Hay movimientos en el Palacio de Justicia. Cecilia Saint-André fue designada, en comisión, en el cargo de Defensora General del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar. El período de funciones de Mariana Silvestri vencía ayer, por lo tanto alguien debía reemplazarla.
El decreto firmado por el gobernador Rodolfo Suárez y el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, argumenta el nombramiento dado que “resulta necesario dar continuidad funcional-administrativa” al Ministerio. Mientras tanto, el expediente para obtener el Acuerdo del Senado ya ingresó y se espera que en las próximas semanas se vote.
El desembarco de Cecilia Saint-André en la Justicia Provincial ha generado sensaciones diversas. Su nombramiento viene acompañado de la ruptura con la tradición de cubrir cargos clave en donde la familia judicial ha sido la principal usina de nombres. “Hay que romper con eso”, dicen en el oficialismo y este caso fue muy celebrado adentro del Poder Judicial.
Pero no todas fueron buenas, por los pasillos del edificio ubicado a metros de la Casa de Gobierno y por lo bajo, empezaron los cuestionamientos. Y hasta se habló de que el nombramiento “en comisión” tenía tintes de ilegalidad mirando de reojo a la ley 8928 que regula la “Misión y funciones del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar”, publicada en el Boletín Oficial el 23 de noviembre del 2016.
El artículo 12 de la legislación determina que el Defensor General del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar será nombrado por el Poder Ejecutivo con Acuerdo del Senado. También se refiere a que “en caso de renuncia, muerte o destitución sus funciones serán ejercidas por el Magistrado/a de mayor antigüedad del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar hasta la designación de un Defensor/ a General; o en caso de enfermedad o licencia prolongada mientras dure esa causal”.
La salida de Silvestri no responde a ninguna de estas situaciones sino que la ahora ex funcionaria, finalizó su período de funciones previsto por 5 años y vencido ayer 9 de marzo, sin embargo el mecanismo para la acefalía igual podría aplicarse. “Hay que buscar una norma que supla el plazo entre el cual se elige a la persona que reemplaza y se da Acuerdo del Senado. No hay norma mayor que la Constitución provincial”, indicó el ministro Ibáñez.
Explica, al igual que en el texto del decreto que se publicó en el Boletín Oficial, que el artículo 128 inciso 21 de la Carta Magna provincial “le da al Gobernador la facultad del nombramiento en comisión hasta que haya acuerdo del Senado. Fue lo que hizo con (José) Thomas en su momento”, refiriéndose al titular de la Dirección General de Escuelas.
El Senado prestó Acuerdo el 30 de diciembre del 2019 para que Thomas asumiera formalmente en el cargo, y la gestión del mandatario provincial, junto a la de su gabinete, comenzó un par de semanas antes.
El inciso en cuestión especifica que entre las atribuciones y deberes del Gobernador, “provee en el receso de las Cámaras por medio de nombramientos en comisión que cesarán 30 días después de estar la Legislatura en funciones, las vacantes de empleos que requieren el acuerdo del Senado”.
Claro que la Legislatura está sesionando hace más de un mes. Por eso algunos se preguntaban por qué no haber mandado el pliego antes a la Legislatura. “No vas a enviar el pliego de una persona si hay otra persona en el cargo”, justificó Ibáñez. Volviendo al caso del funcionario escolar, Suárez envió el pedido para el acuerdo cuando su antecesor Jaime Correas había desocupado el despacho.
Lejos de los pasillos, Cecilia Saint-André ya está en funciones y ayer tuvo su primer día en el cargo. Reuniones y presentaciones oficiales formaron parte de su agenda mientras espera por el aval de la Cámara Alta. Este acto no corre riesgos porque Cambia Mendoza tiene mayoría simple por lo tanto las bolillas blancas primarán por sobre las negras.
O bien, quedarán en soledad. Si el Frente de Todos sigue en la postura de no votar cargos a la Justicia, con la ex asesora del vicegobernador Mario Abed podría suceder lo mismo.
La nueva Defensora General proviene de la gestión pública, se desempeñó como Asesora Letrada en la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) y este año llegó al Senado para cumplir funciones similares en la Secretaría Legislativa. Ahora, el desafío se traslada a la Justicia.
