Es tiempo de definiciones en la Justicia Federal de Mendoza para una presunta banda que se habría dedicado a comercializar facturas apócrifas y que estaba integrada por cuatro contadores -entre ellos el ex legislador del PD Armando Morón (57)- y cinco personas más, todas imputadas por ser parte de una asociación ilícita que habría funcionado entre 2012 y 2018.
El próximo martes la fiscal federal María Gloria André abrirá los alegatos en un debate presidido por los jueces Alberto Carelli, Roberto Nacif y Waldo Piña, que tiene en el banquillo de los acusados a una presunta organización delictiva liderada por la contadora Silvia Gulino Ríos (55) y el martillero público Daniel Cacciavillani (53). También estaba conformada por Morón y los contadores Sandra Meldando (52) y Carlos Aguirre (46).
Además están imputados Florencia Morichetti, Romina Molina Gulino, Carla Saavedra y Walter Lobos.
Entre todos habrían llegado a “mover” un negocio de $270 millones, afectando al fisco en unos 160 millones, por lo que podrían recibir penas que van de los 3 a los 10 años de prisión.
Inicialmente la AFIP comenzó a investigar a un comerciante quien dijo que su contadora Gulino le había pedido que les dijera que no la conocía, ni tampoco a una empresa que era supuestamente su proveedora. En AFIP existía información de que ese comerciante había facturado electrónicamente a terceros por un valor aproximado a $35 millones, algo que no era cierto. Entonces el comerciante denunció a Gulino, advirtiendo que sólo su contadora conocía su clave fiscal.
La investigación
Según la pesquisa realizada por el fiscal Fernando Alcaraz, todo comenzó cuando la AFIP-DGI solicitó que se investigara a Gulino, Caciavillani, Saavedra y Lobos y a otras personas que luego no fueron imputadas, ya que habrían estado confeccionando y comercializando facturas apócrifas (tanto de miembros de la organización como de terceros contribuyentes) para generar créditos fiscales y gastos ficticios para luego vender con sus “clientes” a cambio de una comisión del 35% de la facturación “vendida”.
La maniobra permitía que sus clientes disminuyeran sus saldos a pagar en el Impuesto al Valor Agregado y en el impuesto a las Ganancias, perjudicando así la recaudación del fisco nacional por una suma que luego fue calculada en $160 millones.
Luego el Ministerio Público Fiscal pudo establecer que en la oficina de Gulino, ubicada en calle Mitre al 600 de Ciudad, “funcionó una usina de facturas apócrifas destinada a la comercialización de las mismas, integrada por varias personas que, en forma habitual y permanente, cumplirían distintos roles dentro de la organización delictiva, siendo Gulino y Cacciavillani los jefes”.
Según la acusación, la mujer se habría encargado de confeccionar las facturas apócrifas a comercializar y el hombre -en ese momento su pareja-, se habría encargado de ofertar esas facturas, conseguir los contribuyentes “clientes”, trasmitirle a Gulino los encargos, entregar los pedidos y realizar las cobranzas relativas a la comisión.
Este entramado quedó claro cuando se detuvo a la pareja y se pudo acceder a sus correos electrónicos donde ambos se explayaban sobras las presuntas actividades ilícitas. En estos mails constan tanto los pedidos como los envíos de facturas electrónicas apócrifas.
La investigación permitió establecer el rol que cumplía cada uno de los restantes imputados. Los contadores Aguirre, Morón y Maldonado eran “distribuidores/intermediarios” del producto fiscal espurio comercializado por la usina y que fuera adquirido para sus propios clientes, propagando de este modo los alcances de la actividad ilícita y logrando de esta forma el crecimiento exponencial de la organización y la actividad ilícita desplegada, constituyéndose en los encargados de conquistar ‘nuevos mercados’", dice la acusación.
Los otros imputados trabajan en los estudios de los contadores y sabían que las actividades que realizaban no eran lícitas.
