Los partidos y frentes políticos entregaron en las últimas horas las listas de precandidatos para las próximas elecciones legislativas a la Justicia Electoral. Si bien a nivel provincial los cargos para la Legislatura y concejos deliberantes quedaron en manos del secretario electoral, Jorge Albarracín; a nivel nacional fueron a parar a las oficinas del juez federal con competencia electoral, Walter Bento, quien está imputado y procesado en una causa por asociación ilícita, pero que aún sigue en funciones y el Consejo de la Magistratura no se ha expedido al respecto.
Si bien el magistrado es investigado como presunto líder de una organización ilícita que se habría dedicado a cobrar coimas a cambio de dar beneficios procesales a detenidos en casos de narcotráfico y contrabando, es en estos momentos el encargado de controlar y supervisar el normal desarrollo de las PASO en la provincia, ya que se trata de una elección unificada con la Nación, y nada le impedirá seguir al frente de estas elecciones salvo una suspensión o remoción que deberá provenir del Consejo de la Magistratura.
No obstante, hay quienes creen, tanto en el oficialismo como en la oposición que, al haber comenzado ya el proceso electoral, será difícil que el Consejo aparte al magistrado antes del desarrollo de los comicios del 12 de septiembre (primarias) y 14 de noviembre (generales).
Por el lado de este organismo, a fines de junio se aprobaron las medidas de prueba en la investigación contra Bento, pero recién luego de la feria judicial se reanudará la investigación, en la que deberán también estudiar el procesamiento dictado por el juez federal Eduardo Puigdéngolas.
Bento fue notificado de la existencia de la denuncia que está investigando el Consejo (precisamente la Comisión de Disciplina y Acusación), y prepara también sus pruebas para defenderse. Tiene tiempo hasta el 12 de agosto.
Mientras tanto, la Junta Electoral provincial se ha encargado de evaluar y aprobar las alianzas de agrupaciones a nivel provincial y las precandidaturas y candidaturas a senadores y diputados provinciales y concejales.
En estos días, Albarracín ha pedido información al Registro Nacional de Reincidencia, para comprobar que ninguno de los aproximadamente 3.000 dirigentes que aparecerán en las listas a precandidatos provinciales viole los requisitos para poder presentarse. Recordemos además que en Mendoza rige la ley de Ficha Limpia, por lo que no pueden ser candidatos aquellos con condenas en primera instancia por delitos de corrupción, contra la libertad o también la integridad sexual.
No obstante, a nivel nacional no rige esta ley, por lo que Bento debe controlar en estas horas que los precandidatos cumplan las exigencias previstas en la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.
Según destacaron algunos apoderados partidarios consultados por Los Andes, ya hubo una entrega de la lista de los precandidatos y también una reunión por la asignación de colores a las distintas agrupaciones. Lo que restará ahora es oficializar las boletas y los nombres que aparecerán allí.
Aquí surgen dos interrogantes, que son las apelaciones que deberá resolver el juez con competencia electoral. Por un lado, la impugnación que se realizará desde el frente Cambia Mendoza al Frente de Todos por la gran cantidad de colectoras en la categoría de concejales; y por otro lado, la impugnación del frente Vamos Mendocinos sobre la candidatura de Rodolfo Suárez como precandidato a senador suplente.
Por el lado de los dos frentes políticos mayoritarios se habla poco y nada públicamente sobre el caso Bento, aunque aseguran que sin dudas es un “problema” que esté al frente de la elección mientras pesa esta causa sobre sus espaldas.
Lo cierto es que por ahora el trabajo del Consejo de la Magistratura es prematuro y falta tiempo para que pueda haber algún tipo de resolución al respecto de alguna posible suspensión o incluso destitución, a través de un Jury de Enjuiciamiento. En caso de que esto ocurriera, un subrogante debería tomar las riendas del Juzgado Federal N° 1 y también de las elecciones.
El artículo 6° del Régimen de Subrogancias (ley 27.439) establece que “en caso de licencia, suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento de los miembros de los tribunales inferiores con competencia electoral, la designación será realizada por la Cámara Nacional Electoral con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de una lista de candidatos elaborada por el Consejo de la Magistratura”.
