La provincia de Mendoza tiene varios frentes abiertos en la Justicia con la provincia de La Pampa. Uno de ellos es el conflicto de las aguas del río Atuel que, con un fallo prácticamente histórico, la Corte Suprema de Justicia fijó la semana pasada un caudal permanente de agua de 3,2 m3 por segundo en el límite entre las jurisdicciones. El miércoles que viene se realizará a través de teleconferencia la primera reunión del Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) tras este fallo, en el que la provincia insistirá en un plan de obras que asciende los $ 1.000 millones.
En el Gobierno local, Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado, se festejó este fallo, ya que si bien iba a ser “negativo” para Mendoza, teniendo en cuenta cómo se había manejado este tema históricamente (ya que hasta el 2017 se primó la utilización del agua en terreno mendocino por sobre el impacto en el ecosistema), terminó adaptándose a la mejor alternativa que veía nuestra provincia: mejorar el caudal de agua que llegue al noroeste pampeano, pero en base a obras y no de manera inmediata, ya que hubiese significado un perjuicio notable para los productores del sur mendocino.
Las obras
En relación a los trabajos planteados, el Instituto Nacional del Agua (INA) dispuso una serie de obras en las que se hace hincapié en las prioritarias, y otras más generales a mediano y largo plazo. No obstante, las principales ascienden los $ 1.000 millones, y la Nación afectaría, tal como dispuso en su momento, un “máximo de $ 700 millones” que tiene en un Fondo de Reserva Hídrico.
Para Mendoza ha sido en su momento una buena noticia, ya que había planteado un esquema de financiamiento de un 70% por la Nación, un 15% Mendoza y el 15% restante La Pampa. no obstante, se verá en las próximas reuniones si hay cambios en los montos.
Una de las acciones que se deberían realizar según el INA es la impermeabilización del tramo Carmensa-Vinchuqueros (límite en La Pampa), que son 160 kilómetros en donde gran parte del recurso hídrico se pierde porque es una zona de suelo arenoso que implica la filtración actual. Dicha obra tiene un costo estimado en alrededor de $ 600 millones, pero dicho cálculo se realizó a mediados del año pasado, por lo que efectivamente será mayor.
En tanto, la otra obra prioritaria sería la construcción de 35 pozos de agua que incrementen el caudal en la cuenca. La provincia sostiene que esas perforaciones tienen un costo -también estimado- de $ 120 millones, pero que también se debería calcular el costo permanente de la energía eléctrica para extraer el recurso subterráneo. La alternativa planteada implica realizar las perforaciones en conjunto con minicentrales hidroeléctricas, para que sean autosustentables.
No obstante, Mendoza hizo una salvedad en el planteo nacional, sobre todo en una obra que prevé el encauce en el tramo El Sosneado-La Junta del río Atuel, ya que se presume que por esa infiltración se podría nutrir la laguna de Llancanelo. Desde la provincia se pedirá que se realicen estudios ambientales “para no generar un perjuicio que podría ser gravísimo”.
3 meses de negociaciones
Ahora La Pampa y Mendoza tienen 90 días para ponerse de acuerdo y fijar una serie de obras que se financiarán en parte con la Nación, para llegar de los magros 0,5 m3/s hasta los 3,2 fijados por la Corte.
En el Ejecutivo saben que la relación entre Mendoza y La Pampa no es la mejor, y que ahora se sumó otro frente de batalla, que es Portezuelo del Viento y el supuesto perjuicio que implicaría el levantamiento de la presa en las aguas del río Colorado.
Algunos de los actores políticos locales, sugieren que la provincia vecina ha hecho una cultura del “antimendocinismo” que además ha jugado fuertemente en las campañas electorales, lo que podría provocar un perjuicio para la búsqueda de consenso entre los gobiernos del radical Rodolfo Suárez y el peronista Sergio Ziliotto. En caso que no haya acuerdos, será la Corte la que decidirá.
Jugada de último momento para no quedar expuestos
El Gobierno mendocino intentará en estos 90 días no despegarse de la oferta realizada por la Nación a través del Instituto Nacional del Agua (INA), y a la que adhirió Mendoza en noviembre del 2019, cuando se presentó ante la Corte el documento, firmado por el ex gobernador, Alfredo Cornejo; el fiscal de Estado, Fernando Simón; y el asesor de Gobierno, Ricardo Canet.
Ese plan de obras había sido presentado por el INA, que depende del Ministerio de Obras Públicas nacional, en octubre del año pasado, cuando aún gobernaba Mauricio Macri. Si bien tenía diferencias con la propuesta que había hecho Mendoza, ya que la provincia planteaba trabajos más ambiciosos y con obras que harían más eficiente más la utilización de agua, tenía varios puntos en común, por lo que se decidió apoyar la idea.
“Teníamos el temor que con el cambio de Gobierno nacional, tras la salida de Macri, también mutara la posición que había tenido la Nación hasta el momento en el conflicto del río Atuel. Nos parecía que las obras propuestas por el INA no eran negativas a nuestro entender, por eso nos presentamos ante la Corte y adherimos ese plan de trabajos”, destacó uno de los representantes de Mendoza que ha seguido de cerca este tema.
De esa manera, Mendoza evitaría lo que finalmente ocurrió con Portezuelo del Viento: el giro político que dio el gobierno de Alberto Fernández a favor de La Pampa, poniendo trabas a la realización de la obra a través del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).
“Creemos que la Nación no va a cambiar su posición, sobre todo teniendo en cuenta que, en su fallo, la Corte pide a las provincias que se ajusten en base al plan presentado por el Gobierno Nacional, y al que se plegó Mendoza”.
