En agosto pasado la Corte de Mendoza emitió un fallo de gran repercusión en el ámbito empresarial local: ordenó al bodeguero José Alberto “Pepe” Zuccardi a pagarle a su hermana María Cristina 12 millones de dólares –cifra a la que si se le suman intereses y costas llegaría a unos 25 millones- porque los padres de ambos no realizaron un reparto equitativo de la herencia y beneficiaron al varón, afectando los derechos de ingeniera agrónoma.
Por eso el fallo emitido por María Teresa Day, Pedro Llorente y Omar Palermo, analizó la cuestión desde una perspectiva de género: “Por el sólo hecho de ser mujer, recibió un trato desigual en la distribución de los bienes familiares. Según esa evaluación, sus padres no habrían considerado que tuviera la capacidad, la aptitud, la creatividad y la tenacidad para llevar adelante la empresa familiar, cualidades que encontraron sólo en el hijo varón. La actora nació mujer, “inmanejable, incontrolable, rebelde, contestataria, siendo más conveniente para toda la familia alejarla de los asuntos de la empresa”, afirma el fallo.
Pues bien, todo hacía pensar, allá en agosto, que el bodeguero iba a acatar la orden de la Corte, tras 10 años de litigar civilmente contra una de sus dos hermanas, Cristina.
Lo cierto es que esto no pasó y enero encuentra a esta vieja disputa de la familia Zuccardi con tres frentes abiertos:
1-En noviembre pasado, tras fracasar ante la Corte con un recurso extraordinario federal que fue rechazado, el abogado de “Pepe” –el letrado porteño, Bernardo Saravia Frías- presentó una “queja” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En los próximos meses el máximo tribunal de país deberá decidir si acepta tratar el asunto o bien lo rechaza y queda firme el fallo de la Corte mendocina.
2.En 26 de diciembre el abogado de Cristina Zuccardi –Nicolás Becerra- presentó un pedido en el Tercer Juzgado Civil Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial para que se inicie la ejecución de la sentencia de la Corte, es decir que se haga efectivo el pago. El juzgado habilitó que el asunto se tramite durante la presente feria judicial, tal como solicitó Becerra.
3. El 23 diciembre la ingeniera agrónoma, través de los penalistas Carlos Varela y Enoc Ortiz, presentó una denuncia penal contra su hermano en la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos. No está muy claro qué fiscal deberá llevar adelante la investigación; por lo pronto los subrogantes han empezado a trabajar sobre algunas medidas solicitadas en la denuncia.
La denuncia no es solo contra José, sino que también alcanza a su hija, María Julia, y a Pedro Giovanello, apoderado de La Agrícola S. A. y de Viña Santa Julia S. A. y, a la vez, es fiduciario del Fideicomiso “Familia Zuccardi”.
La presentación sostiene que José Zuccardi habría y estaría realizando en el presente “actos tendientes a insolventarse”, y estaría licuando su patrimonio, fraguándolo, escondiéndolo y disminuyéndolo “en conjunto con Giovanello y su hija”.
Además, habría transferido “112 marcas comerciales propias y de valores millonarios a una empresa que integran sólo sus hijos en el medio del proceso judicial y con posterioridad a la sentencia para burlar el derecho de cobrar de María Cristina Zuccardi”.
Cobrar o no cobrar. Pagar o no pagar
Si bien los tres frentes –la queja en la Corte Nacional, la ejecución de las sentencias de la Corte local y la denuncia penal- van por carriles distintos, todos apuntan a una misma cuestión: cobrar o no cobrar el fallo millonario o bien pagar o no pagar los 25 millones de dólares (según la vereda de la que se mire) .
Y en este entramado, los siempre polémicos “tiempos de la justicia” serán la clave del asunto: es que si la Corte de la Nación acepta el caso podría ordenar que se paralice la ejecución. En cambio, si rechaza la queja, Tercer Juzgado Civil seguirá trabajando en el cobro del dinero y la Fiscalía ver si existe el presunto vaciamiento de la empresa.
Por lo pronto, pagar o no pagar (o cobrar o no cobrar) parece ser la cuestión; pero el verdadero interrogante podría ser otro: ¿habrá dólares para cobrar?
A la espera de que se despejen estas dudas, Los Andes repasó las tres instancias judiciales con cada una de las partes interesadas.
Ejecución de sentencia
Para la defensa de José Zuccardi, los abogados de Cristina estuvieron 4 meses sin hacer nada y ahora súbitamente piden la habilitación de la feria para que la situación se resuelva rápidamente. Pero como van a tener que trabajar durante la feria cuatro jueces distintos es poco probable el avance en enero.
Por ello, ven que el propósito de esto responde una táctica para tener repercusión mediática. Por otra parte sostienen que la ejecución de la sentencia es un juicio en sí mismo, es decir que será un proceso largo y engorroso, y que tiene como único objeto el patrimonio de Zuccardi, no de las bodegas La Agrícola y Santa Julia.
Desde los abogados de Cristina, ven que la ejecución de sentencia que se solicitó en diciembre no se hizo antes por cuestiones procesales. Esta demora se debió a que la jueza Beatriz Salvini se jubiló y fue reemplazada por María Paula Culotta y al tiempo de la Corte para bajar la sentencia. Por lo tanto no hay que buscar razones de tipo mediático sino meramente procesales. Sostiene que ya solicitaron un embargo para ver con que viene cuenta para cumplir la sentencia.
Los 12 millones de dólares es lo que tendría que haber recibido para completar su parte de la herencia, dicen. Los padres le dieron más al varón, no solo dejándole la porción disponible que en ese momento era del 20% sino también parte de la porción que les correspondía a las hermanas, según las pericias contables que tuvo en cuenta la Corte provincial. Esa diferencia son los 12 millones sobre unas empresas que hoy valen más de 150 millones.
La denuncia Penal
Los denunciantes tienen la (presunta) certeza de que Zuccardi tenía el 99% de La Agrícola y ahora no tiene acciones. Entonces, hay una relación directa entre la denuncia y la ejecución de sentencia porque podría no haber dinero para pagar capital, intereses y costas.
El camino penal es para ver si, durante el tiempo que duró la demanda civil que desembocó en la sentencia de la Corte, Zuccardi estuvo desprendiéndose de sus bienes y traspasándola a sus hijos.
Desde los abogados de “Pepe” sostienen ese efecto mediático que quieren lograr en lo civil se extiende a la denuncia penal interpuesta en la fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos. Entienden que este avance en la faz penal tiene una contradicción ya que “según dicen los medios” habría un vaciamiento de empresas, cuando la ejecución de la sentencia no se ha resuelto. Entonces, afirman, ¿qué delito puede haber si no se ejecutado la sentencia?
Por lo pronto, José Zuccardi conoce la denuncia solo por los medios ya que judicialmente no se lo ha notificado y, por lo tanto, formalmente no tiene que responder por ese asunto.
Recurso de queja
Desde el sector de Cristina Zuccardi apuntan que la Corte Provincial rechazó el recurso extraordinario federal porque es una cuestión de derecho civil. Entonces fueron en queja a la Corte Nacional, pero eso no suspende la ejecución de la sentencia.
Afirman que un tema como este, de derecho común –un conflicto entre particulares- en un 99% de los casos, no son aceptados por la Corte Nacional. Pero a la vez, perciben un suerte de lobby para imponer la falsa idea que esto podría llevar a la quiebra a una de las bodegas más importantes del país y que hasta tendría un efecto en el mercado; algo que no tiene nada que ver con la sentencia que es contra el capital del bodeguero, no con las empresas.
Para los abogados de José Zuccardi el recurso de queja creen que va a ser aceptado por el máximo tribunal y que, de ser así, podría definirse en el primer trimestre de este año.
Si la Corte acepta el caso tendría un efecto inmediato: se suspendería la ejecución de la sentencia y lo penal no debería avanzar.
Consideran que si la Fiscalía de Delitos Económicos realiza medidas cautelares entorpecería el funcionamiento de las bodegas.
Sostienen que la Corte tendrá en cuenta que la sentencia es contra José y su patrimonio y, por lo tanto, no se debería avanzar con medidas cautelares que pudieran entorpecer el funcionamiento de las bodegas. De ser así se podría estar dañando a un tercero ajeno al conflicto, es decir La Agrícola, su marca, y sus negocios. Si esto pasara, podría desembocarse en una acción por daños y perjuicios.
