La Justicia ordenó que el Estado Provincial indemnice a un fletero que fue abordado por unos ladrones que abusaron de sus servicios y fueron a robar a una heladería de Godoy Cruz. El hombre fue detenido, imputado y luego sobreseído. Cuando fue a buscar la camioneta a la playa de San Agustín, estaba destrozada.
La victima resultó ser M. V., un fletero que trabaja en las cercanías del Hiperlibertad de Godoy Cruz y que el 7 de noviembre de 2018 se encontraba en esa zona, cuando se aproximaron dos sujetos y le manifestaron que necesitaban sus servicios para ir hasta heladería donde les iban a pagar con mercaderías.
Los delincuentes le dieron que se estacionara aun cuadra de la heladería, en calle 20 de Junio y Beltrán. Unos 20 minutos después, volvieron sumamente alterados y violentamente le dijeron que arrancara rápido y fuera para la calle San Martín.
Allí fue interceptado por un vehículo y el conductor reconoció a los acompañantes como los ladrones. El hombre comenzó a forcejear con el fletero, quien hizo algunos metros en contramano y luego detuvo la marcha a pesar de que los delincuentes le estaban apuntando con un arma.
En ese momento los sujetos se bajaron de la camioneta y escaparon. Luego llegó la policía y encontró en la camioneta con algunas pertenencias que los ladrones dejaron en la misma.
Pese a que el fletero explicó a los uniformados la situación vivida, lo llevaron a la oficina fiscal de Godoy Cruz y le secuestraron la camioneta, una Chevrolet Luv que fue llevada más tarde a la Playa San Agustín.
Luego, fue imputado por el delito de robo agravado por uso de arma impropia, por el uso de arma de fuego no habida y por ser el lugar poblado y en banda, todo en concurso ideal.
Según el fletero, cuando era trasladado a la comisaría vio que a su camioneta le faltaban le faltaban dos ruedas, entre otras partes, tenía los vidrios rotos y las fajas de seguridad estaban cortadas.
Con el tiempo, el hombre fue sobreseído de la causa penal y cuando fue a buscar su camioneta en la Playa San Agustín, esta estaba destruida y le faltaban algunas autopartes.
Entonces realizó los descargos correspondientes y solicitó además la restitución del vehículo pero no obtuvo respuesta por parte del personal de la Playa mencionada.
En resumida cuentas, debió abonar con su dinero los gastos de entrega de la camioneta, el traslado, la gran cantidad de partes que faltaban y todas las reparaciones necesarias para volver a poder circular y trabajar, ya que la compañía de seguros con la que contaba en ese momento, de manera expresa y por carta documento manifestó que no se haría cargo de los daños ocasionados al vehículo, por encontrarse secuestrado o confiscado.
La demanda
Tras la odisea, demandó al Estado provincial argumentando que “recibió un trato cruel e injustificado por parte del personal policial que debía protegerlo, viendo vulnerado así su derecho a la propiedad, a trabajar y a la libertad. El reclamo inicial fue el siguiente: en concepto de privación de uso de su vehículo, la suma de $43.469,80; en concepto de disminución de valor venal la suma de $95.000 y en concepto de daños materiales la suma de $225.300. Por último, en concepto de daño moral, solicitó $350.000.
Por estos días la jueza María Paz Gallardo del Tribunal de Gestión Asociada-Primero le concedió una indemnización de $ 235.300 más los intereses correspondientes a la fecha de la sentencia.
“Es deber del Estado brindar adecuada seguridad a los rodados que se encuentren bajo su custodia en la playa oficial y adoptar toda medida para la evitación del daño en un ámbito de su exclusiva competencia. No tengo dudas en cuanto a que el Estado Provincial debe responder por los daños sufridos por la camioneta mientras se encontraba bajo su custodia”, dice la sentencia.
Luego expresa que “es lógico pensar que tenía las cuatro ruedas y la batería, indispensables para funcionar. Respecto de los restantes daños, no puede pretenderse que el actor, mientras estaba siendo detenido, hubiera podido fotografiar o dejar alguna constancia del estado del rodado. Resulta válido presumir que todos los daños denunciados se produjeron mientras se encontraba secuestrado el vehículo y depositado en la Playa San Agustín”.
La magistrada por los daños de la camioneta ordenó el pago de $225.300. En tanto que por reparaciones el tiempo que no pudo usar el vehículo ordenó el pago de $ 10.000. Con respecto al reclamo efectuado en concepto de daño moral, la jueza sostuvo que no se pudo probar el maltrato policial.
