Tras la muerte de una mula que había estado agonizando un par de días en inmediaciones del campamento Casa de Piedra, del parque provincial Aconcagua, en diciembre pasado, la Justicia y el Gobierno pusieron la lupa en las empresas que prestan servicios en el lugar y utilizan cerca de 800 animales para llevar distintas cargas hasta 5.000 metros de altura.
Por eso, esta semana se detuvo a dos arrieros y se decomisaron 70 mulas con signos claros de haber sufrido maltratos. Incluso, uno de los animales presentaba quemaduras en su piel con ácido, producto de haber transportado una batería de auto, un elemento que se usa habitualmente para abastecer distintos aparatos en Alta Montaña.
Según detallaron fuentes de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente y de la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente, Delitos contra los Animales y Delitos no especializados, se detectaron mulas lastimadas en distintas partes del cuerpo, otras que mostraban signos de debilidad y estaban mal alimentadas y hasta desnutridas.
En el parque Aconcagua hay ocho empresas autorizadas a utilizar unas 800 “mulas porteadoras” que trabajan a ritmo frenético durante la temporada de verano, para llevar cargas de los andinistas que quieren hacer cumbre, pero también para prestar servicios a gran cantidad de turistas que realizan trekking en la zona.
Cuatro de estas empresas realizan el 70% de la actividad y las restantes son más pequeñas y se quedan con el resto del trabajo.
Desde el año pasado, los animales tienen un chip por medio del cual pueden ser monitoreados. Ahora el Gobierno va a intensificar el control, solicitando informes diarios a las empresas para ver cómo se utilizan estos animales que tienen que “trabajar” un día y al siguiente descansar y ser alimentadas para luego volver a utilizarse.
Uno de los problemas detectados es que algunos arrieros ingresan las mulas por lugares no autorizados y, además, algunas empresas recargan a los animales que mejor se desempeñan, que conocen mejor el camino, y no sacan de los corrales a los que tienen de “reserva”.
“El programa de bienestar animal no se está cumpliendo”, dicen desde el Ministerio Público Fiscal. Este programa fija de manera general las conductas permitidas y prohibidas.
Así, las empresas deberían extremar los cuidados necesarios para evitar el uso de animales lastimados o la colocación y uso de atalajes que produzcan daños a los mismos, o cualquier clase de castigos extremos.
Además, específicamente, sólo se autoriza para el manejo y control del ganado el uso de “rebenques” o” fustas”, correctamente tomados por el mango, lazos y cabestros, y prohíbe la utilización de espuelas o espuelines.
Pese a la “advertencia” judicial, continuaron los maltratos
En diciembre pasado el fiscal Sebastián Capizzi “informó” a las empresas “la decisión de política de persecución penal frente al maltrato o crueldad contra los animales”.
La “advertencia” se realizó luego que se encontrara agonizando a una mula que había sido abandonada durante, al menos, dos días por una enfermedad terminal en las proximidades del campamento Casa de Piedra”, sin dar aviso las autoridades guardaparques del parque provincial ni a los veterinarios del Programa de Bienestar Animal.
Un arriero que pasaba por el lugar vio al animal y avisó a las autoridades y solicitó permiso para la eutanasia, que fue autorizada por los veterinarios del parque.
El animal era un mular macho de 15 años llamado “Lunático”, identificado con el chip 49224 que había ingresado a la quebrada Vacas el 17 de noviembre con destino Plaza Argentina, según el seguimiento que se hace desde las autoridades de Parque Aconcagua. Estaban a cargo de los arrieros José Salas, Jorge Fernández, Alexis Mercado y Martín Aguilera.
Esta semana el fiscal Gabriel Blanco llegó al parque Aconcagua junto a personal de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente, Policía de Mendoza (Dirección General de Investigaciones y División VANT) y personal del Colegio Veterinario para realizar un operativo de control.
La acción alcanzó también otras zonas como Puente de Inca, Punta de Vacas, Plaza de Mulas Confluencia, Casa de Piedra, Plaza Argentina y Pampa de Leñas, lugares en donde se utilizaron drones para facilitar las inspecciones y abarcar mayor territorio.
En total se revisaron 300 mulas, de las cuales 70 estaban en estado preocupante: presentaban heridas graves, desnutrición y otras condiciones que atentan contra su bienestar.
Durante las inspecciones, dos arrieros fueron detenidos. Ambos enfrentan cargos por infracción a la Ley 22.421 de maltrato animal. Los animales confiscados permanecen en un corral habilitado para su seguimiento y recuperación veterinaria. Hasta que esto no suceda, no podrán volver a ser utilizadas.
