El crimen del niño Lucio Dupuy generó gran conmoción en todo el país. El menor de 5 años fue asesinado a golpes en la provincia de La Pampa. La madre de la víctima y su pareja están detenidas. Este aberrante hecho expuso falencias en los sistemas involucrados respecto de la protección de menores ante la violencia doméstica.
Es por eso que los diputados Martín Maquieyra y Cristian Ritondo presentaron en el Congreso un proyecto de ley de “Prevención y detección temprana contra la violencia de los niños, niñas y adolescentes”.
El proyecto se enfoca en cuatro puntos: el primero es la capacitación obligatoria para funcionarios de los distintos poderes del Estado e integrantes de las diferentes áreas que intervienen en estos casos.
“Necesitamos que los agentes o funcionarios públicos estén capacitados para saber actuar frente a los casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes”, remarcó Maquieyra, el autor de la iniciativa. Quien no haga la capacitación será intimado y si no responde a esta será considerada una falta grave, según Infobae.
También se solicita la activación de la línea 102 a nivel nacional, “con el objeto de favorecer la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes”. Es algo que no sucede, por ejemplo, donde residía Lucio: “Varias provincias de nuestro país, como La Pampa, no cuentan con la línea de atención especializada sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes donde se pueden realizar denuncias de violencia. Necesitamos que esta línea esté activa en todo el país, sin excepciones”, agregó el legislador.
La normativa establece que “el Poder Ejecutivo Nacional, a través del órgano de aplicación de la Ley Nacional N° 26.061, deberá asegurar su funcionamiento a nivel nacional y la trazabilidad de las denuncias realizadas”.
Por su parte, el diputado Cristian Ritondo expresó que “el caso Lucio Dupuy violó todos los derechos humanos existentes y puso al descubierto falencias gravísimas en los procedimientos judiciales y policiales, aunque también desnudó la carencia de una norma jurídica precisa y clara”.
Además, el proyecto incluye la realización de campañas de concientización semestrales en medios nacionales, provinciales y entidades públicas nacionales, para visibilizar la violencia y la vulneración de derechos de los menores.
La Ley Lucio también menciona la “obligación excluyente” de denuncia por parte de los miembros de los establecimientos educativos y de salud y los agentes o funcionarios públicos con resguardo de la identidad. “Debido a las amenazas que sufren muchos actores de la sociedad que alertan casos de violencia, proponemos reserva de identidad de la persona denunciante, a los efectos de preservar su integridad física, psíquica, económica, laboral, social y la de su grupo familiar”, apuntó Maquieyra.
Por último, uno de los artículos indica que además se deberá implementar un “protocolo de actuación conjunta” entre los organismos de Seguridad, Educación, Salud y entidades relacionadas con la niñez. Esto con el fin de establecer “una nómina de indicadores de riesgo para distintos tipos de maltrato infantil, unificar los criterios de actuación a nivel nacional”.
El proyecto fue elaborado con abogados y jueces de niñez. En la Cámara de Diputados cuenta con el apoyo de varios legisladores de Juntos por el Cambio: María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Camila Crescimbeni, Dina Rezinovsky, Victoria Morales Gorleri, Carla Carrizo, Mariana Stilman y Federico Angelini.
