Terminó la primera etapa de la pericia del teléfono celular del puntero Julio “Chocolate” Rigau y se espera que el contenido se conozca recién después de las elecciones presidenciales. “Se bajó todo el contenido y se hizo una copia de seguridad”, confirmó una fuente judicial al portal Infobae. La pericia se realizó en la Fiscalía a cargo de Betina Lacki, donde siempre estuvo bajo resguardo el teléfono, y estuvo a cargo de un perito designado por la Procuración General, aunque había otros expertos designados por las partes.
La defensa de Rigau intentó hasta último momento que se frene la pericia. De hecho, recién las 10:45, quince minutos antes del horario previsto para el comienzo, propuso a Martín Sebastián Correa como perito de parte. Luego, a las 12:06, los abogados de “Chocolate” pidieron que intervenga, de forma urgente, el juez Atencio argumentando que la fiscal “no ha dado plazo legal para que el perito acepte el cargo”.
Sin embargo, el magistrado rechazó el planteo de la defensa y habilitó que se abra el teléfono. “Si bien el Técnico Electrónico propuesto por la Defensa no ha sido aceptado como perito, la Agente Fiscal ha autorizado su intervención en la diligencia en el carácter de veedor”, respondió Atencio.
Concretamente, la fiscal Betina Lacki había pedido que se realice “un análisis técnico completo y detallado del contenido del aparato, informando resultado de la agenda telefónica, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes así como cualquier otro dato de interés” para la causa.
El peritaje del celular marca Samsung, modelo SM-G532M, de color gris, estaba previsto para el miércoles 11. Pero los abogados de Rigau desplegaron otra batería de planteos hasta que lograron que el juez Guillermo Atencio lo suspenda y delegue la definición en la Cámara de Apelaciones, la misma que había anulado la causa. Pero unas horas después, la Cámara de Casación reabrió la investigación y permitió poner una nueva fecha.
Este martes, los abogados de “Chocolate” Rigau volvieron a la carga y pidieron la nulidad del secuestro del teléfono del puntero ante el juzgado de Atencio. “No hay prueba alguna de que se haya utilizado dicho medio (el teléfono) sólo para cometer delito alguno, sino específicamente que tenga relevancia y vinculación con la utilización de las tarjetas de débito que le fueran secuestradas”, decía esa presentación.
Los abogados también plantearon como argumento que la apertura del teléfono podría “dañar su intimidad”, un derecho que está garantizado por la Constitución Nacional. “No hay presupuesto constitucional ni investigativo alguno para justificar ni el secuestro, ni la apertura ni menos aún la intromisión en la intimidad de nuestro asistido”, aseguraron.
Según Infobae, en paralelo, los abogados de Rigau también cuestionaron que no fueron notificados de la nueva fecha de la pericia y pidieron designar a un perito de parte. El magistrado le trasladó ese planteo a la fiscal Lacki, que hasta anoche no había dictaminado.
Cómo continúa la causa
Este miércoles volvieron a declarar los 48 dueños de las tarjetas de débito secuestradas en el Banco Provincia. Cuando la causa se anuló, ya habían declarado 16 personas. La mayoría dijeron que lo conocían a Rigau y que le entregaban de manera voluntaria la tarjeta. “Es inverosímil todo lo que dicen”, admitió una fuente judicial. Sin embargo, la defensa de Rigau utilizó ese argumento cuando reclamó la excarcelación. “Han declarado al menos 16 testigos, y ninguno señaló haber sido presionado por nuestro defendido, lo que evidencia que el mismo no entorpecerá la acción de la justicia”, dice la presentación.
La fiscal Lacki todavía espera una respuesta de la Cámara de Diputados bonaerense, a cargo de Federico Otermín, para profundizar sobre el manejo de los contratos en esa repartición. La semana pasada había reclamado precisiones sobre el proceso de contratación de las 48 personas involucradas y además mandó un listado de otras 25 que aparecieron en un cuaderno donde Rigau hacía anotaciones de todo tipo y en declaraciones juradas de domicilio. Todavía nadie contestó.
Sin embargo, el gobierno bonaerense solicitó este jueves ser querellante en la causa a través de un documento firmado por el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Hernán Rodolfo Gómez. Ese escrito argumenta que “los hechos investigados constituirían un perjuicio para la provincia de Buenos Aires”.
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