Alejandro Pérez Hualde es uno de los profesionales del Derecho de mayor experiencia en Mendoza. Su capacidad le ha permitido trascender a nivel nacional e internacional. Retirado de la Corte mendocina, dice cumplir ahora con una de sus pasiones, la docencia. Sin embargo, continúa siendo motivo de consulta para jueces y abogados sobre su especialidad, el derecho constitucional, y también por políticos que reconocen su agudeza en los temas que hacen al equilibrio de poderes.
En esta entrevista con Los Andes, fue imposible no comenzar consultándolo sobre la reforma judicial que propone el gobierno de Alberto Fernández.
"La justicia federal, o la justicia argentina en general, está en deuda en sus niveles de transformación y adaptación a los tiempos, que han cambiado, de eso no hay ninguna duda. Tenemos que ir a un cambio", dijo. "Acá, en Mendoza, con (el ex juez de la Corte) Jorge Nanclares, ya desde que yo ingresé nos habíamos puesto de cabeza en armar esos tribunales de gestión asociada. Hicimos bastante y hoy podríamos decir que es (el de Mendoza) uno de los poderes judiciales más avanzados de la Argentina. Pero seguimos en deuda, por supuesto, aunque cuadruplicamos la justicia de familia", agregó.
-¿Entonces qué hay que cambiar?
-Yo haría una división, porque una cosa es el cambio que hay que producir en la justicia en general, que no es solo la Corte. Las respuestas que da el Poder Judicial en todo el territorio argentino arrancan desde la justicia de primera instancia. Es el primero de la trinchera, es el que te da el amparo, son los jueces que resolvieron los 200 mil amparos del ‘corralito’. Y no fue la Corte. La Corte vino a fallar sobre el ‘corralito’ diez años después, cuando ya no servía para nada su fallo, porque ya estaban las soluciones dadas por la justicia de primera instancia. Entonces, creo yo que para enfocar una transformación de la justicia se tiene que arrancar pensando en la que está cerca de la gente, la única que tiene capacidad de respuesta.
-¿Y a la Corte cree que hay que ampliarla?
-Cuando uno en lo que quiere enfocarse es en la transformación de la Corte Suprema, los antecedentes no nos acompañan porque siempre se buscó transformarla para conseguir algún posicionamiento político de alta envergadura del gobierno nacional. Cuando Menem amplió la Corte consiguió la reforma constitucional que le permitió la reelección y obligó a Alfonsín a ir al Pacto de Olivos. Entonces normalmente nuestra experiencia en esto es mala, se aumenta la Corte para poder esperar de ella respuestas políticas de alto nivel en temas de alto nivel, aquellos que tramitan directamente ante ella, que no van a ir al tribunal de primera instancia. Por eso se entiende la sospecha ante esta nueva iniciativa”.
-¿Se justifica haber nombrado un consejo asesor? Hay en él varios nombres relacionados con el poder de turno.
-Creo que debemos desprendernos del prejuicio. Yo conozco muy bien a varios de los propuestos. Con Omar Palermo (juez de la Corte mendocina) debemos haber firmado juntos más de 200 sentencias y hemos estado en disidencia en el 80%, porque no tenemos la misma concepción ideológica en algunos temas. Pero también lo conozco y sé de su honestidad y que va a aportar desde su óptica. Tampoco podemos buscar un coro de gente que diga exactamente lo mismo. Conozco a Raúl Ferreira; es kirchnerista, sí; amigo de Zaffaroni, sí; fue su director de tesis; pero es muy buena persona, es decente, no ha estado en nada vinculado con la corrupción y aportará su visión, obviamente, desde donde él mira. Creo que habrá que escuchar lo que diga esta comisión porque no va a ser la que haga la reforma. Seguro habrá disidencias en ella, pero quienes la integran están acostumbrados a trabajar en equipo. Lo que sí criticaría es la poca diversidad en lo constitucional que tiene y tampoco me gusta que el interior esté representado nada más que por jueces miembros de cortes supremas.
-Pero, que se pueda lograr consenso en ese consejo parece algo difícil de acuerdo a su conformación.
-El consenso es imprescindible. Si amplían la Corte, para los nombres de sus nuevos integrantes hacen falta dos tercios en el Senado. Si no hay consenso previo, no la van a poder ampliar, si es eso lo que se busca. El consenso es vital en estos casos; hace once años que no tenemos Defensor del Pueblo, porque no se han logrado los consensos. El Defensor del Pueblo de la Nación está en la Constitución, pero no existe. No han logrado poner al Procurador General de la Nación porque ahí también tienen que conseguir los dos tercios y no lo logran.
-La reforma también apunta a la justicia federal penal. Y hay mucha suspicacia con respecto a la supuesta intención del Gobierno de desarticular las causas que afectan a nombres del kirchnerismo.
-Veo dos cosas. La situación de estos súper poderosos de Comodoro Py, que vienen en caída libre desde la época de la servilleta del ministro Corach, durante la presidencia del doctor Menem. No pudieron resolver ni lo de las coimas de la Banelco. Ellos son los que han llevado a este promedio de 14 años para resolver un caso de corrupción. De paso, también veo que está en el objetivo terminar con otra situación, que es que tenemos jueces penales de la Capital Federal que pagamos todos los argentinos porque se dicen nacionales y en realidad tienen jurisdicción en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, nada más. Estamos pagando la justicia a los porteños. Veo que también hay voluntad de arreglar esto y hacer un número que sea mucho más difícil de manejar en los sorteos. Pero sin duda, que se busque influir lo más posible para ver el mejor resultado en las causas penales que transcurra la Vicepresidente, es altamente probable. Pero en todas esas causas están también los que pagaron. Ahí tenemos probablemente a los empresarios más fuertes del país. Y hay empresarios que necesitan sentencia creíble, porque son personas decentes. Creo que ellos no pretenden un indulto o una sentencia sospechosa. Necesitan una sentencia hecha por un juez creíble que no haga dudar de un sobreseimiento.
-¿Qué piensa de la acusación que hace el kirchnerismo de una persecución política en el gobierno de Macri con complicidad de jueces y medios?
-Lo que ocurre es que el problema de la corrupción en la Argentina, tema que he estudiado mucho y sobre el que escribí un par de trabajos, es que se ha incorporado dentro de la artillería de la disputa política. Entonces, con más pruebas, con menos pruebas, a veces con poquitas pero verosímiles, la política se bombardea recíprocamente con las denuncias de corrupción. Esto al juez le provoca una gran desconfianza. No tenemos antecedentes de los propios acusados por propia tropa, no hay alguien que venga del mismo partido y diga que alguien está robando, eso no lo tenemos. Entonces para los jueces es muy difícil dilucidar estos temas, se mueven con desconfianza. También ha habido un manejo muy laxo del concepto de la asociación ilícita. A la gente se le ha hecho creer que donde hay muchos hay asociación ilícita y no es así. El concepto de asociación ilícita ha sido desvirtuado desde el punto de vista técnico. La asociación ilícita es el típico delito del mafioso que comete muchos delitos, que tiene una organización para cometerlos: lavado, narcotrafico. Ahora, si yo tengo 45 socios para robar en la obra pública, no tengo una asociación ilícita, es solo delito. Por lo tanto, sintetizando, diría que la reforma judicial hay que hacerla, tiene que ser integral, tiene que comprender la primera base de respuesta que es la de la primera instancia y después, a lo mejor, a la Corte, cuando sea más oportuno, cuando podamos sacarla de especulaciones, de las estrategias políticas.
-¿Cuál es su concepto de las reformas en la Justicia local durante el gobierno de Cornejo?
-Creo que hubo muchas iniciativas que surgieron de la Corte, como todo el sistema de gestión asociada de los tribunales tributarios. Hubo muchas cosas que logramos construir con Jorge Nanclares antes de que viniera el gobierno de Alfredo Cornejo. Sin duda, lo que sí ha habido en los últimos cuatros años es un proceso importante de transformación desde la política y el impulso que se le dio al Ministerio Público Fiscal, que es muy grande, obligando a que los jueces tengan que adaptarse a otro ritmo. Seguimos un poco en deuda con la velocidad de decisión en materia de detenciones y de vigilancia más estricta por parte de los jueces de Garantías desde el mismo momento en que un sujeto es privado de la libertad. Nuestra Constitución de Mendoza lo dice muy claro pero no siempre ocurre así”.
-¿Siguió la audiencia por el caso de Teresa Day?
-A mí no me convencen las audiencias públicas para discutir temas de tipo constitucional. De hecho, cuando tuvimos que resolver sobre la ley 7.722 yo me opuse y desempaté 4 a 3. Pero sí creo que la Corte tiene que hacer el plenario. Para mí es muy importante que el plenario quede definido, porque si no, dejamos un antecedente muy fuerte para los abogados y la profesión.
-¿Cree que Day cumple los requisitos para integrar la Corte?
-Yo en su momento ya consideré que la doctora Day no reúne las condiciones constitucionales para ser jueza de la Corte.
