Difícil no recordar aquella primavera de 2016 con otras palabras que no sean tragedia y dolor. Fueron días movidos para la Policía de Mendoza y la Justicia, que primero fueron tras el paradero de dos mujeres y llegaron al peor de los escenarios. Después, para finalizar una triste seguidilla, asistieron al crimen de una chica en manos de su padre. Tres femicidios en tres días, parejas acusadas y hasta presuntos sicarios en uno de los casos. Perpetuas, polémicas y dos causas aún abiertas, a cuatro años de aquellos hechos que sacudieron a Mendoza.
Todo comenzó el 21 de septiembre. Dos mujeres eran retenidas por los planes macabros de sus parejas y nunca más volverían a ser vistas con vida.
En contextos diferentes y con circunstancias preparadas, en mayor o menor medida. Por un lado, Janet Zapata (29) y, por el otro, Julieta González (21).
La primera “desapareció” luego de haber estado con su marido Damián Minati en La Barraca Mall. El hombre declararía por entonces que luego de eso la había dejado en la parada del micro y que ella se dirigiría al Centro para juntarse con amigas.
Los días posteriores fueron de búsquedas intensas y de marchas organizadas por la familia de Janet, que pedía encontrarla sana y a salvo. De esas movilizaciones participaba su esposo, al que se lo notaba consternado y hasta llorando. Quizás ya sentía en su conciencia el peso de lo realizado o era toda una actuación para despistar. Sus maniobras se terminaron el 26 de septiembre, cuando llegó el dato a la fiscalía de que se había encontrado el cuerpo de una mujer enterrado en un descampado de El Algarrobal.
Pocos minutos pasaron para confirmar que esos restos eran de Zapata y para que Minati quedara detenido. En aquella jornada arrestaban también a Claudio Quiroga. Este hombre le confesaría a su ex pareja que había participado del entierro del cadáver de una joven, aunque a él le habían pedido hacer un pozo para tirar basura. Luego se dio cuenta de que allí dejarían a una persona muerta.
Esta versión fue central en la causa. La ex de Quiroga hizo llegar esa información a los pesquisas y la investigación empezó a encaminarse. El círculo de acusados se cerraría con Juan Orlando Manzano, allegado a los detenidos y que habría sido el intermediario.
La hipótesis de la fiscal Claudia Ríos fue que Minati mató a disparos a su esposa, le pidió a su amigo Manzano ayuda para deshacerse del cuerpo y que éste le ofreció dinero a Quiroga para que hiciera un pozo y la ocultaran.
Una parte de esto se probó en el juicio y la otra no. La pareja de la víctima admitió el crimen y trató de salvar a los otros imputados. Los tres llegaron a debate por un homicidio agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por precio o remuneración. Minati en calidad de autor y el resto como coautores, todos con riesgos de perpetua.
El asesino confeso se llevó la pena máxima, Manzano fue condenado a 10 años como partícipe secundario y Quiroga fue absuelto por los jueces Jorge Coussirat, María Alejandra Ratto y Carlos Diaz, a dos años exactos de la desaparición de la víctima.
De la relación de pareja no había dudas, pero lo que no se sostuvo fue la promesa remuneratoria.
A excepción de la fiscal de Cámara, Daniela Chaler, el resto de las partes fue a casación y reclamaron el fallo. La querella quería tres perpetuas y las defensas penas más bajas. La Suprema Corte de la provincia no hizo lugar a ninguno de los pedidos.
Sin embargo, la abogada de Minati fue más allá y con un recurso federal llegó hasta la Corte de la Nación. Para la letrada Gemina Venier, su cliente debía ser condenado pero bajo circunstancias extraordinarias de atenuación, ya que se había enterado de una infidelidad de Janet Zapata. Esta calificación lo salvaba de la perpetua que tiene hoy. Ahora el reclamo en la Corte nacional es la nulidad del debate, ya que entienden que la prueba clave del caso fue la declaración de Quiroga cuando era imputado, instancia en la que no se convocó a la defensa de Minati. La última palabra no está dicha.
Sospechas de embarazo, crimen y un fallo discutido
Julieta González también fue raptada en el comienzo de la primavera fatal de 2016, aunque sus restos fueron hallados un día después, el 27 de septiembre en Cacheuta. Allí la abandonó Andrés Di Césare, un joven a quien la chica conocía desde que eran niños y que en 2016 habían comenzado una relación amorosa.
No se estableció cuánto tiempo la tuvo cautiva hasta que la mató con un elemento contundente, que se presume, fue una piedra. La joven creía que estaba embarazada del acusado -pos mortem se descartó-, y esto habría desatado la furia de Di Césare, que tenía un noviazgo formal con otra mujer. Julieta también estaba de novia.
“Me voy a morir sin saber qué pasó. Siempre quise hablar con Andrés para que me cuente por qué la mató. Mi hija se fue creyendo que estaba embarazada”, le dijo a Los Andes la mamá de la víctima, Susana González.
La investigación tuvo idas y vueltas y numerosos planteos defensivos que demoraron tres años la llegada del juicio. En septiembre de 2019 el sospechoso fue condenado a 18 años por homicidio simple, cuando había arribado a esa instancia imputado por femicidio y con el agravante del vínculo, que lo podían dejar con perpetua.
El tribunal repitió a dos de los tres magistrados del caso Zapata: Coussirat y Ratto, y se sumó Mauricio Juan. La decisión fue unánime y los tres señalaron que no se había probado ni la violencia de género ni la relación de pareja.
La sentencia generó repudio social y marchas de escraches contra los jueces, principalmente contra Juan, que por entonces era promovido por Alfredo Cornejo para concursar un nuevo cargo.
Además del clamor popular, las tres partes involucradas fueron a casación disconformes con el fallo. A un año de la culminación del juicio, el expediente permanece en la Suprema Corte.
“Todavía tengo confianza en la Justicia y en que se valore la perspectiva de género. Es un femicidio, está claro. Y si no es ahora, iremos a la Corte nacional”, agregó la mamá de Julieta.
El hombre que abusaba a su hija y la mató porque lo denunció
La trágica semana de septiembre de 2016 tendría su punto final el miércoles 28. Ayelén Arroyo (19) fue asesinada a puñaladas en su casa de Ugarteche, Luján. Quien la atacó fue su padre, Roque Arroyo, enojado porque la víctima lo había denunciado por abuso sexual y violencia de género.
En abril de 2018 este sujeto aceptó un juicio abreviado, se declaró culpable y recibió prisión perpetua por homicidio agravado por vínculo.
El caso también generó polémica ya que se pidió en aquel tiempo un Jury de Enjuiciamiento para el fiscal Fabricio Sidoti. Este investigador quedó en la mira porque 15 días antes del crimen le tocó recibir la denuncia de Ayelén de que estaba siendo abusada por su padre y no ordenó la detención de este hombre. El proceso contra el funcionario quedó archivado.
