La Justicia Civil ordenó que Viviana Sacolle (52), integrante del clan Barrera, actualmente detenido y juzgado por el secuestro extorsivo y el asesinato de Diego Aliaga (50), le devuelva al hijo de la víctima una oficina de la galería Bamac, ubicada en pleno Centro mendocino. Es uno de los inmuebles cuya posesión, según la acusación penal, sería uno de los móviles del crimen.
Ayer por la mañana la jueza Roxana Álamo, del Tribunal de Gestión Asociada Primero, falló a favor de Diego Andrés Aliaga Lotero, hijo del fallecido Diego Aliaga, haciendo lugar a la acción reivindicatoria presentada por el demandante, “condenando a Viviana Elizabeth Sacolle y a todo ocupante que de ella dependa, para que en el plazo de 10 días de quedar firme la presente resolución, restituya, libre de toda posesión, el inmueble sito en calle San Martín 1425, edificio Bamac, segundo piso”, según el fallo.
La sentencia advierte que, de no cumplirse la medida, se proceda al desalojo y que, además, se haga cargo de las costas del proceso.
Por estos días, Sacolle y su marido Diego Barrera (52) y sus hijos Gastón (30) y Lucas Curí (28), están detenidos y son juzgados por el secuestro y muerte de Aliga, un despachante de aduana que, según la Justicia Federal, fue la “mano derecha” del juez federal Walter Bento en el caso por presuntas coimas a cambio de beneficios procesales.
Sacolle y su familia podrían ser condenados a prisión perpetua, tal como lo ha solicitado la fiscal de Cámara María Gloria André durante su alegato al Tribunal Oral Federal 1, conformado por los jueces Alejandro Piña, María Paula Marisa y Alberto Carelli.
La demanda civil
La demanda sostiene que el 30 de diciembre de 2020 Aliaga adquirió la oficina en la Bamac mediante escritura pública que fue inscripta por un escribano en el Registro Público y Archivo.
Luego indica que la ocupación del inmueble es injustificable y que ha sido notificada mediante acta extraprotocolar, pero sin respuesta alguna, por lo que considera que la mujer ocupa la oficina de forma ilegal.
Sostiene que es titular registral del inmueble, que no lo ha vendido, que paga los impuestos, en tanto que la mujer no tiene ningún tipo de título válido.
Sacolle contestó la demanda sosteniendo que “es propietaria y poseedora en virtud de un boleto de compraventa de fecha 23 de septiembre de 2019″.
Para la jueza, la acción reivindicatoria objeto del conflicto fue entablada a Aliaga y se funda en la escritura pública del 30 de diciembre de 2020. En tanto que Sacolle funda la posesión del inmueble, por boleto de compraventa de fecha 13 de septiembre de 2019, es decir, anterior al título presentado por Aliaga.
Pero se observa que el inmueble fue transferido a Diego Andrés Aliaga por los propietarios anteriores, en tanto “el boleto de compraventa, más allá de que no tiene fecha cierta, no puede ser considerado título suficiente ni justo título, fue suscripto por el señor Diego Aliaga (padre), es decir, por quien no reviste el carácter de propietario del inmueble pretendido”.
El fallo sostiene que “la prueba ofrecida por la demandada ha sido declarada caduca, por lo que existe la más absoluta orfandad probatoria sobre la posesión invocada”.
Por otro lado, “el actor ha demostrado su mejor derecho a poseer, mediante título suficiente y modo, sin que haya podido ser el mismo debilitado en forma alguna.
Además, la inscripción registral se exige frente a terceros de buena fe, condición que no puede alegar quien es un poseedor sin título.
Los móviles del crimen de Aliaga
El Ministerio Público Fiscal le atribuye a la familia Barrera y al chofer Yamil Rosales haber planificado e intervenido en la sustracción, el ocultamiento y la retención de Aliaga con el fin de obligarlo, con amenazas y coacciones, a que les otorgase la documentación de dos propiedades sin pagarlas: un boleto de compraventa y un recibo de cancelación de venta de la casa ubicada en la manzana 41 del barrio Dalvian, de Ciudad, y otro boleto de compraventa de una oficina del segundo piso de la galería Bamac. Ambas propiedades de Aliaga.
También obligaron a la víctima a develar dónde guardaba los documentos de un Chevrolet Camaro y un Jeep Wrangler con el fin de quedárselos. Además, querían evitar que Aliaga les quitara dos minibuses Mercedes Benz Sprinter que habían sido adquiridos en junio y julio de 2020 y pagados en efectivo con dólares que les había entregado Aliaga. Los vehículos estaban a nombre de Sacolle, pero la víctima tenía formularios 08 firmados por la mujer como vendedora.
