A cinco meses de que el juez Walter Bento (58), titular del Juzgado Federal 1, fuera imputado como presunto líder de una organización delictiva dedicada a dar beneficios a presos a cambio de recibir importantes sumas de dinero, las apuestas en ámbitos políticos y judiciales se inclinan a pensar que el polémico magistrado tiene grandes posibilidades de llegar juicio sin ser suspendido y, mucho menos, destituido por el Consejo de la Magistratura.
“Queremos un juicio rápido, el año que viene. No queremos un tribunal amigo, sino un tribunal justo”, afirman desde la defensa del magistrado. En tanto que desde algunos sectores del Ministerio Público Fiscal sostienen algo parecido, con matices: creen que Bento busca llegar a un debate en libertad, sin que el Consejo de la Magistratura lo destituya, para enfrentar un juicio donde pueda tener el favor de jueces cercanos.
La dinámica del “caso Bento” es arrolladora y cambiante: hace un par de meses algunos pensaban que el magistrado con atribuciones electorales no iba a llegar a las PASO. Hoy, tras sortear cuestiones menores como un escrache en una parrillada, se encamina a supervisar las elecciones legislativas de noviembre, entre cuyas atribuciones está la de controlar los gastos de todos los partidos en carrera.
Previo a las PASO, el presidente del radicalismo argentino y candidato a senador Alfredo Cornejo se mostraba a favor de que Bento diera “un paso al costado de manera voluntaria”, vaticinando que iba a ser suspendido en la Magistratura. En tanto que la presidente del PJ mendocino y candidata por el kirchnerismo, Anabel Fernández Sagasti, sostenía que “hasta que la Justicia no tome una determinación, no podemos prejuzgar. Bento está procesado, pero eso no significa que sea culpable”.
Hoy, a cinco meses de iniciada la “causa Bento” el fiscal general Dante Vega y el juez sanrafaelino Eduardo Puigdéngolas se han movido de forma meteórica: el 5 de mayo se ordenaron una serie de explosivos allanamientos luego de que Bento, su mujer, los abogados Luciano Ortego, Martin Ríos y Matías Aramayo fueran imputados como integrantes de una asociación ilícita en seis casos de cohecho. A Bento, en calidad de líder, también se le indilgaron los delitos de lavado de activos e enriquecimiento ilícito.
El 26 de mayo Piugdéngolas procesó a la banda que ya estaba integrada por 20 personas. El 31 de agosto la Cámara Federal de Mendoza -la máxima autoridad jurisdiccional de la provincia, conformada por los camaristas Manuel Alberto Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Alfredo Manuel Porras- confirmó los procesamientos, las prisiones preventivas y el embargo de los bienes de los sospechosos por importantes sumas de dinero.
Así, Bento quedó procesado por asociación ilícita (en calidad de Jefe Organizador), en nueve casos de cohecho pasivo, prevaricato, omisión y retardo de justicia, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su esposa, Marta Boiza, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los bienes de la pareja fueron embargados por más de $327 millones. Bento no fue detenido porque está protegido por sus fueros.
Para el Ministerio Público Fiscal se trata de un caso que tiene un sustento probatorio importante, sólido, que arrancó, en rigor el 5 de mayo de 2020, cuando el fiscal Vega tomó el caso y que cuentan con escucha telefónicas, documentación y testimonios entre los que se destaca el de dos imputados “arrepentidos”. Además, la investigación ha sido avalada por cuatro jueces.
Un juicio “rápido y sin amigos”
En cambio, desde la defensa de Bento –los abogados Mariano Cúneo Libarona y Gustavo Gazali- sostienen que es un “proceso débil” y por eso desean que el caso llegue a juicio lo más rápido posible: “Un juicio en el que se pueda valorar las pruebas de descargo como manda la ley”, ya que ahora, dicen, “Vega y Piugdéngolas producen pruebas de modo parcial o bien no la producen”.
“Queremos que se haga rápido. Sabemos que la prueba no es suficiente para una condena. El juez sabe que es un proceso débil y por eso no va a querer que sea el año próximo. Creemos que un tribunal valorará la prueba y determinará una absolución”, dicen, indicando que la investigación está ‘’parcializada”: hay fiscales nombrados en la causa y no están imputados.
Es por ello que Bento buscará que tomen cartas en el asunto veedores internacionales. Ya se ha solicitado la intervención del Relator Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados de la ONU.
El futuro de la causa penal
A pesar del fuerte impulso que le han dado los investigadores al caso, el siguiente paso de importancia –la elevación a juicio- es un hito que no se puede medir en tiempo por la complejidad del asunto. Por lo pronto, deben producirse algunas medidas probatorias como, por ejemplo, exhortos internacionales (que deben ser traducidos, enviarse a Cancillería y de ahí a la Justicia de Estados Unidos).
También deben terminarse las pericias telefónicas y contables sobre el patrimonio de la familia del magistrado. El camino será largo, frente al plazo de vencimiento de la prisión preventiva que será en 2023.
Además, hay que considerar que podrían surgir pistas que puedan llevar a nuevas imputaciones para los sospechosos. Esto no es algo improbable ya que, la semana pasada Bento fue imputado en tres nuevas causas: dos por falsedad ideológica y una por cohecho pasivo.
Magistratura, presente y futuro
Por otra parte, en el Consejo de la Magistratura se debate también el futuro del juez Bento pero no por los presuntos delitos de la causa judicial, sino por su conducta disciplinaria en relación a las acusaciones.
Tal como se esperaba, el jueves pasado la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura rechazó el desafuero y suspensión del magistrado mendocino por 7 votos a uno. El único que votó por el “sí” fue el diputado del Pro Pablo Tonelli, quien había impulsado la suspensión de Bento el 1 de septiembre pasado.
Todo el mundo sabía que el desafuero o suspensión del juez no podían prosperar por el “camino corto” elegido por Tonelli, basándose en que Bento está con “un procesamiento firme y consentido, con prisión preventiva, por delitos graves”.
Lo cierto es que el camino de Bento en la Magistratura será largo y en ningún caso podrá saltearse el artículo 20, que determina que los magistrados deben ser indagados para que puedan ejercer su defensa. Pero antes de esto deben producirse las pruebas, deben declarar los 30 testigos propuestos por la defensa del juez y realizarse las pericias contables.
Sólo después de esto, el Consejo de la Magistratura podría avanzar –el año próximo, claro- sobre una suspensión transitoria o bien para que la Comisión de Jury analice su destitución.
Un largo camino burocrático en el que, en última instancia, Bento podría tener a favor no sólo a los legisladores oficialistas sino también a los magistrados. Es decir, votos suficientes para evitar la destitución (en el caso en que la Magistratura decida su suerte antes que la Justicia) y poder así enfrentar un juicio “justo y salir absuelto”.
