Mendoza hace años se jacta de la institucionalidad en términos de transparencia y de ser por algunas iniciativas una suerte de “provincia modelo” a nivel nacional. Sin embargo, no ha tenido prioridad el debate de una iniciativa para regular y transparentar la “gestión de intereses”, más conocido como “lobby”, que podría dotar a la provincia de mayor información de cara a la ciudadanía respecto a una práctica que, según argumentan la mayoría de los espacios políticos, “es lícita y debe ser transparentada”. No obstante, aún no tiene el debate necesario. Desde el oficialismo manifestaron que se ha puesto énfasis en el debate de otras iniciativas “más urgentes”, pero agregaron que es posible que el tema sea debatido en 2023 en la Casa de las Leyes.
Lo cierto es que en octubre se cumplieron dos años de la presentación en la Legislatura de distintos proyectos e iniciativas para regular el lobby en Mendoza. Uno de ellos fue presentado por Mario Vadillo, ex legislador que hoy está en el Partido Verde; mientras que otro fue enviado por Guillermo Mosso, demócrata frentista y aliado del Frente Cambia Mendoza. Desde el radicalismo, Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados; y Daniela García, también fueron algunos de los diputados radicales que trabajaron junto a Mosso el proyecto.
No obstante, el año pasado, el propio Lombardi indicó que la provincia debía avanzar en la regulación del lobby. “Sin dudas es un tema a tratar, pero hoy se embarraría con las elecciones y la campaña electoral”, opinó. También expresó que la clase política debía perder “el miedo” a regular esta actividad. Pero pasaron las elecciones y tampoco hubo lugar en la agenda para la iniciativa que él mismo impulsaba.
Los proyectos, en definitiva, no han tenido avances ni han sido estudiados por comisiones.
En ambas iniciativas, más allá que existen diferencias, el espíritu es el mismo: regular la gestión de intereses, con una serie de mecanismos con los que queden registros sobre las reuniones que mantienen los políticos y dirigentes de los tres poderes con los denominados “lobistas”, ya sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por sí o en representación de terceros; además de conocer los motivos de dicha reunión.
Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el lobby “es una práctica a través de la cual, representantes de intereses particulares argumentan a favor de ellos frente a los tomadores de decisión”.
Desde el oficialismo aseguraron que la provincia ya cuenta, a diferencia de otras jurisdicciones, con legislaciones que han contribuido a la transparencia, como lo es la ley de ficha limpia, así como también la ley de Acceso a la Información Pública y la oficina de Ética Pública. Sin embargo, la ley del lobby no sale.
Sin prioridad, pero con promesas
En diálogo con Lombardi, el presidente de la Cámara Baja sostuvo a Los Andes que los proyectos “no están cajoneados” y que sí están en agenda del oficialismo. No obstante, agregó que “lo urgente ha tapado este tipo de iniciativas”.
Respecto a la necesidad o no de que Mendoza tenga esta ley, el radical expresó que “sería un avance institucional” y afirmó que en el Poder Ejecutivo “están de acuerdo” con ello.
Sobre plazos y tiempos, y teniendo en cuenta que el 2023 será un año electoral Lombardi consideró esta vez que “puede ser el año que viene”. “No le veo problemas con las elecciones. No es algo que influya en la opinión pública ni en la elección del voto”, marcó, a pesar de las dilaciones que han habido hasta ahora.
Por otro lado, Mosso, impulsor del proyecto, afirmó que es un proyecto que le daría a Mendoza un “salto” institucional en términos de transparencia. Indicó además que mantiene constantes reuniones con empresarios “para generar empleo y facilitar actividades económicas, entre otros. Sin embargo, a veces nos sindican como lobistas. Pero así también me reúno con el sector minero, petrolero, del software, de generación de juegos, de la construcción y vitivinícola. Me encantaría poder mostrar mi agenda de reuniones”.
Y agregó: “Es importante para despejar dudas; es un aporte a la calidad institucional. La transparencia desalienta sospechas y fortalece la confianza del ciudadano con el sistema”.
“La UCR no quiere que avance”
El diputado que preside la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Jorge Difonso, donde se alojan ambos proyectos, contradijo a Lombardi y dudó de las verdaderas intenciones del partido gobernante de acuerdo a este tema.
“El radicalismo no tiene intención de que avance”, consideró como primer motivo. Acto seguido, agregó que el lobby “debería ser regulado en Mendoza”, y apuntó que “es notoria la presión de distintos grupos, no sólo en la Legislatura, sino particularmente en el Gobierno”.
En varias oportunidades Difonso se ha enfrentado a acciones que ha propuesto el Ejecutivo, como por ejemplo la fallida reforma a la ley 7722. Además, días atrás indicó que su relación como líder de Unión Popular con el gobernador Rodolfo Suárez es distante, y marcó que sector “quedó señalado desde la discusión minera”.
Por otro lado, en el peronismo no se ha debatido por el momento esta idea.
El legislador Duilio Pezzutti, que también integra la comisión de LAC, dijo que no tiene una opinión formada sobre el tema, pero destacó que “está bueno empezar a analizar los proyectos”, y añadió que entiende que podría ser una “herramienta importante para la transparencia”.
Además, adelantó que en los próximos días propondrá a la comisión el análisis de los proyectos y que dialogará sobre con Difonso con este propósito.
