Los casos de menores que cometen un homicidio son eventuales, sin embargo, ocurren. Se trata de personas que recién están transitando la adolescencia y que, según la ley vigente en el país, son inimputables. Esto implica que no pueden ser privados de la libertad ni atribuírseles el delito por vía penal. Sin embargo, no es que el hecho quede en la nada sino que son situaciones abordadas desde diversas áreas del Estado, de manera interdisciplinaria y con un seguimiento que lleva años.
El reciente caso de Joaquín Sperani, en Córdoba, conmocionó al país y dejó un montón de interrogantes, como cada vez que algo así sucede. El chico de 14 años fue asesinado a golpes en la cabeza (serían al menos 10, con un hierro y un trozo de hormigón) en Laboulaye. En principio, por uno de sus mejores amigos, de la misma edad. Los chicos habían asistido al colegio, pero salieron en medio de la jornada y el cuerpo fue encontrado a unos 100 metros del lugar.
Según ha trascendido a la prensa el presunto victimario habría confesado el crimen, fue trasladado a un centro de detención juvenil donde se le realizarán diagnósticos de diversa índole y se mantendrá a resguardo.
Es que si hay algo que observan quienes actúan en este tipo de casos es que en general, detrás del caso y en la vida de quien comete el hecho, suele haber un complejo universo de situaciones de índole psicológica, ambiental, social, vulneraciones y ausencias por mencionar algunas. Y si de ausencias se trata, entre otras, reconocen la del Estado en sus diversos estamentos, en tanto esa historia llega a sus manos luego de un hecho penal y no antes, cuando debería haber actuado. Así lo señaló Javier López Maida, subdirector de Niñez y Adolescencia de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
En definitiva, las pericias terminan por poner en evidencia que el victimario suele ser también víctima de sus circunstancias. Por ello es que la acción apunta a resguardarlo y acompañarlo, en diversos aspectos. El resguardo apunta a evitar represalias por parte de allegados de la víctima del homicidio.
“Hay que tomar medidas ante estos casos porque cuando no se toman puede darse la venganza privada, pensar que nadie hace nada, entonces va el familiar del asesinado y toma venganza y eso no se puede permitir, no se puede llegar a ese punto”, explicó López Maida.
Pero además tienen que ver con la posibilidad de realizar diagnósticos y brindar los recursos y herramientas necesarias para mejorar sus condiciones. Es por ello, que se alojan en hogares en los cuales se trabaja junto con la familia.
No punibles
La edad de imputabilidad es el límite a partir del cual los niños y adolescentes pueden ser juzgados por la Justicia Penal. La no punibilidad de los menores de 16 años en Argentina está establecida en el Régimen Penal de la Minoridad, que es la ley N° 22.278. En su artículo 1° señala que “no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación”.
López Maida detalló que en Mendoza hay un número estable de entre 27 y 30 chicos de entre 16 y 18 que son no punibles alojados en esos hogares dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. De ellos, aproximadamente unos 4 son por homicidio, es decir un 15%. Enumeró que los hechos por los que se alojan allí son los considerados graves, pueden ser homicidio, tentativa de homicidio, robos agravados con arma de fuego, con lesiones, abusos sexuales agravados y quizás una participación criminal (probablemente con mayores de edad).
Ante esto intervienen los organismos de protección de derechos a través de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) y eventualmente el Juzgado de Familia en el caso de que haya una medida excepcional.
Según detalló Jessica Benitez, Directora de Protección y Restitución de Derechos, área dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, entre 2018 a 2023, han recibido 4 casos de adolescentes que han cometido homicidio que son no punibles quienes tienen entre 13 y 15 años.
Una historia detrás
“Cuando tenemos homicidios lo primero que se hace es resguardarlo porque lo más seguro es que detrás de ese adolescente haya una problemática de consumo o de salud mental”, explicó Benitez. Estos son los dos condicionantes que suelen estar presentes y en muchos casos se suma una cuestión ambiental con familias disfuncionales.
“Cuando se empieza a intervenir en estas situaciones aparecen derechos vulnerados, un acceso al consumo desde más chicos y eso los pone en conflicto con la sociedad”, expresó. Por eso, “cuando sucede el hecho hay que resolver primero las cuestiones de base, son procesos largos, no se puede decir cuánto tiempo porque depende del caso”, refirió.
Un aspecto a considerar, teniendo en cuenta la etapa de la vida, es la escolarización. Al respecto, dijo que en general durante ese periodo la pierden, pero asimismo aseguró que en general se trata de chicos que ya tenían afectada su asistencia o su trayectoria.
“El delito es la culminación de una serie de hechos previos”, subrayó la funcionaria.
En el marco de las evaluaciones se considera su historia desde la niñez y otros aspectos como por ejemplo, según comentó, puede suceder que a nivel cerebral no actúen inhibidores que limiten una reacción tan violenta u otros factores desencadenantes.
Hechos recientes y acciones
Benitez puso en relieve que aunque no tenga punibilidad igual se trabaja en conjunto con la Justicia para generar estrategias. Además, se avanza en acciones conjuntas con los adultos responsables que están en su ciclo de vida, como padres y abuelos.
Los hogares a los que son derivados pertenecen al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (ex Dinaf) donde también hay otras personas que están en conflicto con la ley penal y son no punibles.
La funcionaria dijo que no se los puede obligar a permanecer allí pero en este tipo de hechos suelen quedarse. Según manifestó, de esos lugares no salen al menos hasta que se resuelva su situación judicial y trajo a colación que las víctimas no siempre son menores de edad. Hay hechos en Mendoza en que adolescentes actúan en ocasiones de robo mientras que apuntó que cuando la víctima es otro adolescente en general se ha llegado a un diagnóstico de salud.
El 8 de diciembre de 2011 un menor de 13 años apuñaló a un matrimonio de adultos mayores, la hija (48) y el nieto (10) en Las Heras. El chico era amigo de Ezequiel, la menor de las víctimas y vivía frente a la casa del cuádruple crimen.
En agosto de 2021, Lucía Fernández, quien tenía 15 años y vivía con sus padres en una localidad rural de Maipú, fue hallada asesinada en un descampado. Tenía heridas cortopunzantes y golpes. Por el hecho fue detenido un compañero del colegio, de 14 años.
“En esos dos casos hay una situación de salud mental”, señaló Benitez.
El año pasado, un hombre fue asesinado por un chico de 13 años en Godoy Cruz. Le dio un balazo luego de robarle las zapatillas que tenía puestas. La víctima estaba comprando en un negocio del Barrio La Gloria y el hecho sucedió luego de que el chico llegara en un taxi, intentara robar al taxista y por lo cual también le disparó en un brazo.
“Era no punible, está siendo abordado y detrás había una problemática de consumo y una familia disfuncional”, detalló la funcionaria.
Según publicó Los Andes, fueron 4 los hechos ocurridos durante 2021 en el que menores de edad fueron partícipes directos de un asesinato.
No hay un procedimiento de abordaje a seguir estipulado con estos victimarios sino que la acciones se van generando en función del caso y con intervención de especialistas. “La respuesta estatal es artesanal y para cada caso”, apuntó López Maida.
Intervienen primero los organismos penales para determinar si la persona es punible o no. Si no lo es, el fiscal penal juvenil tiene la obligación de hacer una investigación del hecho y luego la Justicia Penal Juvenil, archiva las actuaciones. Entre las cuestiones que toman en cuenta para disponer medidas consideran la reacción de la comunidad. Mencionó el caso de unos chicos que tiraron unas piedras desde un puente del Acceso Sur y mataron a un hombre que se trasladaba en su vehículo. A raíz de eso se colocó un móvil policial en el barrio de los agresores, que era un barrio vulnerable, y eso suele generar conflicto. Al avanzar el abordaje se encontró que cada uno de esos chicos tenía problemas severos en su familia: “Esto implicó una puesta en visibilidad para el Estado”, señaló.
Por otra parte hay que saber que luego de la mayoría de edad su situación no cambia, sigue siendo no punible.
Cuando ocurren estos hechos vuelve el debate sobre bajar la edad de imputabilidad. López dijo que tras un trabajo hecho con Unicef a nivel nacional, se observó que el número de casos en hechos graves era insignificante. La organización consideró que hacer una modificación de la legislación podría ser causa de denuncia internacional. Subrayó que si el Estado no puede aplicar una política pública y a cualquier hecho se le da una respuesta penal, más con tan poca cantidad de chicos, es un Estado que no está funcionando.
