Hace sólo quince días, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas sostuvo que “combatir a la prensa no ayuda a mejorar la justicia”. Lo hizo al difundirse una propuesta para incluir en el proyecto de reforma judicial una cláusula con el indisimulable fin de favorecer la autocensura, inhibir el escrutinio periodístico y debilitar un debate público vigoroso sobre cuestiones de interés institucional, como son la administración de Justicia y el funcionamiento de uno de los poderes del Estado.
Ante el dictamen favorable a esa iniciativa aprobado por los senadores oficialistas, Adepa lamenta profundamente que ese cuerpo haya desoído las fundamentadas críticas y objeciones constitucionales formuladas. Alertábamos allí sobre los riesgos de intentar imponer normas arbitrarias y sin antecedentes en el mundo, que terminen desalentando el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
La repudiable incorporación de la insólita figura de “presiones mediáticas” en un dictamen que se refiere a la organización interna del Poder Judicial no deja dudas respecto de la intención de limitar, ensuciar o entorpecer la investigación y la opinión periodísticas sobre casos de interés público que se debatan en el ámbito judicial, casos que muchas veces el periodismo ha contribuido a revelar, ya que es una de sus funciones en la democracia. Más aún, la incorporación sorpresiva de esta cláusula parece responder a un objetivo de represalia ante el trabajo de la prensa en casos de corrupción en los últimos años.
Adepa ha sostenido invariablemente que a la prensa no le corresponden fueros ni tratamientos especiales. Simplemente el cumplimiento de las normas de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, que protegen de manera estratégica la libertad de pensamiento, expresión e información y prohíben toda forma de censura previa, directa o indirecta.
Cualquier responsabilidad de la prensa por su actuación siempre será ulterior y sometida a las reglas del debido proceso. Por eso, la incorporación de esta figura ambigua y superflua, que sólo se verificaría con una denuncia ex ante, subjetiva, sin pruebas, genérica, innecesaria e intimidatoria, altera gravemente la garantía de la libertad de expresión en nuestro país.
Como sostuvimos el 6 de agosto, uno de los papeles constitucionales de la prensa en la democracia es, justamente, ejercer -por delegación ciudadana y a través de sus distintas voces, representativas de diversos sectores de la sociedad- su función de auditoría frente a los poderes del Estado, incluyendo obviamente el judicial.
Establecer inhibiciones revestidas de giros grandilocuentes, pero que en definitiva buscan acallar esas voces, lejos de permitir un debate abierto y vigoroso que mejore y transparente la administración de Justicia, contribuirá a hacerla más opaca, más presionable, menos efectiva y menos cercana a la ciudadanía.
Adepa exhorta a los senadores de la Nación a que reflexionen sobre la gravedad institucional de una medida destinada, en definitiva, al silenciamiento de la libertad de expresión. Y se compromete, entretanto, a transmitir también a los diputados, sin distinción de banderías, su preocupación por la situación que se ha abierto, incompatible con los compromisos asumidos por la Argentina en el plano internacional de defender la libertad de expresión y de prensa.
