La justicia mendocina apartó al fiscal que investigó durante dos años un presunto caso de abuso sexual grupal que habría tenido como víctima a una joven de 21 años y que se habría producido durante una fiesta en Luján. La Fiscalía de Delitos Sexuales analiza si apela la medida ante un tribunal superior.
Ayer durante un audiencia de sobreseimiento solicitada por el fiscal de Delitos Sexuales Darío Nora para la causa F C/ Mirasol Morales, Molina, González y Villafañe p/ abuso sexual agravado por acceso carnal y por la intervención de dos o más personas, tanto el acusador como los abogados defensores pidieron el sobreseimiento de los cuatro imputados.
Pero los abogados de la víctima –Fernando Peñaloza y Natalia Lorenzo- se opusieron al cierre de la investigación. La jueza Mariana Gardey, tras analizar la situación ordenó que el fiscal Nora se aparte del caso, al considerar que “no tuvo perspectiva de género”.
Desde la parte acusatoria, consideran que “en casos donde existe violencia contra una mujer siempre hay que tener perspectiva de género pero el fiscal debe ser objetivo y si considera que las pruebas incorporadas no acompañan, no debe acusar”.
Es por ello que la Fiscalía de Delitos Sexuales está analizando por estas horas la posibilidad de apelar la decisión de la jueza para que un tribunal superior se expida sobre el asunto.
Cuestiones opinables
Se trata de un caso que tiene matices opinables. Por ejemplo, entre las pruebas que se encuentran en el expediente hay un video filmado por los acusados y que fue presentado por la defensa para sostener que se trataron de relaciones consentidas.
Las imágenes serían posterior al abuso denunciado y solo aparecen dos de los sospechosos y la denunciante. “Si el video lo ven hombres, dicen que es una relación consentida; si lo ven, mujeres, dicen lo contrario”, opinó una fuente que trabaja en el caso.
Pero además se encuentra en el expediente el testimonio de un testigo directo del caso que se inclina por sostener que hubo un abuso sexual, del cual él prefirió no participar. Además, se tomaron declaraciones y pericias psicológicas de todos los implicados.
La pena que está en juego es alta: de 8 a 20 años de cárcel corresponde a abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser más de dos personas.
El caso
El 31 de enero de 2020, cuatro jóvenes que en ese momento tenían entre 19 y 23 años fueron detenidos y acusado de haber participado de una violación grupal durante una fiesta que se había celebrado en una vivienda de Luján.
El día anterior la denunciante se presentó en la Comisaría 11ª y sostuvo que se había reunido en su casa con un grupo de amigas y amigos, aprovechando que sus padres no estaban. Cuando la mayoría de los invitados se había ido y quedaba un reducido grupo personas se habría producido la agresión sexual grupal.
Según la chica, un joven se encontraba durmiendo en una habitación y los cuatros presuntos agresores le habrían realizado algunos tocamientos y luego la llevaron a una habitación donde se habría consumado una violación.
En ese momento, el joven que estaba durmiendo en otra habitación se despertó e ingresó en la otra pieza, negándose a participar del asunto.
