La familia de Lucio Dupuy demandará a los funcionarios del Ministerio de Salud de La Pampa por no haber abordado el caso del niño, pese las reiteradas consultas médicas que tuvo por los abusos sufridos a manos de su madre y la pareja de ella.
Además, el abogado de los Dupuy pidió que la jueza Ana Clara Pérez Ballester sea sometida a juicio político por otorgarle la tenencia a Magdalena Espósito Valenti.
“Vamos a tener un año arduo con todo lo derivado con el tema Lucio. Vamos a solicitar investigación criminal para determinar si en el ámbito de Salud hay funcionarios que tienen responsabilidad penal, en referencia a los que pudieran haber abordado a Lucio en las ocasiones en que entró traumatizado a distintos lugares”, dijo José Mario Aguerrido.
Aguerrido anticipó que no tiene pensado accionar contra el Ministerio de Educación pampeano. “La escuela no va a ser denunciada. Una maestra no está capacitada para determinar con un dibujo si un niño es maltratado o abusado. Eso surgió del mismo juicio, por declaraciones de una psicóloga y de una maestra”, explicó a Télam.
“Hay otra cuestión, cuando Lucio era maltratado, era sustraído de su cotidianeidad. Una mamá declaró en el juicio que Lucio no faltaba mucho, pero cuando faltaba, faltaba muchos días. Y en el chat entre ellas (las acusadas) se lee que había un maltrato y estaba todo este manejo, este armado, de no sacarlo y no mostrarlo cuanto tenía algún golpe, de decirle que tenía que contar que se había caído jugando a la pelota, de un árbol. Incluso, la misma familia paterna nunca advirtió nada. No tenemos elementos para decir que hubo responsabilidad en Educación”, agregó.
También descartó denunciar a los responsables de Niñez y Adolescencia porque “no funcionaron las alarmas de salud, nunca se enteraron de un chico maltratado. El sistema de protección de niñez y adolescencia, no tuvo nada que ver porque nadie les avisó. No es que no hicieron nada, nunca la pusieron en conocimiento de un chico maltratado. No hicieron nada porque no sabían nada. El nudo de la cuestión está en salud”.
Garrido también cuestionó a los 30 diputados y diputadas provinciales por no “iniciar un juicio político por unanimidad a la jueza Clara Pérez Ballester”, que le dio la tenencia de Lucio a la madre luego de dos años de ausencia.
“Los que tienen que llegar a la jueza son los 30 diputados. Una provincia que se crea institucionalmente sana tiene que determinar de manera unánime en la Cámara de Diputados la realización de un juicio político a la jueza Pérez Ballester. A mí me llama la atención que muchos diputados y diputadas se llenan la boca hablando de los niños y no hicieron nada”, declaró.
“Por lo menos hay que investigarla. Darle la posibilidad para que dé las explicaciones, pero hay que hacer el juicio. Es grave lo que pasó. Se le cambió al chico el centro de vida, hablan de un acuerdo, de reintegrar un chico a una madre que en los últimos dos años había abandonado al hijo para irse de mochilera”, dijo.
“Lo normal es empezar un régimen de revinculación, verlo cada determinado tiempo. Ahora, entregarlo de una, eso no es lo normal en los procedimientos de familia. Los tíos de Lucio lo entregaron porque estaban asustados. Esta mujer (por Espósito Valenti) los amenazó con denunciarlos por abuso, un abuso que no existió. Ellos terminan rindiéndose, no es que lo entregan de manera voluntaria. Y lo más grave es que el padre de Lucio no intervino en ese expediente. Hay elementos para plantear un juicio político y tiene que ser unánime. No es una cuestión de bloques, es una política de Estado. No jodamos con la protección de los chicos, de eso se trata”, reclamó.
La madre de Lucio Dupuy y su pareja fueron acusadas de homicidio y abuso sexual
El Ministerio Público Fiscal acusó a Espósito Valenti de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía.
A Abigaíl Páez, en tanto, le imputó abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años. en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía.
