El cuarto piso de Tribunales será hoy uno de los escenarios impensados, pero importantes en la carrera de Teresa Day para llegar a la Suprema Corte de Justicia. En paralelo a los caminos institucionales legislativos que se están llevando a cabo, la Sala II de la Corte buscará resolver mediante una audiencia de conciliación una Declaración de Certeza y medida cautelar pedida por la oposición, que afirma que la candidata no cumple los requisitos para ocupar el cargo. Pero el oficialismo no asistirá a la reunión, pidió que resuelva la Corte en plenario (todos los miembros) y adelantó que recusará a los ministros de la Corte e incluso amenaza con acusarlos de mal desempeño de sus funciones si se siguen adelante con la causa.
A las 9 está planteada la audiencia de conciliación convocada por por Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio, en las que se citaron a las partes. El motivo será el pedido de Declaración de Certeza presentada por el frente de Todos, el partido Intransigente y Protectora. La cuestión de fondo que se deberá resolver la Sala II es si los requisitos que la Constitución reclama para ser ministra de la Corte están cumplidos o no con el pliego de Day.
Puntualmente la oposición se refiere al artículo 152, inciso 3 de la Constitución, que expresa que para ser miembro se necesita “ser abogado con título de universidad nacional y con 10 años de ejercicio de la profesión u 8 de magistratura”. Teresa Day se recibió en 1995, hace 30 años trabaja en el Poder Judicial pero la oposición duda de si expresa y técnicamente ejerció su profesión.
El radicalismo sostiene que el planteo opositor “no resiste ningún tipo de análisis” y que incluso ir a la audiencia de conciliación sería “dar lugar” en cierto sentido al planteo. Es por eso que Mario Abed, vicegobernador y presidente de la Cámara Alta, no irá. Además, se amparan en el artículo 12 de la Constitución, que marca que “el gobierno de la Provincia será dividido en tres poderes distintos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial”; y que “ninguno de éstos podrá arrogarse, bajo pena de nulidad, facultades que no le estén deferidas por esta Constitución, ni delegar las que le correspondan”.
Pero además está la medida cautelar (también presentada por la oposición), con la cual se ha pedido que se suspenda la votación, pactada para el martes 30, hasta que la Corte resuelva si puede o no ocupar el lugar de ministra del máximo tribunal de Justicia.
En la Corte la tensión política es evidente, y los miembros de la Sala estudian los posibles escenarios presentes. Si no hay algún acuerdo extrajudicial, deberá fallar a favor o en contra de la candidatura de Day. Si da pie a la medida cautelar, se pedirá esta semana que no se vote el martes que viene, ya que habría algún tipo de “perjuicio institucional”.
La respuesta del oficialismo sería tomar acciones judiciales en caso que salga un fallo adverso. Ese paso sería presentar un conflicto de poderes, que terminaría recayendo en la Corte Suprema Nacional. Antes pasaría por la Sala I (Dalmiro Garay, Julio Gómez y Pedro Llorente) y si aprueban el planteo, tendría competencia en el Máximo tribunal del país.
En paralelo está el camino legislativo. Mañana se realizará la Audiencia Pública (transmitida vía streaming) en el cual Day responderá preguntas de los senadores y también se podrán expresar las valoraciones positivas o negativas de la candidata del oficialismo. Sólo podrán manifestarse quienes se hayan expresado entre las 4302 adhesiones o las 373 impugnaciones que recibió la actual coordinadora general del Ministerio Público de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia.
Un duro escrito alumbrado el fin de semana
Si bien el Vicegobernador no asistirá a la audiencia de conciliación, presentó una fuerte contestación a la Sala II de la Suprema Corte, al informar sus motivos por los que no irá, pedir que la resolución se realice en un plenario con todos los ministros y también anunciar que recusará a los miembros de la Corte si no archivan la cautelar por “mal desempeño de sus funciones”.
En su contestación, Abed indicó que la medida presentada por la oposición es improcedente ya que “la admisión de la misma implicaría la lisa y llana violación del principio de división de poderes, con la intromisión del Poder Judicial en cuestiones que escapan a su competencia, y que son de resorte exclusivo de la Cámara de Senadores”.
Además señaló que la Justicia “en ningún caso puede intentar a priori, interrumpir un acto complejo, de base constitucional, que le asigna a los otros dos poderes, la designación de un miembro, para que integre el propio poder judicial”.
Es por eso que pidió que se declare “de inmediato” su falta de jurisdicción para entender en las presentes actuaciones, y ordenar el archivo de las mismas; pero destacó que “corresponde que lo haga la Corte en pleno puesto que se trata de un grave conflicto de poderes, pero también, para que la sociedad toda, sea testigo de la independencia, autonomía y objetividad permanente de ese Altísimo Tribunal. La calidad Institucional de nuestra Provincia así lo demanda”.
“No hay objeto que conciliar por cuanto, con base en lo expuesto, la competencia del Senado es de origen constitucional, improrrogable y de orden público”, señaló, y advirtió que los Jueces de la Sala II “corren peligro de configurar la causal de mal desempeño de sus funciones, si siguen adelante con la presente causa”.
Es el artículo 12 del Código Procesal Civil el que expresa en su inciso 4: “Incurrirá en causal de mal desempeño, el Juez a quien se probare que estaba impedido de entender en la causa y a sabiendas haya dictado en ella resolución que no sea de mero trámite”.
