La tan esperada letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que uno de los compromisos que asumió el gobierno de Alberto Fernández apunta a limitar las transferencias discrecionales a las provincias y las empresas estatales.
Al repasar los caminos que se trazaron para sanear las finanzas públicas, se indicó que se tomarán acciones para “limitar las transferencias discrecionales” a provincias y empresas estatales” con el objetivo de “liberar recursos para las prioridades clave”.
La promesa apunta a medir el uso de aquellas transferencias que se realizan por fuera del esquema de la coparticipación federal y de las leyes especiales. Esos son los giros que se ajustan a la sintonía y a las necesidades políticas, y se materializan a través de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).
Los relevamientos privados, en base a los datos del Ministerio de Economía, expusieron la inequidad en el reparto de esas partidas durante 2021, cuando la Casa Rosada priorizó a las provincias del mismo signo político por las elecciones de medio término.
A saber, un relevamiento de la consultora Aerarium planteó que la provincia de Buenos Aires recibió el año pasado giros discrecionales por $9.021 millones, es decir, más del 23% de los $40.872 millones que se repartieron en todo el país.
Las otras jurisdicciones que salieron beneficiadas fueron Santa Fe ($2.843 millones), Tucumán ($2.583 millones) y Chaco ($2.228 millones).
La discrecionalidad en el manejo de los ATN, que formalmente deben destinarse a cubrir situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, integra la lista de reclamos de los gobernadores no oficialistas como el cordobés Juan Schiaretti, el correntino Gustavo Valdés y el mendocino Rodolfo Suárez.
Recientemente, para justificar su malestar, el gobierno de Córdoba señaló que en 2021 recibió $1.514 millones en concepto de ATN, cuando en 2020 esa cifra se elevó a $5.414 millones. Y para contextualizar, indicaron que los fondos que les giraron el año pasado representaron el 4% del total a nivel nacional.
Por otra parte, el compromiso que asumieron Fernández y Guzmán para controlar el uso de los ATN generó malestar entre los dirigentes sindicales preocupados por las consecuencias que podría tener en las empresas estatales.
La ex diputada nacional Fernanda Vallejos tomó la posta de esas quejas subterráneas. La dirigente del Frente de Todos identificada con Cristina Kirchner criticó la promesa de limitar las transferencias discrecionales a provincias y a empresas estatales al señalar que el acuerdo que firmó Mauricio Macri en 2018 contempló la misma hoja de ruta.
“¿Diferencias con lo que firmó Macri? No”, sentenció en los furiosos mensajes que difundió por Twitter, días atrás, cuando se filtraron los detalles del entendimiento. A su manera, Vallejos expuso la mirada del kirchnerismo más duro, por la que Máximo Kirchner decidió dejar la conducción del bloque oficialista en la Cámara de Diputados.
Mientras Cristina Kirchner se mantiene en silencio, los militantes de La Cámpora difundieron otro mensaje el jueves, poco antes de conocer la letra chica del acuerdo con el Fondo.
“El Fondo Monetario Internacional ha actuado como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino”, sentenciaron a través de las redes sociales.
El texto que ingresó el viernes a Diputados expuso también algunos cambios de última hora en otras cuestiones sensibles como, por ejemplo, la referida al crecimiento del empleo en el sector público.
En el borrador que circuló días atrás, cuya validez reconoció la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, en el párrafo de las transferencias discrecionales figuraba también un compromiso para “administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con el crecimiento de la economía”. Finalmente, la promesa no se incluyó en el texto oficial.
El programa con el FMI incluyó muchas acciones que tendrán que encarar los gobernadores. Además de ratificar que se limitarán los endeudamientos en moneda extranjera de las provincias, tal como se acordó a fines del año pasado cuando se firmó el nuevo Consenso Fiscal, las distintas jurisdicciones tendrán que agilizar el cruce de la información con la Casa Rosada para que los técnicos del Fondo puedan supervisar trimestralmente el estado de sus finanzas.
Incluso, los gobernadores tendrán que entregar la lista de las empresas que recibieron contratos relacionados con la lucha contra el coronavirus y colaborar con el proceso que se encarará para actualizar las tasaciones de propiedades de todo el país.
