Estuvo prófugo 12 años por un gravísimo hecho, pero desde su segunda detención su situación procesal se va complicando cada vez más con el paso de los meses. Se trata de uno de los acusados de asesinar a un policía en un golpe comando, episodio ocurrido en 2008 en el ingreso a la universidad Juan Agustín Maza en Guaymallén. El hombre será juzgado próximamente.
La investigación contra Víctor Miguel García (54) culminó y este miércoles las partes celebraron la audiencia de sorteo del jurado, debido a que este hombre deberá enfrentar un debate popular.
Está imputado por homicidio criminis causa en concurso ideal con homicidio agravado por ser la víctima un funcionario policial y agravado por el uso del arma de fuego, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser en poblado y en banda, en grado de tentativa. Esta batería de delitos tiene pena única de prisión perpetua por el crimen de Eduardo Correa (42), un cabo de la Fuerza que la noche del 1 de septiembre de 2008 custodiaba un blindado que iba a retirar el dinero depositado en el banco ubicado en la casa de estudios de calle Bombal.
Hace 13 años, alrededor de las 20, la víctima fatal y una uniformada identificada como Natalia Cortés, observaron la llegada repentina de varios vehículos. De una Toyota Hilux, de un Fiat Palio y de dos Peugeot -un 504 y un 206- bajaron los sujetos que tenían como objetivo el camión de caudales.
Los efectivos advirtieron la maniobra y abrieron fuego contra los delincuentes. Sin embargo, ambos policías terminaron heridos. A Correa le acertaron 10 balazos en el cuerpo, mientras que a su compañera le impactaron dos tiros. El hombre murió en el acto y la vida de la mujer no corrió peligro. Uno de los delincuentes fue lesionado en un hombro y al presentarse en el hospital Central quedó detenido como sospechoso.
La búsqueda
El plan de los ladrones no se cumplió y debieron escapar sin robar nada. A tres días de la tragedia, la investigación tuvo avances importantes: arrestaban a tres acusados más y el caso se encaminaba a su resolución.
Semanas después, el por entonces fiscal Eduardo Martearena pedía la prisión preventiva de los imputados, pero Víctor García zafaría en esta medida.
El fiscal apeló la decisión y un juez de segunda instancia le dio la derecha, pero luego fue la defensa la que reclamó y el contrapunto llegó a la Suprema Corte. La Sala Penal ordenó la preventiva, aunque cuando lo fueron a buscar, García ya se había fugado.
Se mantuvo en la clandestinidad hasta diciembre de 2020, cuando finalmente lo capturaron y lo pusieron a disposición de la nueva fiscal del caso, la doctora Claudia Ríos Ortiz. Desde entonces la pesquisa en su contra fue muy rápido, gracias a las pruebas que tenían los investigadores, entre ellas, la ubicación de su celular a través de las antenas, lo que lo puso en la escena del crimen esa noche, los llamados con otros miembros de la banda en los días previos y partes de la camioneta usada en el atraco que fueron encontradas en su casa.
García irá al banquillo de los acusados en un juicio por jurado en las próximas semanas y espera esta instancia en la cárcel, a pesar de sus intentos de acceder a una detención domiciliaria. El sospechoso hizo este pedido ya que asegura haber sufrido tres ACV. Sin embargo, la jueza que entiende en la causa, Nancy Lecek, ha rechazado el planteo.
Dos perpetuas
El 6 se septiembre de 2011, a tres años del asesinato del cabo Eduardo Correa, fueron condenados Víctor Vargas y Darío Cantos. Ambos recibieron la pena máxima.
Vargas es un ex policía que había estado en la mira por otros golpes resonantes. Uno de ellos fue el asalto en el banco Nación de Palmares, en 2004, y el otro fue un episodio que terminó con la vida del ex uniformado y custodio de Montemar, Enrique Flores, en 2006 en Ciudad. En las dos causas el acusado había sido absuelto.
Por su parte, Cantos fue el delincuente que resultó herido en el tiroteo en la Maza y su sangre quedó en la escena como prueba. En aquel debate hubo un tercer imputado que no tuvo sentencia ya que la fiscal de cámara, Susana García, optó por no pedir penas para él en los alegatos.
