El Juzgado Federal 3 ordenó la detención de tres ex policías a los que acusó de la desaparición forzada de Christian Guardati (21), el joven desaparecido en la comisaría del barrio La Estanzuela de Godoy Cruz en mayo de 1992.
Se trata del ex comisario mayor Ramón Ignacio Ahumada, del ex subcomisario Adolfo Siniscalchi y al ex oficial subinspector Ramón Falcón, quienes fueron detenidos en la mañana de ayer y fueron procesados por el juez Marcelo Garnica por el artículo 142 primer y segundo párrafos de Código Penal, que ordena:
“Se impondrá prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.
Y agrega que “la pena será de prisión perpetua si resultare la muerte o si la víctima fuere una mujer embarazada, una persona menor de 18 años, una persona mayor de 70 años o una persona con discapacidad. La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre”.
El magistrado consideró que Falcón sería coautor del hecho en sí, en tanto que Ahumada y Siniscalchi como “coautores mediatos”.
Tras ser indagados, los tres volvieron a sus casas, ya que dos de ellos tienen prisión domiciliaria y el tercero es un paciente oncológico, explicó una fuente que trabaja en el caso.
Las detenciones se produjeron a pedido de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos de Mendoza, que encabeza el fiscal general Dante Vega e integran los auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar, y que intervienen en el caso por disposición del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal.
También había ordenado la detención del ex principal Roberto Rubén Sisterna López, pero se determinó su fallecimiento.
En septiembre pasado, los representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron la nulidad de los sobreseimientos dictados por la justicia provincial en favor de los policías del Destacamento de La Estanzuela y su detención junto a la de los oficiales de la comisaría Séptima de Godoy Cruz. Esa solicitud derivó en la orden judicial -que hizo lugar parcialmente al pedido- de allanamiento de una serie de domicilios y de detención de los efectivos de la comisaría séptima, que fueron indagados ayer. Con relación a los efectivos del destacamento La Estanzuela, el Ministerio Público Fiscal adelantó que recurrirían la decisión que rechazó el pedido de nulidad y las imputaciones respectivas.
Larga historia judicial
El caso Guardati, tras ser calificado desde 2017 como un delito imprescriptible por ser una “desaparición forzada”, se lo considera un crimen de lesa humanidad. Desde ese momento dejó el ámbito de la justicia provincia y pasó a ser investigada primero por la Fiscalía Federal de Primera Instancia 2 de Mendoza y, desde mayo de 2023, por la Fiscalía de Lesa Humanidad de Mendoza.
Desde junio de año pasado el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de $1.500.000 a quien aporte datos sobre su paradero. Según reza el pedido oficial, Paulo Christian Guardati, era “argentino, titular del DNI 22.201.904, nacido el 12 de abril de 1971, hijo de Juan y de Segunda Gladys Lavizzari, soltero, 1.70 de estatura, cuerpo delgado, cabello negro ondulado, cutis trigueño, marcas de acné en el rostro, cicatriz en la ceja derecha”.
Según se detalla en el ofrecimiento oficial, en la madrugada del 24 de mayo de 1992, Guardatti fue visto por última vez, luego de asistir a una fiesta organizada para recaudar fondos en la escuela Anastasi, en el barrio La Estanzuela, de Godoy Cruz.
Según la versión judicial de caso, Guardati habría sido “aprehendido por una persona de género masculino de 1.75 metros de altura, de pelo oscuro y tez blanca, pantalón azul con una raya blanca en su costado, borceguíes similares a los utilizados por personal policial y un bolso naranja en las inmediaciones de la escuela, precisamente frente a la manzana 32, conforme al actuar sería personal policial”.
Los testigos presenciales detallaron que este sujeto realizó disparos de arma de fuego intimidatorios comenzando con una persecución que finalizó con la aprehensión de Guardati, arrojándolo al piso mientras apuntaba con un arma de fuego, colocándole la mano en la nuca conforme al procedimiento policial, para dirigirse caminando hacia el destacamento La Estanzuela, sin poder confirmar el ingreso del mismo.
Inicialmente los únicos imputados en el caso fueron los agentes Walter Rubén Godoy, José Aracena y Walter Rolando Páez y el cabo Oscar Ramón Luffi, quienes prestaban servicios en la repartición de La Estanzuela la noche en que desapareció Guardati pero finalmente resultaron sobreseídos.
En el año 1998, Mendoza reconoció la desaparición forzada del albañil e indemnizó a su madre con 136 mil pesos a la madre de la víctima. Este resarcimiento económico fue establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y avalado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
En 2012, un testigo de identidad reservada llevó a que se buscaran los restos de Guardati en el cuadro 34, del cementerio de la Capital. Es decir, junto al cuadro 33 donde se sepultaron a NN e incluso algunos de los denunciados como desaparecidos durante la última dictadura militar. La búsqueda fue un fracaso.
Desde que se denunció, el caso ha tenido gran cantidad de versiones que se encuentran en 24 cuerpos que tiene el expediente. Con anterioridad ya había sido buscado en algunos parajes del piedemonte mendocino e incluso en el destacamento de La Estanzuela en Godoy Cruz, lugar donde -se denunció- fue llevado detenido.
Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la justicia dependiente de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de este Ministerio, al número telefónico de acceso rápido 134.
