La ampliación de juicios por jurados para abarcar más delitos y la Oficina de Conciliación Civil y Comercial empiezan a tratarse en la Legislatura. El oficialismo acelera para que estén aprobadas antes del discurso del gobernador Rodolfo Suárez en la apertura de sesiones y al menos el proyecto para el fuero penal, tendrá el aval opositor. Será el primer choque de puños en varios meses.
Suárez avanza en reformas para impactar positivamente en el servicio de justicia, siguiendo la línea trazada por su antecesor, Alfredo Cornejo. En la hoja de ruta del oficialismo, la fecha límite es el miércoles 27 de abril, última sesión del mes próximo en la Cámara de Diputados con la actual composición. El mandatario provincial quiere exhibir estos logros de gestión en el discurso del 1° de mayo ante la asamblea legislativa.
Los dos proyectos enviados a la Legislatura por el Poder Ejecutivo empiezan a desgranarse para el debate en comisiones y hay buenos augurios de cara a la votación en el recinto. El Frente de Todos-PJ no pondría reparos para acompañar al menos la norma de los juicios por jurados. El primer paso será en el Senado y es cierto que a Cambia Mendoza le alcanza con los votos propios para avanzar, como ya lo ha hecho, pero la prioridad es tener un acuerdo amplio y habrían acercado algunas posiciones.
“Más allá de que se va a tratar en comisiones y haremos los aportes, esa ley tiene todas las posibilidades para que tenga un fuerte consenso”, admitió el senador kirchnerista Lucas Ilardo a Los Andes.
Recordó que la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti le presentó al entonces gobernador Alfredo Cornejo un proyecto que incluía en este sistema a los delitos actuales y a los que ahora se buscan incorporar. “En ese momento no quisieron hacerlo progresivo, de manera que ahora Suárez ha enviado la ampliación de lo que es una ley creada y redactada por la senadora Fernández Sagasti”, agregó el jefe de bloque del peronismo en el Senado.
CAMBIO
La aplicación de los juicios por jurado en Mendoza está vigente desde 2019 pero en la actualidad sólo abarca los delitos contemplados en el artículo 80 del Código Penal, que son los que prevén penas de prisión perpetua.
El texto enviado, y trabajado previamente en una comisión amplia con distintos actores involucrados la Suprema Corte de Justicia, del Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública, una abogada de la matrícula, senadores y diputados, suma otros artículos.
Uno de ellos es el abuso sexual seguido de muerte, por ejemplo, que está abarcado por el artículo 124 del Código Penal y prevé una pena de prisión perpetua. En tanto, el homicidio en ocasión o con motivo de un robo figura en el artículo 165 del Código Penal y tiene penas de 10 a 25 años, mientras que el el homicidio agravado por el uso de arma de fuego figura en el artículo 79 del Código Penal, en función del artículo 41 bis que eleva en un tercio el mínimo y máximo de la escala penal.
Si bien aún no empieza el tratamiento en comisiones, que será el próximo miércoles 30 de abril con integrantes que trabajaron en el tema, el proyecto podría tratarse en la sesión del martes 5 de abril, o en la del 12, dependiendo cómo se avance con el texto final.
Contar con el aval opositor toma relevancia. La relación entre oficialismo y oposición es tensa, algo que se ha trasladado al recinto con el rechazo en la mayoría de los proyectos enviados por Suárez. El antecedente más reciente es el de boleta única y la conferencia de prensa del peronismo anunciando que no acompañarían.
“Hemos decidido no acompañar este proyecto sábana que ha presentado el gobierno”, dijo hace unas semanas la espada legislativa de Fernández Sagasti. Agregó que Suárez “no le prestó atención ni aceptó los pedidos de las cámaras empresarias y asociaciones”, de que no se puede tener como prioridad una reforma con la posibilidad de que siga existiendo la lista sábana.
De trasladarse estas intenciones al recinto, Suárez tendrá la ampliación de juicios por jurados populares con apoyo de la mayoría de los partidos políticos, aliados y opositores. Y es algo de lo que hablará, casi con seguridad, en el discurso del 1° de mayo cuando se abra el período de sesiones ordinarias como uno de los logros de su gestión en los últimos 12 meses.
46 CONDENADOS EN CASI TRES AÑOS
Un informe publicado por Los Andes el pasado 17 de marzo muestras los números que arrojaron los juicios por jurados populares que se han realizado en la provincia.
Desde el 3 de mayo del 2019, con la sentencia a Alberto Sebastián Pocovi, quien había matado a 2 policías e intentado atropellar a otros 3 en Las Compuertas (Luján) mientras escapaba, luego de apuñalar a su pareja el 25 de mayo de 2018, se han realizado 29 procesos de este tipo.
En total, 46 personas fueron condenadas, la mayoría a prisión perpetua luego de que 12 miembros del jurado popular encontraran culpable al imputado y esto fuera ratificado por el juez (según establece la ley).
Según el Gobierno, con la ampliación de este procedimiento a otros delitos se estima aumentar el promedio mensual de un juicio por jurado a 2,5 en el mismo período de tiempo.
EL FUERO CIVIL TENDRÁ MEJORAS
La Oficina de Conciliación Civil y Comercial es otra de las iniciativas del Gobierno provincial que ingresó por Cámara de Diputados. Es una réplica de la Oficina de Conciliación Laboral que ya funciona desde hace algunos años y muestra estadísticas auspiciosas sobre la alta resolución de causas (cerca de la mitad de las que ingresan), evitando su judicialización dado que debe haber una conciliación obligatoria.
Ahora se busca descomprimir el fuero civil evitando que se inicien juicios que bien pueden evitarse en una conciliación entre partes. A modo de ejemplo, los que ingresarán primero a la instancia de conciliación obligatoria serán casos donde existan posibles daños y perjuicios, accidentes de tránsito e incumplimientos contractuales, entre otros. Si se llega a un acuerdo entre las partes, se da por cerrado el conflicto y se homologa el proceso, mientras que si no hay conciliación, se labra un acta de fracaso que será solicitada por el tribunal, al momento de interponer la demanda.
Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia de la provincia, explicará los detalles en una comisión conjunta (Legislación y Asuntos Constitucionales, además de Hacienda) integrada por legisladores de ambas cámaras para agilizar tiempos.
El martes 5 de abril estaría en condiciones de pulir el texto final si hay aportes que se tengan en cuenta y podría votarse el miércoles 6 de abril. En el calendario hay margen para una semana más si se estiran los tiempos, dado que después debe pasar al Senado para la media sanción restante.
Según el cronograma que maneja el oficialismo, a más tardar el 27 de abril estarán ambas leyes aprobadas en la Legislatura y de esa manera Suárez, podrá resaltar estos logros en su gestión.
