La polémica por el proyecto de ley que busca regular el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza suma otra voz de peso en la escena jurídica de la provincia: la ex ministra Aída Kemelmajer. La jurista rechaza la propuesta del Poder Ejecutivo de la Provincia, porque salir del esquema de salas especializadas, porque los fallos “se ponen en las manos de lo que llamo el ejército de secretarios relatores”.
-¿El Poder Ejecutivo debía enviar una reforma de la Corte? ¿o debía consensuarse previamente dentro de la Corte?
-En mi opinión, una reforma de este tipo exigiría, al menos, una reunión con todos los jueces que integran la Suprema Corte, no solo con algunos.
-Uno de los puntos que se modifican es el sorteo de ministros para entender en las causas, ¿coincide?
-No estoy de acuerdo. La Suprema Corte de la provincia de Mendoza interviene en procesos que comienzan allí y otros en los que revisa procesos que se han iniciado ante jueces inferiores. El mayor número pertenece a este segundo grupo; estadísticamente han sido aproximadamente el 85 % de los expedientes; se trata de expedientes que atañen a las personas particulares, en las que el Estado no tiene intervención; causas de personas que han cometido delitos, accidentes del trabajo, empresarios que han suscrito contratos, empresas aseguradoras, bancos, conflictos familiares, etcétera. La tradicional división en salas ha permitido a la Corte tener una cierta especialización; o sea, cuando los jueces de la Corte se designan conforme las necesidades de la Justicia, el gobernador que propone y el senado que presta o no la aprobación, debe preocuparse porque ese tribunal tenga personas que conozcan en profundidad esas materias (debería haber siempre, como mínimo, un civilista, un penalista, un laboralista, un administrativista); de lo contrario, esos procesos han sido decididos en las instancias inferiores por jueces que tienen especialización, pero las sentencias pueden ser revisadas por personas que no tienen conocimiento de esas materias. Si todos los expedientes que llegan a la Corte se sortean, aumenta el riesgo de que esa revisión sea por personas menos calificadas. Esta situación trae otra consecuencia nefasta: como los jueces no están especializados, se ponen en las manos de lo que llamo el ejército de secretarios relatores que son, en realidad, quienes redactan las sentencias. O sea, la sentencia lleva la firma del juez, pero no es él quien estudió el expediente y redactó la sentencia
-¿Estaba de acuerdo si el sorteo era de las salas para evitar la especulación en relación a la Sala Primera y Segunda, en las causas que incomodan al Gobierno?
-Conforme la legislación vigente, las procesos denominados contencioso administrativos ingresan a la sala I o II según el momento del mes en el que la demanda se interpone; o sea, del 1 al 15 de cada mes en la sala I y del 16 al 31 en la sala II. Según el gobierno, los abogados eligen en qué sala interponer la demanda conforme pautas partidarias (peronistas o radicales). Si eso es cierto, entonces una manera de dar transparencia sería sortear esos expedientes. Sin embargo, según un artículo del proyecto, estos procedimientos en los que interviene el Estado deben ser resueltos por el tribunal en pleno. O sea, siempre votarán 7; nunca se sortearan 3. Si es cierto que hay en la Corte una mayoría automática de 4 radicales y 3 peronistas, esto significa que el gobierno radical se asegura que siempre tendrá cuatro que harán mayoría
-Una de las polémicas está en la cantidad de facultades que tendrá la Sala Administrativa, ¿qué piensa al respecto?
-Tradicionalmente, la sala administrativa es la sala que peor ha funcionado en la Corte provincial. A lo largo de los años se crean nuevos puestos, se aumentan los empleados y los problemas de administración no se resuelven eficazmente. La función administrativa de la Corte no puede ser revisada superficialmente. Exige una labor profunda, pero sobre todo, requiere personas con amplio conocimiento de los nuevos requerimientos de la Justicia como un verdadero servicio público; no veo en el proyecto nada que vaya en este sentido.
-Los plenarios (o plenos) pasarán a tener mayor protagonismo, ¿cree que es porque el radicalismo tiene mayorías o debería ser así en la mayoría de las causas?, o en qué casos debería resolver el plenario o pleno?
-Ya he contestado esta pregunta, aunque sea parcialmente. Los plenarios deben existir, fundamentalmente, para evitar decisiones contradictorias y para marcar rumbos en decisiones realmente importantes para la vida de la provincia. Pero recuerde que el plenario demora la decisión; un expediente que debe pasar por tres jueces ahora debe pasar por siete.
-¿En qué cree que afecta el funcionamiento de la Corte esta reforma si sale tal como se envió?
-Demorará la resolución; el funcionamiento será aún más burocrático. Además de la poca transparencia, como lo he señalado para los procesos contencioso administrativos, en la gran mayoría de los casos, el juez tendrá que dedicar más tiempo para el estudio del expediente, con el riesgo de tener que recurrir, cada vez más, al ejército de secretarios, del que ya hablé
-Esta reforma ¿es una consecuencia de la política y su falta de acuerdo dentro de la política? Qué lectura hace de las intenciones del Poder Ejecutivo en estos cambios.
-No puedo juzgar intenciones, pero me parece evidente que este tipo de reformas solo generan más desconfianza en un poder del estado que debería contar con la confianza de la población.
-¿Cree que debe reformarse el funcionamiento interno de la Corte? Si es así, ¿en qué aspectos?
-Hay que empezar por revisar los criterios que los gobiernos tienen en la designación de los jueces de la Corte. Buenos jueces generan buenas sentencias, que es en definitiva para lo que estamos los jueces: dictar sentencias fundadas en el sistema jurídico en tiempo útil.
-Mirando al máximo tribunal luego de su alejamiento, ¿cómo lo percibe?, ¿hay demasiada influencia de la política partidaria? ¿tiene menos independencia que antes la Corte? qué opinión tiene al respecto.
-Solo puedo decirle que en los 26 años que estuve en la Suprema Corte de la provincia, nunca ningún funcionario de los otros poderes del Estado me pidieron que resolviera una causa en uno u otro sentido. Han pasado 12 años desde que yo renuncié; no son doce años tranquilos, sino muy tumultuosos para toda la sociedad. Hoy, más que nunca, los mendocinos necesitan que los jueces de la Corte, independientemente de qué gobierno los propuso, trabajen juntos para tener una justicia más rápida, más eficiente, más adecuada al sistema jurídico.
