La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ordenó que el Estado provincial indemnice a un preso que en 2010 recibió una dura golpiza por parte de seis penitenciarios que luego fueron condenados a 10 años de cárcel.
La demanda de los abogados de la víctima contra la Provincia de Mendoza fue interpuesta con el fin de resarcir los daños padecidos por un joven producto de las torturas, lesiones, amenazas, privación ilegítima de la libertad y agravamiento de las condiciones de detención mientras se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario II “San Felipe” de la penitenciaría provincial, durante el período comprendido entre el 22 de octubre de 2009 y el 9 de febrero de 2011. En su momento se reclamaron $300.000.
El escrito explicaba que, cuando el joven se encontraba alojado en la penitenciaría provincial en calidad de procesado por un delito federal, en el mes de junio del año 2010 fue víctima de una violenta golpiza propinada por agentes penitenciarios, hecho que fue dado a conocer en los medios en el mes de febrero dl 2011, cuando representantes de la asociación Xumek realizaron la denuncia ante la Unidad Fiscal Especial 6, presentando una serie de videos que daban cuenta de las torturas.
Tiempo más tarde el Tribunal de Gestión Judicial Asociada 1 rechazó un planteo de prescripción e hizo lugar integralmente a la demanda por $3.000.000.
La medida fue apelada por la Fiscalía de Estado con respecto a la suma establecida en primera instancia y la Primera Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción acogió parcialmente el recurso interpuesto, estableciendo el monto en $700.000.
Los abogados del recluso llevaron el asunto a la Corte, cuestionando el monto porque era muy bajo para un caso tan grave. Ahora los jueces de la Sala I, conformada por Julio Gómez, María Day y Dalmiro Garay, confirmaron la sentencia de primera instancia, que era de $ 3.000.000 que, con los intereses correspondientes, alcanza la suma cercana a los $5.000.000
Dura condena para los penitenciarios
En septiembre de 2019, el Tribunal Penal Colegiado 1 conformado por las juezas María Belén Salido, Gabriela Urciuolo y el juez Agustín Pedro Chacón, condenó a 10 años de prisión a seis penitenciarios del complejo San Felipe que habían torturado a un interno del penal provincial.
El caso salió la luz en 2011 luego de que un celular, que contenía una serie de videos de varios penitenciarios torturando a un recluso, llegara a la asociación para la promoción y protección de los derechos humanos, Xumek.
Los hechos habían ocurrido en 2010. En las imágenes se podía ver a los funcionarios dando golpes de puño y patadas a un recluso mientras se encontraba arrodillado en el piso, con las manos esposadas a su espalda y atadas con un cinturón a una ventana del pabellón, flexionándole hacia arriba los brazos en sentido contrario a su flexión natural.
El organismo presentó una denuncia ante la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional y en el año 2018 presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando los hechos de tortura y los retrasos en la investigación y solicitando una sanción de los responsables como una violación a la garantía del plazo razonable.
La condena penal contra los penitenciarios fue por el delitos tortura previsto en el artículo 144 tercero del Código Penal, incisos 1 y 3, según Ley 23.097 de 1984, teniendo en cuenta la especial calidad que tenían los autores, el modo en el cual fueron desplegadas las agresiones que sufrió el detenido y el grave sufrimiento al que fue sometido.
Los condenados fueron Germán Núñez Aciar, José Arredondo, Luís D´ Ambrosio, Daniel Perón, Jhony Navarro, Edgardo Quero Rey y Jonathan Bizaguirre.
Según un informe de Xumex, la víctima, de 18 años al momento de los hechos, “sufrió uno combinación de padecimientos físicos y psíquicos graves que puede observarse en los videos que fueron publicados junto con la denuncia, en ellos se observa a la víctima esposada y atada de una forma descripta como tortura de posición por el Protocolo de Estambul, además se observan varios golpes de puño y patadas de una fuerte intensidad y considerable violencia en todo el sector izquierdo del cuerpo, que quedan demostrado en los gritos de dolor que refiere Vargas González, incluso manifiesta tener quebrada una costilla”.
“La victima pidió por favor que terminen, ´ya está por favor´ ´ya está, me duelen la costillas por favor´, mientras que el personal penitenciario continuaba golpeándolo en la zona intercostal, y estirando hacia arriba sus brazos en sentido contrario a la flexión natural, agresiones que pone en riesgo la vida de Varga González. Mientras el personal penitenciario realiza manifestaciones humillantes y degradantes, tales como “la ratita que boconea al personal”, “hay un olor a chicito”, “ahí está atado como un perro”, “dejá de gritar, boliviano´”, sostenía el informe.
