El teléfono del desaparecido empresario y despachante de aduana Diego Aliaga (51) es la pieza más buscada del presunto secuestro extorsivo que investiga la Justicia Federal de Mendoza desde hace un mes.
Los investigadores creen que, de encontrarse el aparato de la víctima, podrían conocerse los últimos movimientos de Aliaga, no sólo en relación a Diego Barrera (51), socio informal de la víctima, sino también a los otros tres detenidos: Viviana Sacolle (46) –pareja de Barrera- y sus dos hijos: Lucas (26) y Gastón Curi (28) y, tal vez, de otros personajes que podrían ser parte de la causa que se mantiene aún bajo secreto de sumario.
Pero, por otra parte, muchos observadores del caso están atentos –y algunos, incluso, más que temerosos- a la aparición de ese teléfono porque podría tener información que oriente, confirme o desestime las tres hipótesis de caso: homicidio, secuestro extorsivo o fuga de la víctima a otro país.
Según fuentes consultadas por Los Andes, a Aliaga lo relacionan con los “importadistas”, esos comerciantes que a veces son importadores, a veces contrabandistas, o las dos cosas a la vez. Estas actividades podrían tener relación con la desaparición del despachante de aduana.
¿Testigo arrepentido?
Otra teoría que manejan los observadores del tema es que cualquiera de los detenidos decida aportar datos sobre el destino final de Aliaga y sobre la desaparición de su teléfono y termine convirtiéndose en una suerte de testigo arrepentido, para favorecer a los otros detenidos.
Estas triangulaciones podrían derivar en que se abra otra causa y que incluso se llegue a allanar –buscando a Aliaga- una bonita estancia ubicada en Tupungato que estaría en manos de un testaferro.
Según trascendió, Aliaga y Barrera se conocieron a través de un abogado que los contactó por un tema relacionado con cuestiones aduaneras. Luego se hicieron socios de palabra y amigos: Aliaga le cedió, prestó o alquiló una casa que tiene en el barrio Dalvian, y también habrían comprado una propiedad a medias en Guaymallén.
Por lo pronto, un avance importante en la causa que llevan adelante el fiscal Fernando Alcaraz y el juez Marcelo Garnica fue saber dónde se compró el teléfono desde donde se le pidió a la familia de Aliaga el pago de un millón de dólares, no sólo porque señalaría como comprador del aparato a un joven con barbijo que podría ser uno de los jóvenes detenidos.
Este dato refuerza la hipótesis de que existió un plan extorsivo que podría haber terminado con el secuestro y tal vez con el homicidio de Aliaga. Es que ese teléfono que sólo se usó para hacer una llamada, confirma un plan extorsivo. Por lo tanto, la causa seguirá siendo federal y no pasará a la Justicia provincial como si fuera un simple homicidio.
El caso
El martes 28 de julio, Aliaga y una mujer salieron de su casa de Palmares para ir a ver una propiedad que había adquirido en Guaymallén. Fue la última vez que fue visto.
Las cámaras de seguridad del complejo registraron que el mismo auto regresó más tarde al exclusivo barrio privado pero con otro conductor: Barrera, quien tenía la tarjeta de Aliaga para poder ingresar al lugar. Barrera entró a la casa de Aliaga y podría haber tomado el registro de las cámaras de seguridad y tal vez otras pertenencias de la víctima.
