La AFIP, en su rol de querellante, solicitó que toda la mercadería secuestrada en los procedimientos realizados en la causa por contrabando que tiene como imputados a “banda del chino Cheng” pueda ser donada.
Ayer los abogados querellantes Guillermo Aguilera y Pía Olaguer – representando a la Dirección General de Aduanas es un órgano que integra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)- pidieron al tribunal que juzga a la banda que lideraría el ciudadano chino Zheng “Esteban” Cheng –hasta hoy prófugo de la justicia- duras penas para los imputados, en concordancia a lo ya solicitado por la fiscal federal María Gloria André.
Pero además solicitó que le permitan disponer de la mercadería secuestrada para hacer donaciones. El dato no es menor si se tiene en cuenta que en uno de los secuestros se contabilizaron 15 toneladas de ropa y además hay miles de pares de zapatillas, juguetes, pelotas de fútbol, televisores, teléfonos y otros productos. Se trata de un secuestro millonario, valuado en 3 millones de dólares.
Además los querellantes solicitaron las siguientes penas: para el aduanero Carlos Federico “Negro “Barón Knoll, 6 años de prisión; para Eugenio Javier “Loco” Nasi Pereira, 5 años y 6 meses; para Daniel Gonzalo Martínez Pinto, 9 años de ´cárcel y para a José “Gordo” Rodríguez Núñez solicitó también 9 años de cárcel.
Además, para Ángel Sebastián “Gordo” Palumbo Cerdan pidieron la pena de 4 años y 6 meses años; para Adrián “Gato” Fourcade Salassa, 6 años; y para Nam Ho “Coreano o Nam” Park Lee 5 años y 6 meses.
Por último, para Jorge Alejandro “Coque” Rojas Huerta, 6 años; para Pedro Emilio Escárate, 4 años; y para el empleado de Aduana Mario Manuel Rodríguez Iturralde, 4 años y 3 meses.
La investigación
El fiscal Fernando Alcaraz inició la investigación por contrabando en 2016, cuando se encontraron abandonados en el Corredor Andino tres camiones cargados con distintas mercaderías de origen chino que habían entrado por Chile y que tenían como destino nuestra provincia.
En ese momento se activó una investigación en la cual las escuchas telefónicas ordenas por el juez federal Walter Bento son una de las pruebas más importantes.
En julio de 2018 se ordenó una batería de más de 15 allanamientos. Cuando fueron a buscar a Zeng Cheng a su casa del barrio Dalvian ya no estaba, por lo que quedó prófugo y con pedido de búsqueda nacional e internacional.
En ese momento Nasi fue aprehendido por Efectivos de Narcocriminalidad que interceptaron a un Peugeot 307 cuando circulaba por el interior del barrio Amsa, en La Colonia, Junín. Entre pesos argentinos, chilenos y dólares, lograron secuestrarle unos $ 4 millones.
El mismo camino siguió Rodríguez, detenido durante allanamientos realizados por personal de Narcocriminalidad, en el barrio Dalvian. Su agencia de seguridad fue allanada y se secuestraron algunas cajas con guantes de látex y juguetes, cuya procedencia sería China. En cuanto a Fourcade y Pinto, regenteaban el bar Viva la Pepa de Chacras de Coria.
Los allanamientos dejaron como saldo $ 5.000.000 secuestrados (entre dólares, pesos argentinos y chilenos); 12 vehículos de alta gama (cuatro BMW, 1 Minicooper, 2 Peugeot, 1 Ford, 1 Focus y 1 Fiat Utilitaria, 1 Citroën y 1 Fiat 500 0km); 10 pallet de pirotecnia (35.510 cajas); 25 pallet de cigarrillos (425.000 cajas); 16 pallet de termos (11.520 u.); 4 pallet de pelotas de fútbol (1.560 u.); 2 pallet de cintas métricas (13.920 u.); 2 armas de fuego ( 1 pistola 9mm. y otra 40 mm.), documentación y equipos de comunicación.
Según la investigación, cada uno de los acusados habrían cumplido una función específica: los líderes aportaban el dinero y se encargaba de supervisar la logística e incluso conformar una importadora en Chile. El financista Palumbo ofrecía sus oficinas en Santiago de Chile, Mendoza y Buenos Aires donde se movía el dinero de las transacciones. Los empleados de Aduana ofrecían facilidades para que la mercadería ingresara al país ya que Barón Knoll era jefe de turno del control de Uspallata. Los transportistas acondicionaban la carga en la modalidad conocida como “tapa”, en la que se coloca mercaderías tapando completamente las puertas de los semirremolques para que no se pueda ver hacia el interior donde viene la carga ilegal.
