El presidente Alberto Fernández recurrió a una cadena nacional desde la Casa Rosada para informar que pidió iniciar una investigación penal contra un grupo de jueces federales. Lo hizo pocas horas antes de que se conozca la sentencia en la cauda por corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y basándose en trascendidos periodísticos -revelados por un medio afín al Gobierno- que indican que los magistrados participaron de un viaje a la Patagonia con empresarios.
“He decidido instruir al ministro de Justicia (Martín Soria) a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial lo relacionado a su financiamiento”, expresó el mandatario.
El presidente se refirió a las publicaciones de medios de prensa y reconoció que estas se generaron a partir de un hackeo, es decir, una actividad ilegal. “No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes”, dijo.
El jefe del Estado instruyó además al representante del Poder Ejecutivo con el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, “para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales”.
También pidió a los legisladores porteños del Frente de Todos que evalúen “la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder”, presenten un pedido de juicio político “a los funcionarios de la Ciudad involucrados”. Ratificó además su pedido para que en el Congreso de la Nación “se avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de procurador General de la Nación”.
Según la información que circuló, quienes habrían participado del presunto viaje fueron el juez federal Julián Ercolini; el juez penal económico Pablo Yadarola; el camarista de Casación Carlos Mahiques; el juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials; el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; los directivos empresarios Jorge Rendo (Grupo Clarín) y Pablo Casey (Telecom); el asesor de comunicación Tomás Reinke, y Leo Bergot, un exfuncionario de inteligencia.
El avance de Alberto Fernández contra jueces federales se produjo en la antesala de una sentencia de alto impacto: este martes, el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el veredicto en la llamada “causa de Vialidad”, en la que Cristina Kirchner está acusa de haber encabezado una asociación ilícita que, desde el Estado, favoreció al empresario Lázaro Báez con contratos de obras viales en Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Los fiscales pidieron que se la sentencie a 12 años de cárcel y que se la inhabilite para ocupar cargos públicos. En una entrevista con un diario de Brasil, la vicepresidenta dio por hecho que será condenada.
En ese contexto, el Presidente decidió recurrir a una cadena nacional para advertir que “días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido”. “Allí habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia”, indicó.
Más temprano, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, salió a rechazar públicamente los trascendidos. “Otra vez la mafia kirchnerista en su máxima expresión. Financian con los impuestos de todos una operación tragicómica de inteligencia para salvar a la jefa. Amenazan y extorsionan porque es la única manera en la que saben hacer política. No les cree nadie”, replicó el funcionario en una serie de tuits.
“Hace más de 15 años le inventaron cuentas en Suiza a Enrique Olivera. Después lo acusaron de narco a De Narváez. Hoy fabrican un gran montaje con lo que se fueron robando por ahí y levantan la mano para que no queden dudas de que fueron ellos los que cometieron el delito”, agregó D’Alessandro.
El funcionario porteño adelantó que presentará una denuncia penal “para que los responsables de esta canallada reciban la condena que merecen delincuentes de su calibre”. “Se les acabó la impunidad”, lanzó.
Su mensaje recibió el respaldo de la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien agregó: “Dan vergüenza ajena los intentos desesperados del kirchnerismo para eludir a la Justicia. Pero ni violando la ley podrán ocultar la realidad”.
El mensaje completo del Presidente
Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica.
Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno.
Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros.
Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia.
Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido.
Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan.
Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia.
No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo “Operación Página 12″ se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes.
He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido.
Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas.
Convencido de que debemos decir “Nunca Más” a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto:
1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.
2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.
3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.
4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación
Muchas gracias.
