Tragedia en El Challao: cómo seguirá la causa tras la muerte de la tercera víctima

Andrea Morales estaba en terapia intensiva del hospital Central. Fue embestida junto a dos amigos por el auto de un empresario el 22 de marzo. Su muerte no modificará la imputación.

Tragedia en El Challao: cómo seguirá la causa tras la muerte de la tercera víctima
Jorge Díaz regresaba a su casa en el barrio Dalvian cuando atropelló al grupo de amigos que descansaba en la rotonda. Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

Andrea Morales, la tercera víctima de la tragedia ocurrida en El Challao el pasado 22 de marzo en la rotonda de Regalado Olguín, falleció ayer luego de luchar por su vida en el hospital Central donde había quedado internada por las graves lesiones sufridas tras ser embestida, junto a dos amigos, por un auto Mercedes Benz conducido por el empresario Jorge Díaz (62). La muerte de la tercera víctima no modificará la carátula por la que el automovilista está imputado.

Tamara Daiana López (29), Pablo Navarro Bermejo (26) y Andrea Morales (27) eran tres amigos que cada noche salían a hacer ejercicios en las inmediaciones de su barrio, en La Favorita. Cada vez que terminaban su rutina se sentaban a descansar en el mismo lugar, donde compartían charlas, se reían un rato y despejaban la mente tras un día lleno de trabajo.

La noche del martes 22 de marzo, los tres amigos descansaban en la rotonda de Regalado Olguín y avenida Champagnat, cuando de pronto y sin preverlo, fueron embestidos por un Mercedes Benz C300 de color negro conducido por Díaz, dueño de una empresa de software llamada “Foca”, que volvía a su casa del barrio privado Dalvian.

La pesquisa a cargo del fiscal de Tránsito Fernando Giunta pudo constatar, con los primeros adelantos de informes de pericias, que el empresario embistió a los tres amigos provocando la muerte inmediata de López y Navarro, y ocasionándole a Morales lesiones graves como múltiples fracturas y la extirpación del bazo, cuadro por el que quedó internada en terapia intensiva del hospital Central, donde luchó por su vida hasta el miércoles en la madrugada cuando se constató su deceso.

Todo ocurrió en cuestión de segundos, pasadas las 22.10, y según pudieron precisar los investigadores, el empresario no estaba alcoholizado, ni tenía rastros de estupefacientes en sangre. Sin embargo, los exámenes toxicológicos revelaron que había consumido benzodiacepina, un fármaco que se receta para la ansiedad, el insomnio o las convulsiones.

Además, el informe técnico de Policía Científica confirmó la presencia de una huella de derrape, lo que llevó a que se realizara una pericia mecánica para determinar la velocidad a la cual circulaba Díaz al momento del impacto.

Con todo eso reunido, el fiscal Giunta decidió imputar al empresario por “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de vehículo automotor, agravado por ser más de una las víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones graves culposas por conducción imprudente”, carátula que no cambiará tras la muerte de Morales, precisaron fuentes judiciales.

Los resultados de la pericia mecánica del accidente aún no están listos, pero en el caso de que se produzca una elevación a juicio será una prueba fundamental para determinar la culpabilidad o no del empresario.

Dentro del vehículo de Díaz había una pistola Bersa calibre 9 mm, con el permiso vencido, dos cargadores, once balas, más de 200.000 pesos en efectivo y cheques. Este hallazgo le valió otro cargo más al expediente del empresario, que fue imputado por portación ilegal de arma de guerra por el fiscal Oscar Malla de la Unidad Fiscal de Delitos no Especializados.

Indignación y pedido de justicia

Tamara era celadora y mamá de dos niños pequeños, uno de ellos con trastorno del espectro autista. Pablo era albañil y Andrea hacía teletrabajo para una empresa chilena. Tres amigos muy jóvenes encaminando su vida, tratando de cumplir sus sueños cuyo desenlace fatal llenó de dolor a familiares, amigos, compañeros del trabajo y vecinos que una semana después del accidente marcharon con pancartas y velas hasta la puerta de la casa del empresario.

Marcharon no solamente para pedir justicia, sino también por el enojo colectivo que los inundó luego de que el fiscal Giunta le otorgara al empresario el beneficio de la prisión domiciliaria, tras haber pagado una caución de 5 millones de pesos alegando que requería cuidados especiales por una cirugía en la columna.

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