La Justicia ordenó que la Unidad Fiscal de Homicidios reabra la investigación por la muerte de un jubilado que fue abatido por un policía en enero pasado, en su casa de Godoy Cruz, durante un fallido allanamiento.
Además, el Tribunal Penal de Apelaciones, conformado por los jueces Claudia Vallejo, Horacio Cadile y Ramiro Salinas, apartó del caso a la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien había realizado de forma meteórica el cierre de la investigación, considerando que se había tratado de un caso de legítima defensa y luego solicitando el sobreseimiento del uniformado, algo que fue aceptado en primera instancia. De esta forma, el tribunal aceptó la apelación realizada por los abogados de la familia Roux que se opusieron al sobreseimiento dictado en abril pasado.
Ahora, la causa volverá a la Fiscalía de Homicidios y será otro fiscal el que deberá reabrir la investigación por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser un funcionario de una fuerza de seguridad.
Allanamiento y muerte
En la mañana del 17 de enero pasado, efectivos de la Unidad Investigativa de Godoy Cruz allanaron una vivienda ubicada en calle Alem al 2100, en Godoy Cruz, buscando un arma con la que el dueño de casa, el jubilado Raúl Gabriel Roux, de 78 años, había amenazado a un sobrino. Uno de los uniformados le disparó al dueño de casa y lo mató.
Al día siguiente, la fiscal Ríos imputó al tirador por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y decidió dejarlo en libertad frente a las pruebas recogidas durante las primeras horas de la investigación.
El caso, anunciaron desde el Ministerio Público Fiscal, iba camino a cerrarse. Y a los cinco días la Inspección General de Seguridad (IGS) fue informada de que el efectivo iba a ser sobreseído.
El 22 de abril la fiscal solicitó el sobreseimiento del uniformado, sosteniendo que se había tratado de un caso de legítima defensa, en tanto que Sebastián Barschtein, uno de los abogados de la familia Roux, pidió que se le dictara prisión preventiva y que el uniformado quedara en la cárcel. La jueza Natalia Florencia Didier aceptó el pedido de la fiscalía y dictó el sobreseimiento.
“No se hizo reconstrucción del hecho, no declaró el personal del SEC (Servicio de Emergencias Coordinado) que lo asistió, no declaró el sobrino que había hecho la denuncia, la ropa no apareció, es decir que se nos negaron la producción de esas pruebas”, se quejó Barschtein.
También consignó “la rapidez con que se hizo la investigación, que terminó con el sobreseimiento y las contradicciones de algunos testigos del hecho”.
“La familia quiere saber qué le pasó al señor Roux, que se investigue el caso en profundidad y llegue a juicio para ver de qué forma se produjo la muerte y si hubo legítima defensa o bien el policía se excedió en su accionar”, afirmó el abogado de la familia Roux.
Por eso, el querellante apeló el sobreseimiento y el 8 de julio comenzó una audiencia presidida por los jueces Vallejo, Cadile y Salinas. El martes pasado el tribunal decidió aceptar el pedido de la familia para que se reabra la investigación, es decir, revocó el sobreseimiento. Además, ordenó apartar a la fiscal Ríos y que otro fiscal de Homicidios inicie una nueva investigación.
La versión policial
Según la versión dada a conocer por el Ministerio de Seguridad y Justicia, el hecho ocurrió el 17 de enero pasado, a las 7.20, cuando personal de la Unidad Investigativa de Godoy Cruz llegó a la vivienda de Roux para realizar un allanamiento ordenado por un juez por el delito de “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego”.
En presencia de un testigo, los uniformados golpearon la puerta pero nadie los atendió, por lo que irrumpieron por un portón. Al llegar a un pasillo, se encontraron con un hombre armado. Los policías se habrían identificado y mostrado la orden judicial, pidiéndole que bajara el arma, algo que el dueño de casa no habría hecho, al tiempo que los habría amenazado.
Frente a la situación, uno de los policías le disparó. Roux fue trasladado al hospital Central, donde falleció como consecuencia de una “herida de arma de fuego a la altura paraesternal anterior derecha del tórax con orificio de entrada y orificio de salida”.
Los peritos de Policía Científica secuestraron de la vivienda una pistola Bersa calibre 22 de color plateado con un proyectil en la recámara y 10 en el cargador. También se secuestró una vaina servida calibre 9 milímetros que fue disparada por el policía.
Una fuente judicial explicó que el hombre era buscado en relación al expediente 5379/24 Averiguación Amenazas Agravadas por el Uso de Arma de Fuego. La víctima había sido denunciada por su propio sobrino y el allanamiento se hizo para retirarle el arma a pedido de la fiscal de Delitos No Especializados Patricia Atur.
Según explicó una fuente judicial, Roux tenía antecedentes por el mismo delito: amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, con una condena, incluso. En mayo de 2019 la jueza Patricia Alonso, del Juzgado Penal Colegiado 2, le impuso una pena de un año de prisión condicional durante un juicio abreviado.
La causa fue investigada por el fiscal Gabriel Blanco, quien llegó a un acuerdo con el defensor del acusado y se declaró culpable, previo a que se homologara judicialmente el convenio de partes.
