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hace 11 minutos
El presidente Alberto Fernández designó a tres magistrados en la Justicia Federal de la provincia. Patricia Santoni, Ramiro Salinas y Fernando Peñaloza fueron nombrados conjueces, mediante el decreto 684/2022, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación.
La norma fue firmada, además del mandatario, por el ministro de Justicia, Martín Soria, este miércoles, en base al acuerdo prestado por el Congreso Nacional.
En el caso de Santoni, fue designada como conjueza de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la provincia; mientras que Salinas y Peñaloza serán conjueces de la Cámara de Apelaciones, también de Mendoza.
Ambos magistrados se unirán como subrogantes a la Cámara de Apelaciones, que está integrada por Manuel Pizarro, quien es el presidente; Juan Ignacio Pérez Curci y Gustavo Castiñeira de Dios.
Salinas y Peñaloza cubrirán dos de las tres vacantes que han dejado la jubilación en enero del 2018 de Juan Antonio González Macías y la renuncia en marzo del 2020 de Olga Pura Arrabal. Además, en abril de este año falleció otro de los integrantes de la Cámara, Alfredo Porras.
Según el sitio Chequeado, los conjueces son personas con autorización para ejercer el Derecho, es decir con matrícula, que pueden reemplazar a los jueces como subrogantes. Las listas de conjueces federales y nacionales son elaboradas por el Poder Ejecutivo Nacional y deben ser sometidas luego al Senado para que las apruebe.
Tanto Salinas como Peñaloza son considerados en términos políticos, particularmente por el Gobierno local, como “garantistas”. Salinas es miembro del Juzgado Penal Colegiado 2 de Tribunales Provinciales, y anteriormente también integraba la Octava Cámara del Crimen, llamada el “camarón”, hasta que fue disuelta en la gestión de Alfredo Cornejo.
De hecho, el ex Gobernador cargó duramente en septiembre del 2017 contra el fallo de Salinas (junto a Luis Correa Llano y Alejandro Miguel, quienes en la causa Tupac Amaru habían declarado nula la investigación llevada a cabo por la fiscal Gabriela Chaves, al considerar que no estaba probada la “asociación ilícita” y, por ende, revocaron las prisiones preventivas de Rojas y sus familiares.
En tanto, Peñaloza, abogado penalista, ha sido miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y querellante de la Megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar. Por otro lado Santoni se ha desempeñado como fiscal general ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza.
La última polémica en términos políticos sobre estos cargos, se produjo en julio de este año, en la comisión de Acuerdos del Senado, que preside la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, en la que se trataron dichos nombramientos.
Ese día Cornejo expresó su disconformidad con algunas exposiciones y comparó el procedimiento con el que se realiza en Mendoza. “Nombrar conjueces, quienes no gozan de estabilidad, ha sido siempre una maniobra del kirchnerismo para manejar la justicia”, dijo el ex Gobernador.
Las audiencias se llevaron a cabo “mientras los concursos para jueces en varias jurisdicciones ya se han sustanciado pero todavía están pendientes y demorados, como es el caso de Mendoza”, comentó en su momento Cornejo.
“Consulté al postulante Ramiro Salinas sobre cómo actuaría en un supuesto caso extorsión por parte de los movimientos sociales a movilizarse a cambio de un plan: si para él constituía un delito y cómo interpreta esos hechos judicialmente. Me respondió con evasivas y sin la firmeza necesaria frente a un delito que exhibe la bajeza de utilizar a los pobres con fines políticos”, acotó.
En sentido, remarcó: “Debemos trabajar por una justicia eficaz, independiente, al servicio de la gente y no del gobierno de turno. Eso se logra con designaciones rápidas y oportunas de magistrados, como se hace en Mendoza”.
