Sin la oposición y sin Cristina Kirchner, Alberto Fernández lanzó ayer la reforma judicial, que había anunciado hace cinco meses ante la Asamblea Legislativa, y de la que se vino discutiendo durante este tiempo sin que hasta ahora se conocieran sus detalles. “Lo que estamos proponiendo hoy es consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia”, afirmó.
En rigor, no será sólo un proyecto de ley sino varias iniciativas que avanzarán a distintas velocidades: un proyecto de ley de unificación y ampliación de la Justicia Federal, por un lado, y la constitución de un cuerpo de 11 juristas de renombre, denominado Consejo Consultivo, cuya misión será recomendarle de manera directa algunas propuestas vinculadas con la reforma del Poder Judicial.
La más importante de ellas es la ampliación de la cantidad de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y también, la reforma del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de seleccionar jueces, y el Ministerio Público Fiscal, la órbita de los fiscales federales, que con el avance de la implementación del sistema acusatorio que manda el Código Procesal Penal tendrán un mayor protagonismo en los procesos judiciales con respecto a los jueces.
El proyecto de ley “de Organización y Competencia de la Justicia Federal” que especificó el jefe de Estado, y que podría enviar hoy mismo al Senado, se ciñe a la reforma de la Justicia Federal.
En palabras del mandatario, que leyó su anuncio en el salón Blanco de la Casa Rosada, el propósito es “organizar mejor la Justicia Federal y, en particular, superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal”.
Se preocupó por resaltar que “la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando”.
De esta forma, descartó la posibilidad de que al menos esta iniciativa constituya un beneficio a la vicepresidenta —como sostiene el principal espacio opositor, Juntos por el Cambio (JPC)—, investigada en causas de corrupción.
Y este, justamente, es el motivo, junto con la posible ampliación del número de jueces de la Corte, por el cual JPC no participó de la presentación, pese a que sus líderes habían sido invitados.
Respecto de la ausencia de Cristina Kirchner, voceros presidenciales indicaron que la presidenta del Senado declinó la invitación.
En el oficialismo cavilaban que no quiso asistir para no expresarle apoyo a una reforma judicial que, según la oposición, está impulsada para salvarla del avance de las causas e impedir que vaya a la cárcel.
Presentes
El Presidente leyó su discurso escoltado por Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, y Marcela Losardo, ministra de Justicia, y delante de los integrantes del Consejo Consultivo: Inés Weinberg, Andrés Gil Domínguez, León Arslanian, Hilda Kogan, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, Marisa Herrera, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini, Enrique Bacigalupo y Carlos Beraldi.
La oposición critica la designación del penalista Beraldi por ser abogado defensor de Cristina Kirchner. Fernández lo sabía y por eso dedicó unos párrafos a enfatizar que recurrió “a juristas de reconocimiento técnico indiscutido”, que tendrán “plena autonomía y libertad” para aconsejarlo.
“No existe en mi ánimo, contrariamente a lo que muchos repitieron, el deseo de condicionar la decisión de este Consejo Consultivo. Sé de las cualidades intelectuales de cada uno de ustedes y sé que no estarían aquí si se sintieran limitados o limitadas a expresarse libremente”, dijo el mandatario.
En la Rosada también estuvieron los diputados nacionales José Luis Ramón (Mendoza) y Eduardo “Bali” Bucca (Buenos Aires), del peronismo no kirchnerista (que apoyó a Roberto Lavagna en 2019). Fueron los dos únicos representantes de la oposición.
Por el Frente de Todos estuvieron, entre otros legisladores nacionales, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la comisión bicameral especial de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, que es justamente la encargada de avanzar con la implementación del sistema acusatorio.
También se destacó la presencia de la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, académicos, magistrados e integrantes del Consejo de la Magistratura.
Repaso y críticas a Macri
Antes de explicar sus propuestas, Fernández hizo un veloz repaso histórico del funcionamiento de la Justicia en el último medio siglo y señaló que “la vigencia del derecho reclama como indispensable que el sistema judicial se apegue a las normas y se abstraiga de cualquier influencia que quiera torcer la imposición de justicia” y que “semejante poder debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables” a las presiones.
En tal sentido, criticó sin mencionarlo al gobierno de su antecesor, Mauricio Macri, al señalar que sus cuatro años de mandato “estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho”.
Sobre el final del discurso, el jefe de Estado señaló que “es hora de tener una justicia proba que solo esté atenta a respetar y hacer respetar las reglas del Estado de Derecho”. “Una justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos ni los poderes políticos”, completó.
Antes, Fernández se había declarado “cultor del diálogo” y que no ha llegado a la Presidencia “para defraudar a los alumnos y las alumnas” que lo oyeron dar clases sobre “la importancia de preservar las reglas del debido proceso”.
“Sé que esas reglas se olvidan cuando en los tribunales entran a tallar intereses económicos o políticos. Sé que eso, precisamente eso, ha venido ocurriendo en parte de nuestra Justicia en los últimos años y no voy a ser yo el que se haga el distraído frente a una situación que daña la República”, aseveró.
Antes, Fernández se había declarado “cultor del diálogo” y que no ha llegado a la Presidencia “para defraudar a los alumnos y las alumnas” que lo oyeron dar clases sobre “la importancia de preservar las reglas del debido proceso”.
“Sé que esas reglas se olvidan cuando en los tribunales entran a tallar intereses económicos o políticos. Sé que eso, precisamente eso, ha venido ocurriendo en parte de nuestra Justicia en los últimos años y no voy a ser yo el que se haga el distraído frente a una situación que daña la República”, aseveró.
Puntos clave del plan
- Justicia Capital. Se crea la Justicia Federal Penal para la ciudad de Buenos Aires, que tendrá los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico.
- Notables. Se crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial integrado por juristas “de reconocimiento técnico indiscutido”.
- Interior. Se plantea el “fortalecimiento” de la Justicia Federal en todo el país. El proyecto recoge el texto de uno impulsado por la gestión Macri.
- Reglamento. La ley impone una serie de reglas de actuación que deberán respetar los jueces federales.
