En agosto de 2019, una joven denunció a su tío, un conocido empresario mendocino, de haber abusado sexualmente de ella en su adolescencia, pero días atrás el caso pasó a ser casi inédito debido a que a escasos pasos de que se dictara la sentencia, los jueces a cargo decidieron anular el proceso alegando que no estaba bien fundamentada la acusación fiscal.
Ante ello, el defensor solicitó la libertad de su cliente o, en subsidio, la prisión domiciliaria. Pero otro tribunal rechazó ayer ambos pedidos, por lo que continuará detenido en el penal provincial. Ahora la denunciante es asistida por una asociación civil nacional.
Denuncia y un caso “abandonado”
Casi tres años han pasado desde el momento en que la víctima se animó a contarle a su madre lo sucedido y radicar la denuncia. La mujer, que actualmente tiene 24 años, aseguró ante las autoridades que los abusos comenzaron cuando tenía 11 años y se extendieron hasta que cumplió 19.
El hombre señalado como el autor de los aberrantes hechos quedó detenido y el caso pasó a manos de la fiscal de Delitos Sexuales Virginia Rumbo, quien lo imputó por abuso sexual agravado gravemente ultrajante y promoción de corrupción de menores, ambos cargos agravados por ser encargado de la guarda de la víctima.
En aquel entonces el acusado obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, donde era monitoreado con tobillera electrónica. Pero tras romperla, la Justicia determinó en 2021 que debía ser trasladado a la cárcel hasta esperar el juicio, que comenzó el 8 de junio pasado y que luego de un mes de presentación de pruebas, testimonios y pericias, terminó generando polémica en el ambiente judicial.
Durante la semana pasada llegó la noticia menos esperada para la víctima. El tribunal a cargo, compuesto por los jueces Aníbal Crivelli, Ariel Spektor y Alejandro Miguel, que debía dictar sentencia esta semana, avisó que la resolución quedaba anulada bajo la explicación de que la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual no había podido defender su postura. Así, sugirieron que la investigación empiece desde cero.
Ayer, los jueces Eduardo Martearena, Belén Renna y Agustín Chacón, decidieron por unanimidad rechazar tanto la libertad como la prisión domiciliaria, ambos beneficios que había solicitado el abogado Juan Day, defensor del detenido.
Una situación difícil
Desbordada por la situación, la joven víctima elevó su pedido de ayuda a la asociación civil Red de Víctimas de Violencia y Abuso Sexual en la Infancia Red Viva, que actúa a nivel nacional velando por los derechos de las personas que han sufrido este tipo de delitos.
“Nos consultaron si nos podíamos presentar porque no entendían qué era lo que estaba pasando y cómo podían llegar en esa instancia a tomar esta decisión, que prácticamente hizo que todo quedara como si nada”, indicó a Los Andes Sara Barni, fundadora y presidenta de la asociación que tiene su sede central en Capital Federal.
La causa ahora está en manos del fiscal Gustavo Stroppiana, quien pidió 11 años de cárcel para el empresario y cuya labor fue resaltada por Red Viva.
“Me sorprende la situación, porque cuando la fiscalía hace la presentación para elevar a juicio, presenta la fundamentación y el juzgado acepta esa elevación a juicio. Entonces no entendemos cómo se llega a esta determinación un año y tres meses después”, sostuvo Barni, quien luego explicó que están acompañando a la víctima desde lo penal, asesorándola y buscando el modo de que su caso llegue a la Corte si es necesario.
“Vemos en peligro todo el proceso tras el accionar de los jueces”, agregó, preocupada por el caso de la joven mendocina. Acto seguido explicó: “De inmediato dimos aviso al Observatorio de víctimas de la Cámara de Diputados de la Nación y desde allí, la misma Sara Rossi, quien está a cargo, tomó intervención en el momento para que se hagan valer los derechos de la víctima, porque sinceramente nos preocupa el atropello que ha sufrido”.
Para sumar detalles, la asesora contó cómo fue el acompañamiento que han hecho con la víctima en estos días tan difíciles para ella, que ha sentido una revictimización de la situación y que además de cargar la angustia de un abandono de la Justicia, también vio frustrado su viaje a Andorra, lugar al que se iba a ir a vivir con su novio a fin de año con la intención de empezar una vida nueva, lejos del lugar que atormentó su adolescencia.
“Nos presentamos por la Ley de Víctimas 26.485, en su artículo 25 como acompañante protector. Precisamente porque lo que estamos haciendo es el registro de la ruta crítica y buscamos que se cumplan los derechos en toda esta situación procesal porque, evidentemente, no tenemos garantía de que el Estado lo haga”, aseveró Barni.
Finalmente, explicó que junto con la organización Ni Una Menos están acompañando a varias víctimas de Mendoza, aunque esta joven de 24 años es quien ha protagonizado una situación pocas veces vista en el ambiente penal. “Sea lo que sea que dictamine el tribunal, la vamos a seguir acompañando porque es verdaderamente un peligro que un hombre como él quede en libertad. Puede atentar contra ella o contra los que han dado testimonio y nadie va a controlar eso si queda suelto”, finalizó la mujer con empatía y sororidad por la situación.
