La fiscal María Gloria André solicitó la pena de prisión perpeuta para el clan Barrera por el secuestro y muerte de Diego Aliaga (51), el despachante de aduana que mutó a informante policial y que, para la Justicia Federal, habría sido la “mano derecha” del juez federal Walter Bento, en el caso por presuntas coimas a cambio de benéficos procesales.
El pedido fue realizado esta mañana ante el tribunal Tribunal Oral Federal 1 –conformado por los jueces Alejandro Piña, María Paula Marisi y Alberto Carelli- durante la tercera jornada de alegatos que continuará la semana próxima con la exposición de los abogado de la familia de la víctima y luego será el turno de los defensores.
Concretamente André solicitó perpetua para cuatro acusados: Diego Barrera (52) su pareja, Viviana Sacolle (52) y a los hijos de la mujer, Gastón (30) y Lucas Curi (28)
En tanto que para el chofer Yamil Rosales la pena solicitada fue de 25 años de prisión ya que este imputado prestó colaboración para hallar el cuerpo de Diego Aliaga.
Para todos se solicitó la máxima pena por los delitos de secuestro extorsivo con intencion de pedir un rescate, agravado por haber sido cometido por tres o más personas, que tuvo como resultado el homicidio de la víctima y también por robo.
La fiscal encontró culpable a todos los acusados por el delito que fija el artículo 142 bis de Código Penal que dice “cuando retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero, a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad. Delito que tiene pena de “prisión o reclusión perpetua si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida”.
También les endilgó el artículo 170 que dice: - Se impondrá reclusión o prisión de cinco al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate, que en el caso en que “La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causara intencionalmente la muerte de la persona ofendida”.
Por último también los acusó de robo, por se habrían quedado con el 08 de un Ford Camaro que era de Aliga.
La fiscalía analizó en detalle la situación de Rosales porque ni bien fue detenido firmó un pacto de colaboración que, en teoría, le podría haber bajado la condena a 15 años de cárcel –su ayuda fue inestimable para hallar el cuerpo de Aliaga que estaba enterrado en una zona inculta de Lavalle-.
Pero luego, durante el debate cambió su colaboración y afirmó que había mentido en todo lo que dijo en el acuerdo, salvo en el lugar, donde se enterró a la víctima, y además ocultó información que conocía, la fiscal finalmente solicitó una pena de 25 años, advirtiendo que es “una reducción significativa”.
Además, André solicitó que se extraiga compulsa para que se investigue a Rosales porque habría mentido, segun lo establece el artículo 276bis, para los que se acogen al instituto del arrepentido y mienten.
Los argumentos de la fiscalía
“Esta historia no tiene otro fin que la muerte de Diegio Aliga”, dijo André, afirmando que lograron el propositivo porque Aliga bajo presión les firmó los documentos para traspasrles bienes de su propiedad.
“Fue un hecho planificado, tanto el secuestro como el fin. No fue un resultado no querido, fue algo en que todos los imputados intervinieron desde el principio”, argumentó.
Explicó que lograron que Aliaga firmara documentos bajo presión, tal como los dijeron los peritos calígrafos que analizar firmas y aclaraciones realizados por el hombre y que también hubo un pedido de un rescate de 1 millón de dólares que finalmente fracaso y que para los imputados fue solo con la idea de disimular la muerte.
En cuanto al móvil de crimen, “fue económico, la maniobra era para apropiarse de los bienes de la víctima”, dijo la fiscal, y analizó que no tenían dinero para poder comprar esos bienes, porque tenían problemas económicos, deudas y “cheques rechazados por todos lados”.
“No eran socios, sino que aliaga le prestaba dinero” y en el instituto de rehabilitación de Guaymallén Aliaga ponía la plata y barrera los contactos”.
Como sostuvo durante las tres jornadas de alegatos la fiscal volvió a referirse a que se trató de un plan coordinado donde todos estuvieron participando, repasando algunas escuchas y contraponiéndolas con otros datos que surgieron durante la investigación que realizó el fiscal Fernando Alcaraz.
Además desechó la hipótesis de las defensas en las que se argumentó una muerte accidental. Es que según las pericias forenses, la muerte fue por asfixia mecánica producida por un factor externo: una remera que le pusieron en la boca que impidió el paso de aire.
La investigacion del caso Aliaga
El Ministerio Público Fiscal le atribuye a la familia Barrera y a Rosales haber planificado e intervenido en la sustracción, el ocultamiento y la retención de Aliaga, con el fin de obligarlo, con amenazas y coacciones, a que les otorgase la documentación de dos propiedades sin pagarlas: un boleto de compraventa y un recibo de cancelación de venta de la casa ubicada en la manzana 41 del barrio Dalvian, de Ciudad, y otro boleto de compraventa de una oficina del segundo piso de la Galería Bamac, en Ciudad. Ambas propiedades de Aliaga.
También obligaron a la víctima a develar dónde guardaba los documentos de un Chevrolet Camaro y un Jeep Wrangler con el fin de quedárselos. Además, querían evitar que Aliaga les quitara dos minibuses Mercedes Benz Sprinter que habían sido adquiridos en junio y julio de 2020 y pagados en efectivo con dólares que les había entregado Aliaga. Los vehículos estaban a nombre de Sacolle, pero la víctima tenía formularios 08 firmados por la mujer como vendedora.
Yamil Rosales (a la izquierda, de barba sentado) junto a Diego Barrrera, con barbijo. Dos de los acusados del por el secuestro y muerte de Diego Aliaga. / Ignacio Blanco - Los Andes
Todo comenzó el 28 de julio de 2020 a las 8.48, cuando las cámaras de la seguridad de Palmares registraron a la víctima y a una mujer saliendo a bordo de una camioneta BMW X6 para llevarla a su casa, en Maipú. A las 9.30 se dirigió a la casa que tenía en Bandera de los Andes 9840 de Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Dejó el auto en la puerta, ingresó y esa fue la última vez que fue visto con vida.
En esa casa estaba Barrera esperándolo porque allí ambos iban a montar centro de rehabilitación para discapacitados que iba a dirigir Sacolle. Lo cierto es que entre Barrera, Gastón Curi y Rosales lo redujeron y lo habrían subido a una Sprinter naranja que llevó hasta el lugar Lucas Curi. Las cámaras de la zona permitieron ver cómo estos sujetos entraron y luego salieron con la Sprinter y un Chevrolet Celta y se iban luego hacia un depósito ubicado en Jujuy 840 de Ciudad de Mendoza, donde llegaron cerca de las 11.
En ese depósito Barrera y Rosales y tal vez otras personas que no han sido identificadas retuvieron a Aliaga por la fuerza. Mientras este ocurría Viviana Sacolle se comunicaba por teléfono con sus hijos y su pareja.
Por la tarde, Barrera fue a la casa de Aliaga, desconectó la cámara de seguridad y se habría apoderado de la documentación de las casas y los vehículos. Estos documentos fueron secuestrados luego en la casa que los Barrera habitaban en el barrio Dalvian pero que le pertenecía a Aliaga.
Para los investigadores, los Barrera habrían realizado un llamado extorsivo al hermano de la víctima para obtener un rescate. El 30 de julio, mientras Gonzalo Aliaga denunciaba en la Oficina Fiscal 19 la desaparición de su hermano, recibió un llamado: “Dejá de revolver el avispero y andá juntando el palo verde que ya te vamos a llamar”. La investigación determinó que esa llamada la hizo Gastón Curi. A partir de ese momento no se volvió a recibir ningún mensaje.
Caso Aliaga: víctima y presuntos victimarios residían en exclusivos barrios.
Según la información que se logró determinar a través de la necropsia, antes del 10 de agosto Aliaga fue asesinado. La muerte fue ocasionada por asfixia mecánica para ocultar el secuestro y robo de documentación de bienes registrables y personales, celular y reloj de la víctima.
Tras darle muerte, los acusados habrían llevado el cadáver de Diego Aliaga hasta un campo inculto en la localidad de Costa de Araujo, Lavalle, ubicado a unos 5 kilómetros, en Callejón Estrella y ruta 142.
Allí, en la tarde del 10 de setiembre, la Policía encontró el cadáver de la víctima enterrado, cubierto parcialmente por una frazada. El cadáver tenía un bóxer de color negro y un cuello polar negro y una bufanda del mismo color le cubría la cabeza. También una cinta adhesiva de azul le cubría la boca.
