intereses de otros”.
Por otra parte el artículo 954 sostiene que “podrán anularse los actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación o simulación” y que “también podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación”.
Tomando en cuenta estos artículos, el fiscal imputó a Menci por dos casos de estafa procesal, es decir el que “defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. Se trata de un delito que penas que van de 1 mes a 6 años de prisión.
