La Dirección Nacional de Migraciones (DNM), dependiente del Ministerio del Interior, fue la encargada de llevar a cabo el proceso de expulsión de estos individuos, formalizando así la prohibición permanente de su ingreso al territorio argentino. El traslado de los condenados hasta la frontera fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional, cumpliendo con la medida de expulsión dispuesta por las autoridades migratorias.
Los ocho hinchas de Colo-Colo, de nacionalidad chilena, fueron condenados y expulsados de por vida de Argentina tras ser encontrados culpables de robar un quiosco en pleno microcentro mendocino. El incidente tuvo lugar durante el partido entre Godoy Cruz y Colo-Colo por la Copa Libertadores de América 2024, el pasado 22 de febrero.
Los involucrados, identificados como Katherine Romero (21), Nicolás Paredes (20), Cristian Guzmán (22), Jiovanny Tello (24), Oscar Contreras (29), Dafne Calderón (29), Emilia Valdes (21) y Guillermo Leger (29), recibieron una condena de tres años de prisión en suspenso por el delito de robo agravado cometido en poblado y en banda, según lo dictaminado por la jueza Claudia Tula.
Hoy se realizó el tralado de los hinchas trasandinos a la frontera para su expulsión de por vida. El procedimiento fue realizado por Gendarmería Nacional.
El único que queda en Mendoza
Aún queda un detenido en la provincia y se trara de Ricardo Antonio Hernández Sanhueza, un comerciante de 30 años con domicilio en la ciudad de Santiago de Chile, quien fue acusado por “abuso sexual con acceso carnal agravado por uso de armas”, un delito que tiene penas que van de los 8 a los 20 años de reclusión.
Actualmente, el comerciante chileno se encuentra en una dependencia del Servicio Penitenciario provincial, donde permanecerá hasta que se decida su suerte en una futura audiencia de prisión preventiva.
La situación del detenido es grave ya que al ser extranjero difícilmente acceda a una libertad o un beneficio de domiciliaria, dada la posibilidad de una fuga. Por otra parte, se sumó a la figura inicial el uso de armas, un detalle que no había trascendido en primera instancia, tras la denuncia y detención.
Las pericias físicas realizada a la víctima –una mujer de 29 años- por el Cuerpo Médico Forense fue la prueba que la fiscal tuvo en cuenta para fijar el agravamiento de acceso carnal, ya que se constataron lesiones compatibles con una agresión sexual. La fiscal espera para los próximos días el resultado de un cotejo de ADN que se realizó con muestras extraídas a ambos.
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