La policía detuvo anoche al socio de Diego Alfredo Aliaga (51), el despachante de aduana cuyos familiares denunciaron que había sido secuestrado hace una semana y que sus presuntos captores habían solicitado 1 millón de dólares para dejarlo en libertad. La justicia sigue sin saber el paradero de la víctima.
En el marco de una investigación que lleva adelante el Fiscal Federal Fernando Alcaraz, la Policía de Mendoza realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Dalvian de Ciudad. Allí fueron detenidos el dueño de casa, Diego Alejandro Barrera Leucrini (51), su pareja, Bibiana Siacolle (46), y los dos hijos de la mujer, jóvenes de apellido Curi de 28 y 26 años.
Además, se secuestraron computadoras, teléfonos y una serie de vehículos de alta gama –un Porsche Cayennne, un Chevrolet Camaro, un camioneta Chevrolet importada 4x4, un Chevrolet Celta y una moto- para ver si hay rastros de Aliaga y ver si estos vehículos tiene GPS que pueden servir para saber dónde está Aliaga.
Aliaga y Barrera son socios y se dedican a comprar terrenos, entre otros negocios. Barrera tiene antecedentes judiciales por robo agravado, amenazas, paradero, y falsa denuncia. Aliaga, por su parte, tiene un par de causas por infracción al código aduanero y una prohibición para salir de país de 2019.
El martes pasado Aliaga y una mujer salieron de su casa de Palmares para ir ver un terreno que había adquirido en Guaymallén.
Las cámaras de seguridad de Palmares registraron que el mismo auto regresó más tarde al exclusivo barrio privado pero con otro conductor: Barrera, quien tenía la tarjeta de Aliaga para poder ingresar al lugar. Barrera entró a la casa de Aliaga y podría haber tomado el registro de las cámaras de seguridad y tal vez otras pertenencias de la víctima.
Esta prueba no es la única que complica al detenido. Además, Barrera habría mentido al declarar que, al momento en que desapareció su socio estaba en un lugar y luego se comprobó que estaba en otro.
Así las cosas, los investigadores no descartan que se trate de un homicidio y no de un secuestro extorsivo por lo que la causa podría pasar a la justicia mendocina y dejar el ámbito federal.
El caso
La desaparición de Diego Aliaga comenzó a investigarse como averiguación paradero y luego se derivó a la fiscalía federal. Es que tras las primeras 24 horas de búsqueda, su familia recibió una comunicación en la que les exigían una suma de dinero para el rescate.
El llamado fue breve pero alcanzó para ordenar las primeras medidas de la causa. Una de ellas fue el seguimiento del teléfono celular de la víctima, que marcó que hubo una conexión a internet el miércoles 29 de julio. El hombre desapareció un día antes.
Según las primeras hipótesis, habría sido privado de su libertad cuando se dirigía una propiedad en Guaymallén que recién adquiría. Los presuntos captores no volvieron a contactarse con la familia de Aliaga, lo cual llama la atención de los pesquisas, si es que el objetivo de los delincuentes eran negociar dinero.
